Nayarit | Trabajadores denuncian desalojo de plantón con policías encapuchados 
Según la Recomendación General 25/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obstaculizar o eliminar grabaciones de actos de autoridad constituye una restricción ilegítima al ejercicio de la libertad de expresión y puede configurarse como abuso de autoridad.
- Redacción AN / KC
Durante la madrugada de este sábado, un grupo de policías, presuntamente adscritos a la Fiscalía General de Nayarit, irrumpió frente al Palacio de Gobierno para desalojar el plantón que mantenían trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM).
Estos mantenían la protesta desde hace más de un mes en demanda del cumplimiento de resoluciones judiciales para el reconocimiento oficial de su organización y sus derechos laborales.
De acuerdo con testimonios de los sindicalizados, los agentes llegaron encapuchados, no identificables, con armas largas y en un operativo que —según denunciaron— se realizó “con prepotencia, intimidación y abuso de poder”.
En un comunicado dirigido a autoridades federales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el sindicato acusó que el gobernador “el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero cumplió su amenaza” al ordenar un despliegue de “más de 150 elementos con el protocolo como que iban a detener a los delincuentes más peligrosos de México”.
Los manifestantes señalaron que durante el operativo fueron despojados de sus teléfonos celulares para impedir que grabaran los hechos y que algunos resultaron agredidos físicamente.
“Se aprovecharon de la situación tan vulnerable de los compañeros que estaban cubriendo su guardia”, añadió el sindicato, que calificó el desalojo como un acto violatorio de los derechos humanos.
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El SUTSEM responsabilizó al fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, y al secretario de Seguridad Pública, Manasés Langarica, de lo que consideraron “un atropello” contra trabajadores que, consideran, ejercían su derecho a la manifestación.
“Hoy somos los trabajadores, mañana puede ser otro sector e inclusive ustedes mismos”, advirtió el comunicado, en el que se llamó a la Comisión de Derechos Humanos a intervenir.
Por su parte, un día antes, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que había iniciado “dos carpetas de investigación por el delito de obstrucción a las vías de comunicación, derivadas de los bloqueos registrados en distintas vialidades de Tepic”.
Según el documento oficial, existen evidencias que permiten “identificar a por lo menos 200 personas involucradas”, quienes serán citadas para comparecer ante un juez de control.
La institución precisó que, en el caso de los servidores públicos participantes, solicitará “la suspensión temporal del cargo y suspensiones económicas”, además de imponer medidas cautelares que prohíban acercarse a las principales vialidades del estado.
El operativo se realizó en medio de una creciente tensión entre el sindicato y el gobierno estatal, luego de semanas de protestas por presuntos incumplimientos judiciales y administrativos.
¿Se puede grabar una intervención policial?
De acuerdo con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información, lo que incluye la posibilidad de grabar actos de autoridad en espacios públicos.
El artículo 1° constitucional establece además que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad y no discriminación.
Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 6, señala que cualquier persona puede documentar presuntas violaciones a derechos humanos y presentar quejas sin restricción.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha reiterado, en el marco del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los Estados deben garantizar que periodistas, manifestantes y ciudadanos puedan registrar el actuar de las fuerzas de seguridad sin represalias ni limitaciones arbitrarias.
Según la Recomendación General 25/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obstaculizar o eliminar grabaciones de actos de autoridad constituye una restricción ilegítima al ejercicio de la libertad de expresión y puede configurarse como abuso de autoridad.
