Nadie había hablado de miedo | Artículo de Roberto Lara Chagoyán

Por Roberto Lara Chagoyán* / Observatorio de la Justicia**

Dudé antes de escribir esto, y conviene que empiece por ahí, porque de eso trata lo que sigue. Me dije que sobre las listas de Luisa María Alcalde ha corrido ya mucha tinta y casi toda buena, que mi voz sobraba, que para qué. Sólo después caí en la cuenta de que ninguna de esas razones era la razón. Me decidió el recuerdo de un poema que es, él también, una lista: el que se atribuye a Martin Niemöller, que no dijo nada mientras venían por los otros y descubrió, cuando por fin vinieron por él, que ya no quedaba nadie que hablara por él. Es un poema sobre las listas y es, sobre todo, un poema sobre el miedo, el de un hombre que tardó en reconocerlo y que mientras tanto le fue poniendo nombres más presentables. Escribo, pues, sabiendo que estas líneas se evaporarán como un escupitajo en la tierra seca. Son mi voz y van con los de la lista.

La escena dura unos segundos y conviene describirla sin adjetivos, porque los adjetivos, en este caso, sobran. El miércoles 12 de agosto, en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia proyectó una lámina de fondo negro con nombres propios: periodistas, medios de comunicación, políticos, cuentas de redes sociales, todo ordenado por capas, con su número de publicaciones y su periodo de medición, del primero de enero al ocho de agosto. El espacio en el que ocurrió se llama “Derecho de Réplica”. Nadie replicaba nada. El derecho de réplica es una figura concebida para que quien no tiene micrófono pueda defenderse de quien lo tiene, de modo que verlo invocado por el poder que dispone del micrófono más ruidoso del país es, ya de entrada, una operación curiosa: la forma de un derecho de defensa puesta al servicio de quien no necesita defenderse de nadie.

Pero antes que por la forma, empecemos por el género, porque una lista es la manera más inocente que puede adoptar un texto. No afirma, no argumenta, no acusa: enumera. Parece un inventario, y un inventario no tiene opiniones. Borges, que sabía de estas cosas, se inventó alguna vez una enciclopedia china cuyas categorías repartían a los animales según pertenecieran al Emperador, según estuvieran amaestrados o embalsamados, o según se parecieran de lejos a una mosca; a Foucault le dio un ataque de risa que acabó convertido en un libro entero. La broma de Borges consiste en que la enumeración no dice nada de los animales y lo dice todo del que enumera. Es la ley del género: toda lista esconde un criterio, y el criterio es la lista. Quien clasifica se retrata. De ahí que la pregunta interesante no sea quién aparece en la lámina de fondo negro, sino qué tuvo que pensar alguien para que esa lámina existiera.

La reacción fue tan unánime que ni siquiera los partidarios del régimen salieron a argumentar a favor; salieron, eso sí, a negar. La consejera aclaró al día siguiente que no había listas negras, sino un análisis de un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”, y la presidenta remató desde la mañanera con una pregunta retórica: ¿a quién, exactamente, se le está censurando? Las dos tienen razón y ninguna de las dos contesta. Nadie ha sostenido que haya censura, al menos en el único sentido técnico que la palabra tiene en el artículo 7º de la Constitución y en el 13.2 de la Convención Americana, que es el de censura previa, el de la autorización pedida antes de publicar. Responder que no existe censura previa cuando lo que se ha señalado es otra cosa equivale a contestar una pregunta que nadie formuló, y esa es una manera antiquísima de no responder.

Antes de discutir si eso que se mostró fue una lista, un análisis o un ecosistema, conviene hacerse una pregunta más simple: por qué. El gobierno sostiene dos cosas a la vez. La primera es que goza de un respaldo popular sin precedentes, medido en encuestas que se exhiben con frecuencia y en una elección ganada por una mayoría abrumadora. La segunda es que existe una maquinaria de amplificación artificial dedicada a difundir mentiras en su contra. Las dos pueden ser verdaderas, desde luego, pero juntas producen un problema. Si el apoyo es tan sólido, la crítica es minoritaria y, por definición, inofensiva: unos cuantos comentaristas hablándole a un público que ya no los escucha. Y si además los mensajes son infamantes y están mal intencionados, entonces el pueblo sabio, ese al que se invoca cada mañana como fuente última de legitimidad, sabrá reconocer la mentira y no les hará ningún caso. En cualquiera de los dos escenarios la lámina de fondo negro sobra. Sólo hay un caso en que no sobra: aquel en que alguna de las dos premisas es falsa, o bien porque la crítica no es minoritaria, o bien porque no se confía tanto como se dice en el discernimiento del pueblo. No hay una tercera salida. Y como el gobierno no puede admitir ninguna de las dos sin desmentirse, prefiere el eufemismo.

