Entra en vigor el Tratado de Biodiversidad en Alta Mar con la ratificación de 83 países

Tras casi dos décadas de elaboración, este sábado entró finalmente en vigor el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, más conocido como Tratado de Alta Mar, un acuerdo para preservar y garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos.

Este sábado se cumplieron los 120 días previstos después de la ratificación de al menos 60 países conforme recogió el propio texto. Así, pasó a ser jurídicamente vinculante para los 83 países que lo ratificaron hasta entonces, lo que significó que aceptaron incorporarlo a su legislación nacional.

El texto aspiró a proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino, regiones que conformaron más de dos tercios de la superficie del océano y representaron más del 90% del hábitat de la Tierra en términos de volumen.

“Lo conseguimos. Hoy entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Fue una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”, destacó el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje publicado en redes sociales. La alta mar “no sería el salvaje oeste abierto a la explotación, sino un espacio de responsabilidad compartida”.

Para el secretario general de la ONU, António Guterres, ese día se cumplió un “hito para el océano”, a través de un tratado que “estableció el primer marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en los dos tercios del océano que se encontraron fuera de las fronteras nacionales”.

“En un mundo de crisis cada vez más graves (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), el acuerdo cubrió una brecha crítica de gobernanza para garantizar un océano sano y productivo para todos”, dijo.

Avanzamos ahora con celeridad hacia la implementación universal y plena, y cumplimos las promesas del acuerdo para las personas de todo el mundo.

Economías importantes como China, Alemania, Japón, Francia o Brasil ratificaron el acuerdo, aunque desde la Organización de las Naciones Unidas destacaron en particular la importancia del apoyo chino, por sus industrias vinculadas al océano como la construcción naval, la acuicultura, la pesca y el petróleo y gas marinos. Pekín exportó unos 155,000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano en 2023, según cifras de la agencia de comercio de la ONU.

En cambio, faltó la firma de potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, se encontró entre los cinco principales exportadores de bienes relacionados con el océano (61,000 millones de dólares). Washington adoptó el tratado en 2023, pero tras el cambio de gobierno se aplazó sine die la ratificación.

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Este acuerdo se basó en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero reforzó notablemente el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, destacó la ONU. Así, aportó un marco para la cooperación entre los países y otros actores que resultó “crucial” para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y el Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.

El pacto incluyó cuatro puntos clave. El primero aspiró a “un reparto justo y equitativo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (…) en beneficio de toda la Humanidad”.

Además, previó la creación de zonas protegidas para preservar hábitats vitales, especies protegidas y fondos marinos, así como la necesidad de evaluar el impacto de actividades económicas. También estableció un marco legal internacional para evaluar el impacto de actividades en alta mar y sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos.

Por último, facilitó la cooperación y la transferencia de tecnología marina para ayudar a las partes firmantes, en particular a los países en vías de desarrollo, a cumplir los objetivos del acuerdo y “nivelar así el campo de juego” para un uso responsable de la alta mar.

El acuerdo recogió también una base para financiar las medidas previstas y un mecanismo para resolver disputas. Asimismo, creó una Conferencia de las Partes, un Organismo Científico y Técnico y otras instancias.

La Conferencia de las Partes debió reunirse en un plazo de un año desde la entrada en vigor del Tratado, por lo que pudo ser a finales de 2026, aunque ya estuvieron en marcha trabajos preparatorios para esa CoP1.

Europa Press