Alertan por ambigüedad y riesgos del nuevo artículo 30-B: SocialTIC

El director de SocialTIC, Juan Manuel Casanueva, advirtió que la reforma al Código Fiscal de la Federación que incorpora el artículo 30-B genera preocupación por la falta de claridad sobre la información que el SAT podrá exigir a las plataformas digitales.

Además del acceso permanente a sus bases de datos y el riesgo de bloqueos que podrían derivar en censura.

En entrevista para ‘Aristegui en Vivo’, explicó que la nueva disposición obliga a las plataformas que operan en México a permitir al SAT el acceso “permanente, en línea y en tiempo real” a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

En caso de incumplimiento, contempla el bloqueo temporal del servicio digital.

Casanueva señaló que la redacción del artículo es ambigua y genera incertidumbre sobre los datos que podrán solicitarse.

Sigue siendo muy poco claro a qué se refiere con estas informaciones o estos datos para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Advirtió que esta falta de claridad podría permitir que la autoridad pida información personal sensible.

“Sigue siendo poco claro hasta qué detalle es que la autoridad estaría obligando a las plataformas a dar información relacionada con la identidad de las personas, desde el RFC, si es que lo tuvieran, o los números telefónicos o los correos electrónicos o las direcciones, o inclusive algo más técnico que pueden ser las direcciones IP.”

El especialista también mostró preocupación por el tipo de datos vinculados con las actividades de los usuarios en las aplicaciones.

Te puede interesar > Reforma fiscal permitiría censura digital y afectar privacidad: Artículo 19

Mencionó que podrían incluirse “trayectos, qué estamos comprando, qué tipo de consumo tenemos, cuándo lo tenemos”, lo que calificó como “bastante preocupante por la falta de detalle que tiene”.

Sobre el acceso continuo del SAT, Casanueva explicó que podría implicar riesgos técnicos y de ciberseguridad.

Eso quiere decir que deberían tener una puerta trasera o un acceso de esta información a las diferentes autoridades.

Agregó que el acceso en tiempo real a la información de los usuarios “sí levanta un foco rojo que se presta a otro tipo de usos y también se presta a otro tipo de riesgos”.

Respecto al bloqueo temporal de las plataformas, Casanueva advirtió que esta sanción podría tener consecuencias graves para los derechos digitales.

Son medidas que muchas veces pueden generar censura en diferentes ámbitos.

Recordó que algunas plataformas cumplen funciones tanto comerciales como sociales, por lo que su bloqueo podría afectar la libertad de expresión y de asociación.

“Hay espacios públicos, hay derechos para la libertad de expresión y asociación que se podrían estar vulnerando si es que hay algún tipo de bloqueo”, sostuvo.

Finalmente, consideró que permitir a la autoridad bloquear servicios sin mecanismos previos de revisión abre la puerta a abusos.

“Da pie a que los gobiernos puedan seguir justamente bloqueando, censurando y afectando servicios que utilizamos millones de personas en diferentes partes de este país.”

Las nuevas obligaciones para las plataformas digitales entrarán en vigor el 1 de abril de 2026.