Enrique Alfaro y las libertades de expresión e información (Artículo) - Aristegui Noticias
Enrique Alfaro y las libertades de expresión e información (Artículo)
"Equiparar un texto periodístico con propaganda, como lo hizo la Comisión, implica afirmar que su propósito no fue informar, sino denostar al candidato y desinformar a la ciudadanía (...) clasificar a una noticia como propaganda vulnera las libertades de expresión y de información", señala la consejera del INE, Pamela San Martín.
(Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro)

Por: Pamela San Martín

Que la información, plural y confiable, circule hacia la ciudadanía es indispensable para elecciones realmente libres y transparentes. Por ello, si bien se ha discutido poco, es necesario levantar la voz ante la decisión que el 30 de junio adoptó la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de Jalisco, que ordenó retirar de este portal de noticias un reportaje sobre Enrique Alfaro.

Los hechos son estos: el sitio Aristegui Noticias publicó un texto de Anabel Hernández revelando documentos oficiales -del Departamento de Justicia estadunidense y de la Secretaría de Marina- que vinculan al entonces candidato a una investigación de crimen organizado. Bajo los argumentos de calumnia y violación a la veda electoral, éste solicitó a la Comisión de Quejas que se suspendiera la difusión del reportaje; medida que el órgano local, en ejercicio de sus atribuciones, ordenó cautelarmente. La periodista y el portal, acatando una decisión que les obligaba, acertaron en impugnarla. Ahora, es el Tribunal Electoral local quien tiene la decisión final. El reportaje, a la fecha, sigue fuera del alcance del público.

¿En qué consiste el problema? En primer lugar, la autoridad equipara un reportaje periodístico con propaganda política o electoral. En materia electoral, es verdad, la calumnia está prohibida, pero sólo en la propaganda de los partidos y candidatos. Asimismo, la veda electoral no permite la propaganda, mas no limita la difusión de información. Equiparar un texto periodístico con propaganda, como lo hizo la Comisión, implica afirmar que su propósito no fue informar, sino denostar al candidato y desinformar a la ciudadanía. Ello, sin ofrecer elemento alguno que soportara una aseveración de tal naturaleza: tan sólo se presumió como cierto. Y aquí vale la pena notar la severidad de esta afirmación: clasificar a una noticia como propaganda vulnera las libertades de expresión y de información.

Analicemos ahora la supuesta calumnia: el órgano dijo que el trabajo periodístico refiere la existencia de delitos, lo cual es cierto. Sin embargo, incorrectamente asume que hablar de delitos que son investigados equivale a imputar falsamente alguno, cuando acorde con los precedentes jurisdiccionales nacionales e internacionales, para que se acredite la calumnia, se requiere que la imputación de un delito sea clara, directa e inequívoca, sin que pueda existir otra interpretación posible. En otras palabras, para que exista calumnia, es necesario afirmar, sabiendo que es falso, que “Enrique Alfaro cometió un delito”, y no simplemente reportar que “están investigando si es responsable de uno”.

En su resolución, la Comisión jalisciense argumentó que, al deshabilitar la noticia, garantizaba “el derecho de los ciudadanos de ser informados verazmente”, pero al formular un concepto de calumnia amplio, la Comisión logró exactamente lo contrario a lo que decía proteger.

El órgano incluso fue más allá: emitió un juicio sobre la calidad de la noticia para apuntalar su apreciación, argumentando que “la imputación de los ilícitos se realizó sin sustento alguno, es decir, sin elementos convictivos suficientes para apoyar el contenido de la nota periodística”. A su juicio, la periodista hizo señalamientos “de forma vaga, pues no se hace la cita textual del contenido de los documentos” a los que tuvo acceso. Esta opinión es un exceso, pues no es de la incumbencia de algún órgano electoral juzgar la calidad del trabajo de un periodista, labor que recae en sus lectores, ni decidir si la nota debía contener citas textuales o no, trabajo de editores y de la reportera misma.

La renovación de los poderes públicos se enriquece del debate intenso, no de la restricción indebida de información, y por esto resultará muy relevante la decisión del tribunal local. De éste dependerán el derecho de la periodista de cumplir con su función, y el derecho de las y los electores de contar con información suficiente, al momento de sufragar y de exigir rendición de cuentas al ahora gobernador electo.

Pamela San Martín

Consejera Electoral del INE

@SnMartinPamela

NOTA DE LA REDACCIÓN

Reporte Índigo publicó la nota El Instituto de la censura, firmada por Luis Herrera, en la que señala que el Instituto Electoral de Jalisco prohibió la difusión de un reportaje periodístico contra Enrique Alfaro el pasado 1 de julio, pese a no estar facultado para ello. De acuerdo con especialistas consultados por ese medio, esta decisión vulneró las libertades de expresión y prensa.

Aquí se puede consultar dicha información:

EL INSTITUTO DE LA CENSURA



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