Fantasmas de salud: Gobiernos mexicanos ejecutaron compras con empresas de papel

Por: René Valencia y Karla Cejudo

Cerca del Centro de Oaxaca cruza una pendiente de agrietado cemento, rodeada de casas de block gris, fachadas con colores desgastados y cables de electricidad envueltos de enredaderas. A mitad de la calle resalta una casa pequeña a medio pintar, habitada toda su vida por un hombre mayor que acaba de enterarse que sin su permiso registraron su hogar como el domicilio de una empresa fantasma que formó parte de un esquema para ejecutar compras de salud por 361,5 millones de pesos (20,3 millones de dólares) en México.

A través de la ranura de su portón asoman las manos y rostro arrugado de un hombre confundido y molesto con la noticia: la empresa Perylsa Suministros y Productos del Antequera SA de CV hizo pasar su casa como su oficina desde 2016, para poder competir por contrataciones del gobierno. La fachada de la compañía duró hasta 2020, cuando le suspendieron operaciones por ser evasora fiscal.

Las empresas fantasmas en México se crearon de la misma manera: consiguieron a través de un notario el acta constitutiva de la compañía, fingieron domicilios fiscales y abrieron cuentas bancarias para recibir dinero de contratos públicos. Durante diciembre del 2018 y 2025, las compañías de papel obtuvieron, sin levantar sospechas, 93 contrataciones de instituciones de salud mexicanas.

En esta investigación, CONNECTAS, e-consulta y ELCEO revelan que tres institutos federales pagaron 314,4 millones de pesos (17,5 millones de dólares) a 26 empresas fantasmas que utilizaron para transferir dinero público a cuentas bancarias privadas, hasta que las sorprendieron por evasión fiscal. La misma operación se repitió con ocho gobiernos estatales que transfirieron 47 millones de pesos (2,6 millones de dólares), entre diciembre de 2018 y 2025. Ninguna de estas contrataciones tuvo evidencias de que existieron, y se intentó eliminar cualquier rastro de compra.

El esquema del engaño

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es el encargado de la recaudación de impuestos y supervisión de contribuyentes. Pero, el caso de este esquema de contrataciones se activó por la tardanza del fisco en auditar a las empresas, permitiéndoles emitir comprobantes fiscales como si fueran empresas legalmente establecidas, para recibir dinero público.

El SAT concluyó que eran empresas fantasmas porque estas no pudieron solventar las observaciones, como ofrecer servicios distintos a su giro comercial, emitir comprobantes con operaciones que son incapaces de probar que existieron o por ser ilocalizables en sus domicilios fiscales. Por eso, en la etapa final de la investigación fueron sancionadas suspendiéndoles la emisión de facturas para que ya no puedan operar.

Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, un centro de análisis e investigación, explicó que ninguna normativa obliga a los gobiernos a verificar de manera física a sus proveedores, por eso estas empresas entregaron datos falsos como viviendas familiares, locales vacíos o direcciones inexistentes. “Podrían ser empresas como multiusos, que atienden un montón de objetivos y esas también son potencialmente riesgosas de hacer operaciones simuladas o cuando sus objetos sociales son como muy amplios y no verifican que realmente están vinculadas o hay una congruencia entre lo que se contrata y lo que pueden cumplir”.

Los únicos requisitos obligatorios para participar en contrataciones son entregar cartas de cumplimiento del SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para demostrar que las empresas están al corriente de sus obligaciones fiscales y en el pago del seguro de salud de sus trabajadores. A nivel nacional, sólo el IMSS cumplió con pedir ambos escritos de verificación a empresas de papel, mientras el resto de los contratantes no los solicitaron, pese a que formaba parte de los requisitos forzosos para poder competir por las compras.

Estas empresas de papel fueron favorecidas con tres diferentes procedimientos, identificados como irregulares, según la revisión realizada para esta investigación.

La primera son contrataciones en las que se redujo la competencia contra proveedores reales a través de adjudicaciones directas e invitaciones a solo tres de estos, seleccionados por los contratantes. Esto ocurrió en 68 de las 93 contrataciones y las restantes 25 se presentaron a licitaciones públicas en las que, como estrategia, ofrecieron precios más económicos que las empresas reales.

El proceso de compras también fue exprés para beneficiar a las empresas fachada con la mayor cantidad de contratos en el menor tiempo posible. El 11 de diciembre del 2020 la Secretaría de Salud de Chiapas formalizó, en apenas horas, cinco de las seis contrataciones que realizó con empresas inexistentes. El IMSS hizo lo mismo el 3 de mayo del 2022, cuando entregó tres contratos por 3,2 millones de pesos (187 mil dólares) al Grupo Produit S de RL de CV por medicamentos, y luego negó tener registros de recepción.