Queda entonces la otra pregunta: ¿qué daño hace una lista que no prohíbe nada? Aquí es donde la respuesta oficial resulta más cómoda y más falsa, porque descansa en tratar al Estado como si fuera un participante más en la conversación pública, uno que opina y al que también le asiste el derecho de opinar. No lo es. Cuando un particular dice de un periodista que miente, aporta una opinión que compite con otras en un mercado más o menos abierto. Cuando lo dice el poder desde Palacio Nacional, con la resonancia máxima que le dan el aparato del Estado y un presupuesto que pagamos todos, no está compitiendo: está repartiendo estatus. Su palabra no describe el mundo, lo organiza.

Por eso la libertad de expresión nunca se ha agotado en la prohibición de prohibir. El artículo 13.3 de la Convención Americana no habla de censura, habla de medios indirectos, de todo aquello que obstruye la comunicación de las ideas sin necesidad de impedirla, y la Corte Interamericana ha sostenido que los funcionarios públicos tienen un deber de especial cuidado en sus declaraciones precisamente porque desde el poder se puede crear un clima de hostilidad contra la prensa sin haber firmado jamás una orden de clausura. Nadie prohibió nada. Simplemente se dijo, desde el lugar donde la voz suena más fuerte, quiénes son los que hablan mal.

Hasta aquí el asunto podría discutirse como se discuten en una facultad los límites del discurso oficial, con citas y contracitas, y no pasaría nada. El problema es dónde ocurre. México lleva años encabezando las listas de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, tiene decenas de comunicadores asesinados con sus expedientes archivados, un mecanismo de protección insuficiente y crónicamente subfinanciado, una crisis de desaparecidos que ya no cabe en los discursos y regiones enteras donde la autoridad efectiva no es la que aparece en el organigrama. En ese país, señalar públicamente a un periodista desde el poder no es un ejercicio académico, aunque venga presentado con capas, cuentas semilla y periodos de medición.

Cualquiera que haya trabajado en una redacción de provincia sabe la diferencia entre ser criticado y ser señalado, y sabe también que el que lee la lámina de fondo negro no siempre es un ciudadano ilustrado en busca de contexto. Que la intención no fuera esa es probable; que sea irrelevante es seguro, porque las consecuencias de los actos del poder no dependen de la buena voluntad de quien los ejecuta. Cuando la consejera jurídica le dijo a López-Dóriga aquella frase tranquilizadora: “no hay que tener miedo”, incurrió sin quererlo en la única confesión de la semana: nadie había hablado de miedo hasta ese momento. El miedo lo introdujo ella, en el acto mismo de negarlo, como quien asegura que el arma no está cargada antes de que a nadie se le ocurriera preguntar si había un arma.

Queda una última cosa, y es la más incómoda para el gobierno, porque no la dijo la oposición ni la escribió un “comentócrata”. La dijo la presidenta. El 23 de octubre de 2021, cuando era jefa de Gobierno y se sintió aludida por un señalamiento parecido, Sheinbaum preguntó quién hace listas y respondió ella misma: el macartismo, el nazismo. Aquella ironía no la habría sabido construir ningún adversario. La lista, en efecto, retrató a alguien, sólo que no a los enumerados.

Y hay algo más, que es lo que de verdad me hizo escribir. Una lista así está mal por lo que le hace a todos, empezando por los que aparecen en ella, y sería ingenuo suponer que a ellos el señalamiento les resbala porque tienen nombre y micrófono: este país lleva años enterrando periodistas conocidos, y quien crea que un abogado y un amparo bastan para conjurar el riesgo no ha visto de cerca el estado de nuestras instituciones.

Pero hay alguien a quien le hace todavía más daño, y es el que no está en la lámina. El reportero de un diario pequeño de Guerrero o de Michoacán que todavía no le importa a nadie, el que empieza y calcula, antes de publicar, cuánto podría costarle aparecer algún día en una lista como ésa. A los enlistados se les señala; a los demás se les enseña. Ese cálculo es el miedo, y su eficacia depende justamente de que nadie lo nombre. Al final todo se reduce a una cuestión de nombres. El poder llamó ecosistema a una lista, análisis a un señalamiento y derecho de réplica a un monólogo, y llamó tranquilidad a lo que había empezado a producir. Niemöller tardó años en ponerle a su silencio el nombre que le correspondía. Ojalá aquí no nos tardemos tanto.

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* Roberto Lara Chagoyán forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones.Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 2) y profesor-investigador en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Correo: @rolarch

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