Territorios frágiles: la urgencia de invertir para la infraestructura social | Mario Luis Fuentes

México enfrenta, una vez más, la evidencia de su vulnerabilidad estructural frente a los desastres socioambientales. Los huracanes, las lluvias torrenciales y las inundaciones recientes han revelado no solo la magnitud de los efectos del cambio climático, sino también el profundo deterioro de la infraestructura social y de servicios públicos en cientos de municipios del país. Las imágenes de calles convertidas en ríos, de viviendas sumergidas, de comunidades incomunicadas y de servicios colapsados no son sino síntomas de una crisis de planificación, inversión y gestión territorial que se arrastra desde hace décadas.

La infraestructura, que debería contribuir a la protección proteger de la población, se ha vuelto insuficiente, envejecida o simplemente inexistente; los sistemas de drenaje y alcantarillado han colapsado, las plantas de tratamiento están fuera de operación, las redes de agua potable presentan pérdidas superiores al 40% debido a fugas y falta de mantenimiento, y los caminos rurales se deshacen con cada temporal. La realidad muestra, con crudeza, que el modelo de desarrollo urbano y de infraestructura social vigente no responde a los desafíos del presente.

Durante décadas, la inversión pública se ha orientado con una lógica fragmentaria y reactiva: se invierte para reparar los daños, no para prevenirlos; se construye sin visión de largo plazo, y se omite el mantenimiento por falta de recursos o de planeación. La consecuencia ha sido un círculo vicioso: la infraestructura envejece, se deteriora, colapsa ante fenómenos naturales cada vez más intensos, y los gobiernos deben destinar recursos extraordinarios a su reconstrucción. Lo que se requiere hoy no es solo un programa de obras, sino una verdadera estrategia nacional para la reconstrucción y el fortalecimiento de la infraestructura social, entendida como el conjunto de sistemas, redes y equipamientos que permiten garantizar el acceso a derechos básicos: agua, saneamiento, movilidad, educación, salud, vivienda y cultura.

Esa infraestructura es la base material del desarrollo humano y de la cohesión social; sin ella, los derechos se vuelven promesas incumplidas. Repensar la infraestructura social en México exige cambiar la lógica con la que históricamente se ha concebido: se trata de evaluar su pertinencia, su resiliencia y su capacidad para sostener la vida comunitaria frente a contextos de crisis.

La infraestructura debe dejar de ser vista como un mero componente físico del territorio y asumirse como un sistema social complejo que articula instituciones, personas y territorios. En este sentido, el mantenimiento y la gestión son tan importantes como la construcción. Cada peso no invertido en mantenimiento preventivo se multiplica en pérdidas cuando la infraestructura falla. Sin embargo, en la mayoría de los municipios, los presupuestos destinados al mantenimiento de sistemas de drenaje, agua potable o alumbrado público son mínimos o inexistentes, y las capacidades técnicas locales resultan insuficientes para planificar o ejecutar obras con criterios de sustentabilidad.

Una nueva estrategia nacional de infraestructura social debe partir, por tanto, de una visión integral y territorial del desarrollo. Ello implica reconocer la diversidad de los municipios del país y su desigual capacidad para enfrentar los retos del cambio climático y la gestión de riesgos. Los municipios rurales, los de alta marginación y los localizados en zonas costeras o montañosas son los más expuestos y, paradójicamente, los que menos recursos tienen para prevenir o responder ante desastres. Por ello, la nueva estrategia debe articular de manera efectiva a la Federación, los Estados y los Municipios, estableciendo mecanismos claros de concertación, corresponsabilidad y financiamiento. El objetivo debe orientarse a fortalecer las capacidades institucionales locales: planeación técnica, monitoreo de riesgos, gestión presupuestal y participación ciudadana.

Un aspecto clave de esta nueva agenda es la vinculación entre la infraestructura y la competitividad territorial. Esta debe entenderse como la aptitud de un territorio para generar bienestar sostenible, garantizar derechos y promover la equidad. Un territorio competitivo es aquel donde las personas tienen acceso equitativo y efectivo al agua, a la energía, al transporte, a la salud y a la educación; donde la infraestructura reduce vulnerabilidades en lugar de reproducirlas. En ese sentido, la inversión en infraestructura social es una inversión en resiliencia, en cohesión y en paz social.

Para lograrlo, es indispensable transformar los procesos de planeación y presupuestación. Hoy, los planes municipales de desarrollo y los programas de inversión suelen elaborarse con horizontes de corto plazo, condicionados por los ciclos político-administrativos. La planeación estratégica territorial debe ser, por el contrario, de largo alcance, multisectorial y vinculante. Se requiere una coordinación intergubernamental que trascienda la lógica de la dispersión y que integre diagnósticos de riesgo, proyecciones demográficas y evaluaciones ambientales. De igual forma, el presupuesto público debe transitar hacia esquemas plurianuales que garanticen la continuidad de las obras y eviten que cada administración “reinvente” las prioridades.

También se requiere abrir nuevos espacios de concertación social. La infraestructura social debe construirse desde la comunidad y el territorio, escuchando a los pueblos, a las organizaciones sociales y a los actores económicos estratégicos locales. Los procesos de participación ciudadana deben institucionalizarse como parte de los mecanismos de planeación, permitiendo que las poblaciones expresen sus necesidades, evalúen los resultados y contribuyan a la vigilancia del gasto público. Una infraestructura social verdaderamente democrática es aquella que se diseña con la gente y para la gente.

Finalmente, es necesario replantear el paradigma del desarrollo en clave ecológica. Cada nueva inversión debe ser también una inversión en adaptación y mitigación al cambio climático. Las obras de drenaje, por ejemplo, deben considerar el aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias; las de agua potable, las nuevas condiciones de disponibilidad hídrica; las de vivienda, criterios bioclimáticos y materiales sustentables. La infraestructura del futuro no puede ser una réplica o reproducción mecánica de la del pasado: debe ser inteligente, verde, inclusiva y resiliente.

México necesita, con urgencia, una política nacional de infraestructura social para el desarrollo humano sostenible, capaz de articular las dimensiones económica, social y ambiental del bienestar. Una política que asuma que la infraestructura social es el cimiento sobre el cual se ejerce la ciudadanía y se construye igualdad.

Cada drenaje que funciona, cada red de agua que abastece, cada camino que comunica, cada escuela o centro de salud en buenas condiciones son, en realidad, expresiones concretas de los derechos humanos. Revertir el deterioro y construir una nueva generación de infraestructura social es una obligación ética y política con las generaciones presentes y futuras.

Investigador del PUED-UNAM