opinión*
La 4ª T, por una democracia pluricultural | Artículo
por Julio Moguel
Foto: INPI

Julio Moguel

I

El pasado 24 de mayo, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas presentaron el “Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para el Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”. Consulta no menor, pues se desarrollará en 51 eventos que, organizados en todo el territorio nacional a lo largo de un mes y días, convoca al conjunto de los núcleos que, por agrupamientos lingüísticos específicos, discutirán “en tiempo y forma” lo necesario para llevar a cabo los cambios constitucionales en cuestión.
Los temas a consulta prometen lo necesario, pues recogen en la lista confeccionada 16 ítems que ya marcan la pauta de “lo posible” y “lo necesario”, si en el cumplimiento del objetivo se aplica la palabra empeñada por el nuevo gobierno de recoger lo que quedó enmarcado en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (acuerdos signado el febrero de 1996 entre el gobierno federal y el EZLN-Movimiento indígena nacional).

Pero es una muy buena noticia saber que quienes han ordenado los ítems de la consulta van “más allá” de los ya un poco añejos Acuerdos de San Andrés, incorporando elementos que, presentes en distintas normas y marcos jurídicos nacionales e internacionales, permitirán generar una opción de transformación profunda en el marco de la 4ª Transformación: poner con sello y letra la impronta de un real pluralismo jurídico en la Nación, abriendo camino a lo que pudiera conformarse en definitiva como una democracia pluricultural, con base comunalista (ojo: no comunista; comunalista), línea reconstructiva que perfila opciones transformativas que van más allá del desarrollismo y de las ideas de la ciudadanización y de la democracia representativa, así como de un neo-iluminismo y de un neo-progresismo de esencia neoliberal.

II

Conviene, por lo dicho, mostrar cuáles son los puntos señalados en el protocolo de la consulta que a partir del pasado 15 de junio se empezó a desarrollar: 1. Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; 2. Libre determinación y autonomía; 3. El municipio indígena así como la asociación de las comunidades y municipios indígenas en el ámbito regional; 4. Derechos de las mujeres indígenas; 5. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas; 6. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales; 7. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; 8. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; 9. Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales; 10. Consulta libre, previa e informada; 11. Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva; 12. Educación comunitaria, indígena e intercultural; 13. Salud y medicina tradicional; 14. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural; 15. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria; y, 16. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y fronterizos.

Lo dicho: los 16 puntos prácticamente definen un esquema programático de compromiso y de transformación, en un nivel que, repetimos, va más allá de lo que se logró con los Acuerdos de San Andrés.

Pero ¿no contenían los referidos Acuerdos la materia suficiente para dar el salto pleno a una plena transformación constitucional? No, en definitiva, pues, debemos recordar aquí que en San Andrés sólo se cubrieron las negociaciones de la Mesa 1 del periplo, concentrada en “Derechos y cultura indígena”. Todo lo referente a la temática del “desarrollo” quedó pendiente a ser discutido y negociado en la Mesa 2 (y en las subsecuentes, pues se programaron 4 Mesas en total). Pero el gobierno aquí mandó parar, haciendo abortar todo el proceso de diálogo y de negociación con el EZLN y sus asesores, incluyendo para ello factores de provocación y fuerza que llegó al punto de una (fallida) intervención militar.

III

En la reforma que se perfila será fácil, por ejemplo (tomando las líneas marcadas en San Andrés, o en el Convenio 169 de la OIT), identificar –y modificar– aquellos aspectos que permitan definir a los pueblos y comunidades indígenas de México como sujetos colectivos de derecho público (con personalidad jurídica y patrimonio propio); precisar que el tema de derechos indígenas no se agota en lo agrario, sino que se imbrica íntimamente en la posesión, propiedad y apropiación –y manejo– de sus territorios; eliminar la línea del 2º constitucional en el que se establece el insultante “lugar preferente” que se da al “uso y disfrute de sus recursos naturales” por parte de tales sujetos de derecho; dejar bien establecido el derecho indígena a una consulta “previa, libre e informada”, y hacer a un lado la determinación de que sean los Congresos estatales los que definan el margen y alcances del “derecho de los pueblos a la libre determinación”.

Pero la dificultad mayor en el proceso –de debate, de consulta y de definición de reforma constitucional– se dará en los temas “del desarrollo” y de las políticas públicas implicadas, abordadas en lo fundamental en el apartado B del artículo 2º constitucional (y en otros artículos, como el 115, el 25 y/o el 27).

¿Como enmarcar o modificar, por ejemplo, el chato concepto de “desarrollo” –y de políticas públicas– que se ubica en el mencionado Apartado B del artículo 2º de nuestra Carta Magna? Lo más a lo que se llega es a definirlo como un “desarrollo integral”. ¿Los propósitos?: “fortalecer las economías locales y mejorar [sus] condiciones de vida”; “apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas”; “propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo”; “garantizar [el] acceso [de las comunidades indígenas] al financiamiento”. O, en sus variantes derivadas, “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura nacional”; “extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades”, etcétera, etcétera.

Visión, pues, racista e integracionista, no ajena al desarrollismo depredador que ha padecido los pueblos y comunidades indígenas a lo largo de las últimas décadas.

IV

La importante consulta ya iniciada en todo el país para llevar hacia adelante la reforma constitucional (artículo 2º, pero no sólo) deberá modificar en forma sustantiva este encuadre desarrollista-neoliberal. ¿El objetivo?: instaurar en México una democracia pluricultural (bajo el esquema de un efectivo pluralismo jurídico), como una modalidad de democracia posible dentro de la fuerza emergente del nuevo gobierno encabezado por AMLO.

La base de esta posibilidad se encuentra en la fuerza que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, pero es distinguible su particular embarnecimiento social, político y cultural en el Sur-sureste del país. Justo en el territorio en el que el gobierno de “La 4ª” ha decidido dirigir sus mayores esfuerzos de transformación.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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