En la Corte, decisión final de crear Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa - Aristegui Noticias
En la Corte, decisión final de crear Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa
Organizaciones sociales denunciaron que "toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora" que ordenaba la creación de dicha instancia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá establecer en definitiva la viabilidad o no de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa, consideraron organizaciones que han dado seguimiento y apoyo jurídico a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Esto luego de que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez García, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República (PGR)”, respecto a la creación de esa instancia.

Como se recordará, el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial había ordenado la creación de una comisión como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, denunciaron la “acción inédita” del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos para combatir la resolución que ordena dar origen a la Comisión de Investigación.

Esos recursos fueron presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados.

Es decir, “toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, se destaca en el texto.

Dichas organizaciones denunciaron que “lamentablemente”, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito “sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno Federal”.

Pese a todo, subrayan que la decisión del magistrado Sabino Pérez García “no es la última palabra” y que  corresponderá a la SCJN pronunciarse en definitiva sobre la cuestión.

“La SCJN debe tener una aproximación imparcial el caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa”, advirtieron.

A nombre de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, las organizaciones lamentaron profundamente esta decisión, que demuestra que “aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder“.






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