opinión*
Guardia Nacional: es la militarización (Artículo de Jacobo Dayán)
Caronte por Jacobo Dayán
Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro

Por @dayan_jacobo

El pasado 14 de septiembre parecía que ya le quedaba claro al nuevo gobierno. La agenda para iniciar procesos de pacificación debía estar a cargo de la Secretaría de Gobernación y no en la de Seguridad Pública. Así lo confirmó López Orador en el Segundo diálogo por la paz la verdad y la justicia.

No nada más no quedó claro sino que ahora en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la propuesta es la militarización. Por más que miembros del próximo gabinete y legisladores de Morena han tratado de matizarlo, la propuesta es clara y es la militarización.

El texto de dicho plan contiene diagnósticos y propuestas muy rescatables y esperanzadoras pero el elemento más detallado es la creación de una Guardia Nacional bajo mando militar. La propuesta es la renuncia civil ante el poder militar.

Queda claro que sería imposible retirar de inmediato a las fuerzas armadas. Ese no es el debate. Lo inaceptable, lo irracional está en que el “mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México”. Eso es militarización. “Las tareas permanentes de formación de elementos dependerán del Sistema Educativo Militar”. Esto también es militarización. Por si quedaba duda, la Guardia Nacional se integrará a Sedena y no hay un plan para fortalecer a las policías estatales y municipales.

Militarización y justicia transicional

¿Dónde quedaron las propuestas de campaña y los discursos de los últimos meses en los que el nuevo gobierno reconocía el fracaso del modelo de seguridad y hablaba de un tiempo prudente para la creación de instituciones civiles y el paulatino regreso de militares a sus cuarteles? No quiero ni imaginarme lo que ha sucedido en las últimas semanas al interior del nuevo gabinete.

Por si fuera poco, después de la determinación de la Suprema Corte en relación a la Ley de Seguridad Interior, el camino propuesto es reformar la Constitución a pesar de que Morena había ofrecido no hacerlo en los primeros 3 años. Revertir esta torpeza podrá tomar décadas ya que se requerirá de mayorías calificadas en ambas cámaras.

Si a la militarización sumamos los discursos de López Obrador que desde campaña hablaba de borrón y cuenta nueva y ahora sumamos la postura de Morena que en días recientes se opuso a la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República y que el citado plan habla de que el “gobierno reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que pueda intervenir en el caso de que se presentaran crímenes que pudieran ser considerados de lesa humanidad”, tenemos una combinación más que preocupante. Militarización y malas señales en términos de justicia. Por cierto, México ratificó el Estatuto de Roma en octubre de 2005 por lo que la Corte Penal Internacional tiene competencia con o sin el reconocimiento del nuevo gobierno y no solo sobre los crímenes que estén por ocurrir sino por los crímenes de lesa humanidad que se cometen desde el inicio de esta errada estrategia de seguridad.

Por segunda vez, la agenda es gobernabilidad. El citado plan propone iniciar procesos de justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La justicia transicional apunta en otro sentido que la militarización. Entre otras cosas, la justicia transicional busca el retorno a la normalidad democrática mientras que la militarización desde la constitución es la aceptación de un estado de excepción. Estamos ante una innovación esquizofrénica: juntar militarización y justicia transicional.

Por si siguen las dudas, aquí algunos posicionamientos.

Human Rights Watch: “López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país…Al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”. 

Amnistía Internacional: “El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.

Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos… el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias… Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”, 

CNDH: “La invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo…es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares…siendo necesario para ello una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles”.

Requerimos recuperar al Estado y fortalecer instituciones. La militarización es un error histórico. Por más que insistan, se requiere mucho más que buena voluntad y personas honestas.

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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