La prohibición… ¿hasta dónde? | Texto por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

Toda prohibición jurídico-social encierra una promesa y una renuncia. Promete, en primer lugar, detener un daño, pero suele renunciar a comprender del todo el mundo en el que ese daño se produce. Es el caso al que nos estamos enfrentando respecto del uso de dispositivos e inteligentes y el acceso a redes socio-digitales de niñas, niños y adolescentes

En efecto, frente a la relación de niñas, niños y adolescentes con las redes sociales y las plataformas digitales, la pregunta no puede limitarse a qué contenido impedir o qué dispositivo retirar. También debe preguntarse: ¿quién acompaña?, ¿quién educa? y, ¿en qué espacios se aprende a habitar una vida que ya es, simultáneamente, física y digital?

El 14 de octubre de 2026, el Gobierno de México publicó el decreto que establece el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. La medida articula autoridades, políticas de prevención y mecanismos de denuncia frente a la violencia, el acoso, la explotación y los contenidos perjudiciales. Su principio rector es correcto: el interés superior de la niñez debe prevalecer también detrás de una pantalla.

En la misma dirección se ubica el Acuerdo 12/09/26 de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 22 de septiembre y aplicable a partir del 3 de noviembre de 2026. Sus lineamientos restringen los dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, salvo fines pedagógicos, necesidades justificadas o emergencias, y prevén reglas de resguardo con participación de las familias. La intención declarada es recuperar condiciones de atención, convivencia y aprendizaje.

Ambas medidas avanzan en el sentido correcto. Durante demasiado tiempo se aceptó como inevitable que la arquitectura de las plataformas -diseñada para capturar atención, extraer datos y prolongar la permanencia- entrara a la infancia sin contrapesos suficientes. La libertad empresarial no puede significar jamás libertad para exponer a personas menores de edad a estímulos violentos, mecanismos adictivos, publicidad encubierta o circuitos de hostigamiento. Poner límites públicos allí donde el mercado no se autorregula es una obligación democrática.

Sin embargo, proteger no equivale únicamente a prohibir. La vida digital no está separada de la vida real; es una de sus formas contemporáneas. Allí millones de niñas, niños y adolescentes conversan, juegan, ensayan identidades y construyen vínculos. Pueden cuestionarse esas relaciones, pero difícilmente imaginar que van a poder revertirse. La pantalla no es sólo una puerta para el peligro: también es plaza, biblioteca, taller y, a veces, incluso refugio ante la soledad, el abandono, la tristeza. Cerrar la puerta puede dejar intactas las razones por las que se la cruza.

Por eso, el decreto y el acuerdo escolar deberían ser el comienzo de una estrategia integral de cuidado y garantía de derechos. El problema no se resuelve trasladando la responsabilidad a las familias, como si cada hogar pudiera vigilar algoritmos opacos, ni descargándola sobre docentes con recursos limitados. Tampoco basta con pedir prudencia a quienes aún desarrollan su capacidad de juicio. La responsabilidad debe distribuirse: empresas, Estado, escuelas, familias y comunidades tienen deberes distintos, pero concurrentes.

A las compañías propietarias de plataformas corresponde diseñar entornos seguros por defecto, no sólo ofrecer controles difíciles de encontrar. Deben eliminar la recomendación de contenidos violentos, verificar edades respetando la privacidad, responder a denuncias y transparentar de la manera más abierta posible los riesgos de sus sistemas. La protección infantil no puede depender de procedimientos que incluso los adultos encuentran confusos. Si el riesgo está incorporado al diseño, la respuesta también debe estarlo.

Al Estado le toca regular, supervisar y sancionar; pero también educar. Necesitamos una educación socio-digital sobre el consentimiento, la intimidad, la pérdida de control sobre una imagen, la respuesta ante el acoso y la manera de pedir ayuda sin miedo. El autocuidado en internet debe formularse como una ética de la atención hacia uno mismo y hacia los demás.

No puede dejar de señalarse, además, la dimensión de la salud mental. La soledad, la ansiedad, la depresión y otros padecimientos no nacen únicamente de las pantallas, aunque ciertos entornos digitales puedan agravarlos. La prohibición puede ser parte de la respuesta, pero será insuficiente si no se reconocen y atienden las condiciones sociales que llevan a niñas, niños y adolescentes a buscar refugio en ellas. Eso exige prever recursos presupuestales: más trabajo social y atención psicológica en escuelas y comunidades, así como parques y espacios públicos dignos, luminarias, actividades culturales y deportivas, y condiciones de seguridad que permitan convivir fuera de la pantalla. Cuidar la vida digital requiere también reconstruir las posibilidades de la vida común.

Esa educación exige, además, renovar la enseñanza del pensamiento crítico. Leer críticamente no consiste sólo en distinguir un argumento sólido de uno débil. Implica, e esta materia, comprender que el orden de aparición de los contenidos digitales no es neutral; advertir que la indignación produce interacción; identificar noticias falsas, imágenes manipuladas y discursos de odio; reconocer cuándo una recomendación responde a nuestros intereses y cuándo intenta moldearlos. En la era algorítmica, alfabetizar es hacer visible la mano que organiza lo visible.

También sería un error educar únicamente para la defensa. Los recursos digitales permiten investigar, programar, aprender idiomas, colaborar, producir en prácticamente todas las ramas del saber y la estética, y participar en asuntos públicos. La respuesta inteligente al abuso de la tecnología no es formar usuarios temerosos, sino ciudadanos capaces de usarla con propósito. La escuela debe enseñar cuándo conviene apagar un dispositivo, pero también cuándo y cómo encenderlo para conocer, crear y cooperar. La autonomía no nace de la ausencia de límites, sino de comprender su sentido y aprender gradualmente a gobernarse.

La prohibición, entonces, es necesaria en ciertos tiempos y lugares: durante una clase que requiere presencia, frente a contenidos incompatibles con la edad o ante diseños que explotan vulnerabilidades. Pero la pregunta más relevante sigue siendo con quién y dónde. ¿Con qué adultos de confianza se conversa lo ocurrido en línea? ¿En qué escuela se aprende a pensar el algoritmo? ¿En qué institución se denuncia y se obtiene una respuesta? ¿En qué comunidad se reconstruye un vínculo dañado? Sin esas respuestas, el límite puede convertirse en silencio.

México ha dado un paso importante. El otro desafío es evitar que la política pública termine donde comienza la prohibición. Proteger implica limitar el poder de las plataformas y su afán de lucro infinito, sí, pero sobre todo ampliar y potenciar las capacidades de quienes las usan. Se trata de construir entornos digitales más seguros y, al mismo tiempo, personas más libres, críticas y cuidadosas. Porque educar para el mundo digital consiste en última instancia, en acompañar a las infancias y las juventudes para que puedan habitarlo sin quedar a merced de quienes diseñan la oferta de contenidos.

Investigador del PUED-UNAM