Impugnadas y anuladas: ¿qué está pasando con las sanciones emitidas por Conapesca en México?

Debilidades del Proceso Administrativo Sancionador

Jesús cuenta que llevaba 16 días en el mar y le faltaban otros 15 para terminar el viaje a bordo del barco camaronero donde era capitán. Era mediodía y la embarcación estaba en tránsito cuando fueron interceptados por dos fragatas con personal de la Conapesca y de la Secretaría de Marina (Semar).

En el momento de la inspección, dice, la tripulación estaba quitando el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET) de una red para ponérselo a otra. Pese a esto, las autoridades le ordenaron que se dirigieran al puerto más cercano donde le levantaron el acta de inspección.

A partir del acta levantada por los Oficiales Federales de Pesca, la Unidad de Asuntos Jurídicos inició un PAS que impuso una multa de 220 000 pesos (12 000 dólares). Sin embargo, Jesús la impugnó por supuestas irregularidades.

Según alega su abogado, Antonio Bautista, los inspectores debieron levantar el acta en el sitio de la inspección y, además, no se consideraron los argumentos de Jesús en el acta.

“Nuestra visión no es fomentar la pesca ilegal, sino combatir las irregularidades dentro del procedimiento administrativo”, indica el abogado.

Según Bautista, estas irregularidades ocurren principalmente por la falta de personal para realizar las labores de inspección y vigilancia. En su opinión, eso hace que los oficiales tengan largas jornadas nocturnas o bajo el sol. La prisa y el cansancio influirían en cómo levantan el acta.

“El oficial de pesca tiene que detallar bien los hechos y omisiones durante el acto tal como lo marca la ley, porque de lo contrario se les cae el acta de inspección o el procedimiento administrativo”, dice Bautista.

En México hay 60 embarcaciones, 103 vehículos y 166 oficiales federales de Pesca encargados de asegurar el cumplimiento de las leyes de pesca, combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marinos y acuícolas de 11 122 kilómetros del litoral nacional. Esto equivale a cinco inspectores, dos embarcaciones y tres vehículos por estado.

“Es muy poco personal para cubrir toda la extensión de territorio a través de los recorridos. La mayoría de los casos que procesan son algunos infraganti, pero la mayoría es a través de denuncias”, señala Rodrigo Elizarrarás, director general de Humint Mx, una consultora especializada en el análisis de riesgos sociales, políticos y de seguridad.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señala que si no hay condiciones mínimas, como personal y herramientas, el sistema para sancionar infracciones de pesca falla.

En su experiencia trabajando en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca hasta 2018, Bautista vivió la sobrecarga de trabajo que tiene el personal y que, según dice, afecta la conformación del expediente y su resolución.

Esta situación también la perciben las Cooperativas Pesqueras y Acuícolas. “La Conapesca no tiene capacidad jurídica ni capital humano para hacer las investigaciones, por eso hay un retraso en los procedimientos legales y administrativos, por falta de personal”, señala José Luis Carrillo, el presidente de la Conmecoop.

Actualmente hay 22 personas adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos que están encargadas de atender los asuntos legales de la Conapesca, de las cuales solo ocho se encargan de atender y resolver las infracciones en materia de pesca, de acuerdo con una solicitud de información.

“La Unidad de Asuntos Jurídicos siempre ha carecido de personal. Está el personal de base y se refuerzan con personal eventual, pero cada año no se sabe si va a haber presupuesto para contratarlos. Entonces, en ese lapso, pues se viene la sobrecarga de trabajo: no revisan bien los expedientes, las pruebas, la documentación presentada y sacan un procedimiento administrativo todo mal hecho”, señala Bautista.

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Aunque puede haber casos más sencillos, ocho personas son muy pocas para atender todos los casos, según Rodrigo Elizarrarás, aunque reconoce que hay juzgados que trabajan con menor personal y es una carga promedio en el país. “¿Cuántos casos se están acumulando ahí?”, se pregunta. Seguramente, “hay un importante rezago”, agrega.

“La Conapesca es una institución totalmente rebasada para los más de 11 000 kilómetros de litoral. Un área jurídica sin importancia en términos de recursos es una receta para la mala vigilancia y expedientes frágiles que se pueden impugnar con facilidad”, señala Olivera.

Bermúdez, de la Conapesca, reconoce que, además de la carga laboral, también dependen de otras instancias externas para avanzar en la resolución de los casos.

“[La carga de trabajo] hace que siempre estemos un poquito en desventaja respecto de lo que tenemos pendiente por tramitar y lo que nos sigue llegando día a día. El propósito es tratar de resolver, no desfasarnos y ajustarnos lo más posible a lo que establece para tal efecto la ley. Pero no es nada más la cuestión del procedimiento administrativo como tal, sino que implica otras áreas y eso desafortunadamente nos atrasa”, explica.

El problema es que estos factores pueden contribuir a que los esfuerzos de denuncia, de inspección y de vigilancia terminen anulados en el TFJA.

“Hay muchos pequeños factores que son muy frágiles dentro del proceso administrativo y fácilmente una autoridad judicial lo desestima porque no tiene los elementos y anula el caso. Yo creo que en la mayoría de los casos, con un buen abogado se puede encontrar las fallas en el debido proceso y de ahí echarlo abajo”, señala Elizarrarás.

De acuerdo con Olivera, si el sistema para sancionar infracciones en temas de pesca es débil, no hay ningún tipo de disuasión para quienes hacen pesca ilegal y eso termina afectando principalmente a los recursos pesqueros y a quienes viven de ellos.

“La anulación de casos alimenta la impunidad porque el mensaje que envía es que es fácil evadir las sanciones y elimina la disuasión. Si las sanciones se caen, se debilitan las medidas básicas de manejo y quienes terminan pagando todo el costo son las especies, los recursos pesqueros y la confianza de las comunidades”, señala Olivera.