Funcionarios que desobedezcan suspensiones a obras de aeropuertos podrían ser encarcelados: Cossío
Hasta nueve años de prisión podrían recibir los funcionarios que desobedezcan las suspensiones judiciales relacionadas con las obras de los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco, advirtió el ministro en retiro, José Ramón Cossío.

Si un funcionario público desobedece alguna de las suspensiones judiciales que prohíben el avance de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, o la destrucción de las obras del aeropuerto de Texcoco, podrían enfrentar condenas de hasta nueve años de prisión, advirtió el ministro en retiro, José Ramón Cossío.

Durante su entrevista en Aristegui en Vivo, Cossío expuso que aunque varias suspensiones son provisionales, y pueden ser confirmadas o revisadas, la Constitución prohíbe su desacato, mientras que la Ley de Amparo que establece las penalizaciones a las que puede hacerse acreedor un servidor público, que van desde la destitución del cargo e inhabilitación, hasta sanciones económicas, e, incluso, penas de prisión de tres a nueve años.

“Me parece muy peligroso el discurso que ha adoptado el Presidente y algunos secretarios de Estado cuando dicen que les da igual, que la obra va a seguir”.

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Aunque el Presidente no estuviera involucrado en el desacato a una orden judicial, si podría fincarse responsabilidad sobre secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, encargados, explicó el Ministro en retiro.

Para José Ramón Cossío, la desobediencia de las suspensiones “no es un asunto trivial”, pues los funcionarios que insistan en seguir la obra “podrían generar una crisis constitucional de gran importancia”.

Suspensiones no son prohibiciones

Hasta el momento son siete las suspensiones otorgadas de un total de 147 juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto en Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios.

El ministro Cossío explicó que los jueces que han concedido las suspensiones no están prohibiendo el avance de obra aeroportuaria, sino que están exigiendo que se detengan mientras las autoridades proporcionan información pertinente y puntual sobre la obra como manifestaciones de impacto ambiental.

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“Si nos fijamos, se ha haciendo una red muy compleja de actos, de impugnaciones y de suspensiones. No es una, ni es por la parte estrictamente ecológica, esto se va diversificando, y mi impresión es que se van a seguir otorgando más”.

Cossío catalogó la estrategia de los litigios como correcta, pues “se están utilizando los medios legítimos del Estado para hacer algo que a ciertos sectores de la ciudadanía no le parecen”, algo que otros colectivos han hecho de forma exitosa en los últimos años.








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