Pemex y el huachicol: de marinos y soldados a los financieros | Artículo de Alberto Islas

Por Alberto Islas / CEO de Global Leading Solutions LLC

La reciente investigación de Aristegui Noticias titulada “Soldados del Huachicol”, basada en los hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR), ha puesto en evidencia la vulnerabilidad y falta de control tanto financiero como operativo de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Este contexto se agrava con la presentación del informe 6K ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU., fechado el 12 de noviembre, apenas dos días antes de la publicación de la mencionada serie.

El informe, firmado por José Alberto Jiménez Hernández, subdirector de finanzas de PEMEX, reconoce la ineficacia de las acciones emprendidas para combatir el mercado ilícito de combustibles y revela cifras alarmantes sobre tomas ilícitas descubiertas en 2023 y 2024, en su página 7.

El Plan Estratégico PEMEX 2025–2031, presentado en agosto, proyecta ingresos y gastos sin considerar el impacto del robo de combustibles. A lo largo del documento, no se ofrece una estimación concreta sobre la merma que enfrenta la empresa, limitándose a mencionar que el problema se concentra en el centro del país y que se prevén inversiones para optimizar la logística.

Sin embargo, en el informe 6K entregado a la SEC, PEMEX admite que los esfuerzos dirigidos a reducir el robo en los gasoductos en el año 2023 y 2024, no han dado resultados positivos, evidenciando una carencia de control sobre la empresa.

El fraude fiscal relacionado con el huachicol, revelado por el gobierno federal, no se menciona en el informe 6K. Este hecho resulta relevante para los inversionistas, ya que la omisión de información fundamental en un reporte dirigido a la SEC podría acarrear repercusiones legales y regulatorias para PEMEX, incluyendo posibles sanciones y requerimientos de aclaración. La empresa tampoco ha comunicado el impacto de este fraude en sus ingresos ni ha presentado medidas de mitigación para contrarrestar esta fuga económica e impuestos a la federación.

KPMG, junto con el C.P.C. Erick Gerardo Aguilar Hinojosa, son los encargados de auditar a PEMEX. En su último informe, KPMG incluyó un párrafo de énfasis en el que señala la existencia de una incertidumbre material que pone en duda la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Este señalamiento es grave, y además, el auditor desconocía el caso del huachicol fiscal. Hasta la fecha, no existe información oficial por parte de la Administración ni del Consejo sobre el impacto del robo de combustibles en las finanzas de la paraestatal.

El Consejo de administración de PEMEX se encuentra incompleto, ya que falta el nombramiento de un consejero independiente y, por ende, el Comité de Auditoría tampoco está conformado en su totalidad. Esta situación resulta especialmente preocupante en un momento en que se han detectado fraudes de gran magnitud dentro de la industria. La Presidenta del Consejo, Mtra. Luz Elena González Escobar, debería intervenir de manera decidida para solucionar estas deficiencias. A su vez, el plan estratégico que aprobaron, no sabemos si es aplicable aun o no.

PEMEX carece de controles efectivos y sus estados financieros no reflejan la realidad de la empresa. Esta opacidad puede explicar por qué el director de Administración, Juan Carlos Carpio Fragoso, no firmó el informe 6K presentado a la SEC, pese a que era su responsabilidad. Paradójicamente, mientras la izquierda política ha defendido históricamente a PEMEX contra intereses extranjeros, ahora abre la puerta a una posible intervención por parte de las autoridades regulatorias estadounidenses, debido a la presentación de información falsa al mercado.