'Se nos vino encima el sistema', forense del caso Ernestina Ascencio denuncia persecución, amenazas y despido

Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado mexicano por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario por parte de militares en 2007, Pablo Mendizábal, médico forense que intervino en el caso, afirmó que el fallo confirma lo que él y otros peritos sostuvieron desde el inicio y expuso las consecuencias laborales y personales que enfrentó por mantener su dictamen.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Mendizábal relató que, al concluir la necropsia, el equipo forense reportó indicios de agresión sexual. “Desde el momento en que terminamos el estudio de necrocirugía en la señora Ernestina Ascencio, reportamos que había muchas evidencias, pruebas de que ella había sido violentada sexualmente”, señaló.

A partir de ese dictamen, aseguró, comenzaron una serie de presiones institucionales: “Se nos vino encima el sistema en aquel entonces […] fuimos presionados, amenazados y tuvimos la suerte y la fortaleza de sostenernos en el dictamen”, aseguró al narrar las presiones que sufrió por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El médico forense sostuvo que, tras 17 años, la resolución internacional confirma su actuación profesional. “Después de 17 años vemos que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no ha sido en vano”, dijo, al tiempo que expresó su expectativa de que se cumpla íntegramente la sentencia del tribunal, incluida la atención a los hijos de la víctima y el reconocimiento a quienes participaron en el caso.

Presiones y amenazas

“Fuimos perseguidos por el gobierno en aquel entonces del PAN, después del PRI y ahora este, nos tocó parte del gobierno de Morena, que más bien no nos han hecho caso”, señaló.

Mendizábal describió un patrón de persecución que, afirmó, se extendió a lo largo de distintos gobiernos, desde el federal de Felipe Calderón hasta el estatal, en el sexenio de Javier Duarte, actualmente preso.

“Yo iba a ir a la cárcel por haber determinado cosas que no eran, imagínense, y amenazas contra mi familia anónimas, amenazas contra mí, contra mi esposa, y pues nadie nos abrió la puerta para dar el trabajo”, señaló.

Indicó que fue suspendido de la Procuraduría y posteriormente despedido, sin liquidación, y que no obtuvo respuesta a sus solicitudes de reinstalación. “Nada, ni un centavo me dieron”, dijo.

Actualmente, dijo, trabaja en la sierra de Zongolica, en la comunidad de Soledad Atzompa. Sin embargo, precisó que su petición de restitución laboral ha sido constante: “Sí, es lo que yo pedí siempre desde un principio mi reinstalación”.

Detalló que tiene 66 años y que, a pesar de su edad y de estar enfermo, continúa trabajando. “Yo debería ya de haber estado pues pensionado”, añadió.

Reiteró que su exigencia se limita a la restitución de derechos laborales o, en su caso, a una liquidación y pensión conforme a la ley, por lo que desea la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Pruebas que “echaron abajo”

En cuanto a su función en el caso, Mendizábal recordó que se desempeñaba como perito médico forense del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, y que realizó la primera necropsia: “Lo que yo dije es lo que está saliendo ahorita a la luz. La señora fue agredida sexualmente”.

Posteriormente participó en una exhumación y en diversas pruebas periciales. Indicó que se levantaron muestras y se practicaron análisis químicos.

“Se hallaron cromosomas ahí de por lo menos tres personas, en el semen de la gente que recogimos, porque recogimos semen, encontramos la p-30 (o PSA), que es característica en los hombres”, afirmó, y sostuvo que esos resultados fueron desestimados. “Todo eso lo echaron abajo, siempre pusieron pretextos”.

Mendizábal recordó que, tras un periodo en el que no fue afectado directamente por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, fue despedido durante el gobierno de Javier Duarte. “Hasta la fecha nunca me regresaron a mí mi trabajo”, agregó.

Sobre Herrera Beltrán, fallecido en mayo de este año, Mendizábal relató que el exgobernador llegó a reconocer frente a él que no le convenía “tener en contra” al entonces presidente Felipe Calderón.

A su juicio, existieron cambios de postura en autoridades estatales derivadas de presiones federales durante el desarrollo del caso, lo que, afirmó, derivó en la desestimación de pruebas y en acciones en su contra.

En el contexto de la sentencia de la Corte IDH, el médico forense hizo un llamado a las autoridades actuales para que intervengan en su caso. “Yo no pido nada que no sea que me hayan quitado mi trabajo, y mi tranquilidad”, expresó.

Precisó que, de no ser reinstalado, solicita una liquidación por 20 años de servicio y el acceso a la pensión correspondiente, al señalar que no recibió compensación alguna al ser separado del cargo.

Mendizábal reiteró que, a partir del fallo internacional, tiene la expectativa de que se haga justicia tanto para la familia de Ernestina Ascencio Rosario como para quienes participaron en la investigación pericial.