opinión*
Meade y las autodefensas (Artículo)
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
Foto: Juan José Estrada Serafin/ Cuartoscuro

Por @evillanuevamx

José Antonio Meade, el candidato del PRI, se ha pronunciado contra las autodefensas. Ha dicho: “En esta elección hay que hacerse una pregunta con toda seriedad: ¿qué queremos, cuerpos armados irregulares que abusan y están lastimando a la sociedad (o) lo que queremos es una seguridad real que llevemos el respeto a la ley donde hoy no llega? La ley no se negocia y el Estado no se rinde. De esto estamos hablando en esta elección” (https://www.proceso.com.mx/536492/en-ciudad-victoria-meade-rechaza-existencia-de-autodefensas-y-policias-comunitarias).

Podría quedarse en una postura que sería respetable, guste o no. El problema es que las autodefensas son resultado no sólo de la corrupción endémica en las fuerzas del orden que no cumplen sus tareas de protección a la sociedad, sino en la intervención directa del gobierno de Enrique Peña Nieto en su creación y fortalecimiento, lo que genera un contrasentido.

A las pruebas me remito de lo que afirmo.

El 26 de enero del 2014, en Tepalcatepec, Michoacán, se firmó un conspicuo acuerdo estando presentes el “Gobierno de la República, el Estado de Michoacán y las autodefensas”. En el numeral uno del acuerdo de referencia: Las AUTODEFENSAS se institucionalizan al incorporarse a los CUERPOS DE DEFENSA RURALES. Para este fin los líderes de las AUTODEFENSAS presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la conformación de los expedientes respectivos controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El numeral 3 es de antología, el cual a la letra dice: “Las AUTODEFENSAS se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.

El acuerdo de referencia lo firma Alfredo Castillo Cervantes “Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” y demás representantes del gobierno de Michoacán en la persona del propio gobernador en ese entonces Fausto Vallejo Figueroa asistido por el Procurador de Justicia del Estado de Michoacán así como representantes de las autodefensas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación y extrañamente María Elena Morera, quien firmó un documento “en calidad de testigo de la sociedad civil” que es un monumento a la ilegalidad y, por ello, a la corrupción y paradójicamente se presenta como adalid de la anticorrupción De entrada, de acuerdo al sistema jurídico mexicano no existe la figura de “testigo de la sociedad civil”? ¿En qué ley está previsto que alguien tenga la representación legal al margen de quienes han ganado diversas cargos públicos previstos en la Constitución y sometidos a la urnas? De acuerdo a la ley los únicos representantes de la sociedad civil son quienes han sido votados para distintos cargos precisamente por los electores de la sociedad civil ¿Su equipo jurídico no la asesoró antes de firmar en la calidad que sea un documento con semejante contenido?

El distinguido litigante michoacano Ignacio Mendoza, abogado patrono del Dr. José Manuel Mireles llevó a cabo una minuciosa defensa donde pudo probar dos cosas fundamentales: la existencia del acuerdo referido y la entrega de armas de fuego para uso exclusivo del ejército al margen de las leyes aplicables, a pesar de que el entonces comisionado Castillo Cervantes al ser interrogado por el juez de la cusa federal “olvidó” prácticamente todo lo que había firmado y la presencia de representantes de la secretaría de la Defensa Nacional y del Secretario de Gobernación al que está subordinado la Comisión Nacional de Seguridad Pública en ese evento. Para ello la defensa solicitó peritajes sobre las firmas estampadas en el acuerdo multicitado, lo que resultó positivo y eso fue un instrumento jurídico importante que saliera de prisión el Dr. Mireles, quien junto con otros ciudadanos más, dejaron de ser útiles al gobierno de Enrique Peña Nieto a los cuales se les buscó aplicar la ley como si no hubiera existido ese Acuerdo que por sí mismo viola la normatividad y que abarca tanto al “comisionado” Alfredo Castillo, generales de la Secretaría de la Defensa Nacional y mandos superiores de la Secretaría de Gobernación. El propio juez de distrito fue “exhortado” a dejar el caso y lo envió al Magistrado Unitario del Décimo Primer Circuito con residencia, en Morelia, Michoacán.

¿Por qué José Antonio Meade no ha presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República para investigar y, en su caso, promover acción penal del Procurador de Justicia de Michoacán, de Alfredo Castillo, de los generales que intervinieron de la SEDENA incluyendo los de XXI Zona Militar con sede en Morelia y los mandos superiores de la Secretaría de Gobernación? Esa denuncia tocaría, sin duda, al presidente Enrique Peña Nieto, quien creó por decreto la figura del “comisionado”, al general Salvador Cienfuegos habida cuenta que generales de la SEDENA no van motu propio a firmar un acuerdo ilegal y al malogrado Miguel Ángel Osorio Chong entonces titular de la Secretaría de Gobernación.

No lo hace porque su narrativa discursiva está llena de conceptos maniqueos que han hecho de un candidato, que actuaba como juicioso y preparado, una máscara. Hoy se la ha quitado y se revela como es: una caricatura de político, con un talante autoritario, afecto a la ilegalidad y promotor de asestar un golpe al Estado de derecho que debemos, por supuesto, reformar sustancialmente pero por las vías que la propia Constitución establece.

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Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva hizo un postdoctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Tiene un master en salud mental por la Universitat de Valencia y otro en Neurociencias con énfasis en psiquiatría por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Investigador titular C por oposición definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Su obra más reciente es "El derecho de armarse. Lo que todo mexicano debe saber sobre posesión y portación legales de armas de fuego en México”. Ediciones Proceso, 2017.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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