En la segunda, se identificó que se simularon domicilios fiscales para cumplir los requisitos y competir por los contratos. Es el caso de Comercio Estratégico RR SA de CV que en 2020 rentó una pequeña oficina en una zona comercial de la Ciudad de México, solo para figurar como legalmente establecida y quedarse con el contrato de cubrebocas por 10,4 millones de pesos (579 mil dólares). Un año después, y con el cobro total, la compañía abandonó el edificio y dejó de participar por nuevas compras en el país.

Una tercera irregularidad detectada fue el registro de domicilios inexistentes, como ocurrió con la supuesta empresa Construcciones y Servicios Especializados Túnez SA de CV que recibió contratos para trabajos de mantenimiento a unidades médicas. Las actividades nunca se realizaron y esta compañía de papel, que aparentemente funcionaba en un local en la capital de Veracruz, recibió 516 mil pesos (30 mil dólares). La infraestructura, en realidad, era ocupada por otro negocio.

Ninguna de las instituciones de salud contratantes entregó evidencias que demuestren que recibieron las compras. Los servicios de estas empresas inexistentes, tampoco respondieron a entrevistas para aclarar la existencia de las mismas. Tan solo el IMSS sumó 297,5 millones de pesos (16,7 millones de dólares) en transacciones de las que no hay evidencias.

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Los contratantes ahora intentan desaparecer su relación con compañías fantasma, para evitar transparentar las compras. A nivel nacional, solo dos de ocho gobiernos estatales admitieron pagar a empresas inexistentes, el resto respondió que nunca existieron contrataciones, pese a los documentos firmados por sus funcionarios. Y eI IMSS reconoció sólo a dos de sus 10 proveedores fantasma, de todas las demás negó tener registros.

Un sistema de salud burlado

Las empresas fantasmas que fueron beneficiadas con el presupuesto de las cuentas públicas no solo causaron un daño económico al Estado, sino que en los centros de salud se enfrentaron a recibir productos de mala calidad o cargamentos incompletos de medicina que afectaron la operatividad de los servicios, sin que hasta ahora se hayan sancionado a los responsables de la defraudación fiscal, según testimonios recogidos para esta investigación.

Hospitales del IMSS en Veracruz vivieron su peor temporada en la pandemia del Covid-19, tras recibir cubrebocas que incumplieron con normas oficiales, prendas para protegerse del virus de mala calidad y requerimientos de medicinas nunca llegaron, denunciaron trabajadores de salud de la entidad que solicitaron el anonimato para evitar represalias laborales. Las compras del equipo de protección y medicamentos para la crisis sanitaria estuvieron a cargo de cinco compañías fantasma que recibieron 133,1 millones de pesos (7,7 millones de dólares) del IMSS, durante 2020 y 2022.

La mala calidad de las prendas de protección y retrasos en la llegada de medicamentos también obligó al personal de salud en hospitales rurales del IMSS en Chiapas a improvisar tratamientos con las medicinas en existencia por la falta de analgésicos. Además, retrasaron cirugías de poca urgencia por más de dos meses y canalizaron a los pacientes a clínicas alejadas de sus comunidades para recibir sus tratamientos.

Pero la facilidad para disfrazar las compras con menos insumos de los solicitados o que permitan el ingreso de productos de mala calidad a hospitales del IMSS se atribuyó al poder de los administradores en los centros de salud. El proceso inicia desde que todas las áreas, cada año, hacen su lista de pedidos, el IMSS lanza una compra consolidada para atender los faltantes y al final, cada administrador aprueba la llegada de los cargamentos para que las empresas puedan cobrar, explicaron las fuentes consultadas en Veracruz y Chiapas.

Ninguna de estas 26 empresas fue incluida en el padrón de proveedores sancionados, es decir, que nunca fueron auditadas. Sin embargo, cinco fueron sometidas a revisiones por posible evasión fiscal, incumplimientos de contratos y otras irregularidades, aunque no hay datos oficiales sobre sanciones que haya solicitado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por otro lado, el SAT dijo que la información sobre las investigaciones y multas impuestas a los contratantes de las empresas fantasmas, es confidencial por secreto fiscal. Esto impide conocer con certeza sí hubo acciones concretas contra las instituciones de salud involucradas en estos casos.

Las evidencias muestran que el daño económico al Estado sería irreversible. “El problema es que estas empresas (fantasma) se dedican a mover el dinero y nunca tener activos o ingresos disponibles en sus cuentas bancarias. Para el SAT es casi imposible que pueda recuperar todo eso que se evadió”, explica Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

El modus operandi de las empresas fantasma evidenció, además, que sin importar a cuántos proveedores inexistentes inhabiliten cada año, se activa una compañía de reemplazo que aprovecha las falencias del sistema para optar por más contrataciones, evadiendo controles y con altos beneficios particulares.

Créditos:

Equipo CONNECTAS
Acompañamiento editorial

EL CEO y Diana Manzo
Reportería complementaria

Sheila Adriana Gutiérrez Santana
Ilustraciones

Esperanza Noriega
Estrategia digital

Rodolfo Ruíz Rodríguez
Dirección editorial de e-consulta