Abogado vincula huachicol con el crimen organizado y advierte grave daño a las finanzas públicas

Durante Aristegui en Vivo, el abogado y catedrático Luis Pérez de Acha ofreció un análisis detallado sobre los mecanismos de corrupción que afectan a México, centrándose en el llamado “huachicol fiscal“, la inoperancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pérez de Acha explicó que el “huachicol fiscal” es, en realidad, un contrabando técnico de combustibles. Aseguró que la gasolina ingresa desde Estados Unidos declarada como aditivos o lubricantes, subvalorada, para evadir el pago de impuestos como el IEPS y una parte del IVA.

Tenemos un fenómeno doble: ni IVA, y como es subvalorado se paga menos IVA. Entonces, hay una evasión de impuestos claramente con un contrabando técnico.

El abogado describió una compleja cadena donde empresas factureras o “fantasma” son clave en la importación.

En este sentido, declaró que, posteriormente, el producto se distribuye a través de empresas reales con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que evidencia una red de complicidad.

Cuando hablamos de huachicol fiscal nos imaginamos que estamos rompiendo un ducto, pero estamos hablando de millones de litros… decenas de miles de millones de pesos evadidos de impuestos.

Vinculó este fenómeno con una alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sobre petróleo mexicano robado que ingresa a ese país como “desechos de hidrocarburos“.

Pérez de Acha sostuvo que los recursos generados por este esquema alimentan a la delincuencia organizada, llegando a afirmar: “Yo creo que es más fácil ser huachicolero o facturero que narcotraficante”.

Un Sistema Nacional Anticorrupción fallido

Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción Luis Pérez relató que desde su creación, los Comités de Participación Ciudadana carecieron de presupuesto y enfrentaron un “saboteo institucional“, donde sus propuestas eran sistemáticamente rechazadas en las votaciones.

Además, criticó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, afirmando que, desde su percepción, “fue creada para no sancionar a nadie. Está plagada de obstáculos“.

Sumó a esto la falta de nombramiento de magistrados anticorrupción como otro factor que imposibilita su operación.

El constitucionalista se declaró en contra de la autonomía constitucional de la FGR. Argumentó que el poder público requiere contrapesos y que es la Presidencia de la República quien debe ejercer el control sobre la política criminal.

Estoy de acuerdo en que regresemos a un Procurador nombrado por el presidente.

Pérez de Acha también compartió una experiencia personal que vinculó con una denuncia fiscal que presentó en el pasado, relacionada con el caso conocido como “La Casa Blanca“. Relató que, tras interponer un amparo, su casa fue allanada.

Se robaron una computadora precisamente de mi hija Gisela, pensando que era la mía. Entraron por el techo, bajaron una escalera, abrieron la puerta, tomaron la computadora y se la llevaron.

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El abogado afirmó no tener duda de que este incidente fue una represalia por su acción legal.

Finalmente, Luis Pérez de Acha hizo un llamado a la reflexión colectiva sobre los efectos de la corrupción. Advirtió que las finanzas públicas “ya no aguantan más corrupción” y que el fenómeno de las factureras desvía recursos vitales.

Concluyó señalando que combatir estas redes requiere una decisión de Estado, pero mostró escepticismo ante las reformas propuestas, sugiriendo que podrían afectar más al contribuyente ordinario que a las sofisticadas estructuras de evasión.