Rosario Piedra ante la ONU: traición a la memoria | Artículo de Hugo Morales

Por Hugo Morales Galván

Rosario Piedra Ibarra ha degradado su papel como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al convertirse en defensora oficiosa del Gobierno mexicano —en su momento de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum—, asumirse como “defensora de la soberanía”, y repudiar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) acordara revisar si, con más de 133 mil víctimas, las desapariciones forzadas ocurren en México de manera sistemática y generalizada, y decidir si presenta el caso ante la Asamblea General de la ONU.

“Nos preocupa que se pretenda imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros. […] El sugerir que una instancia extranjera se debe encargar de tareas como el procesamiento de personas responsables, atenta contra la soberanía misma del pueblo de México y se aleja de cualquier forma de solución estructural a los problemas que en efecto nos aquejan, pero que estamos atendiendo”, publicó la CNDH el pasado 2 de octubre en un comunicado.

“Si la comunidad internacional, y en particular la ONU, van a ocupar su atención, no debería ser para apuntar el caso de un país soberano que en los últimos años ha demostrado que puede, con el apoyo democrático de la mayoría del pueblo, ir trazando su propio camino hacia una sociedad más igualitaria, más justa y de derechos para todos”, agregó.

El documento de siete páginas, que reitera opiniones personales anteriores de la titular de la CNDH, fue más allá e intentó descalificar al comité integrado por 10 expertos electos por los Estados firmantes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por México el 18 de marzo del 2008.

Es la segunda ocasión en que la CNDH se asume como vocera oficiosa del régimen y no como defensora de las víctimas de violaciones a derechos humanos ante observaciones de la ONU. “Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”, se lee en otro comunicado del pasado 5 de abril.

Luego, el 9 de abril en Acapulco, durante el homenaje a José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago Muñoz, asesinados por la paramilitar Brigada Blanca 46 años antes, la propia Piedra, parada sobre una tumba, dijo que “todas las doñas se cansaron de tocar las puertas de la Organización de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de todos esos organismos internacionales; sacaban sus boletincitos, pero jamás atacaron al gobierno como lo están haciendo ahora”.

La postura de la presidenta de la CNDH coloca a los organismos internacionales como intervencionistas cuando, en uso de sus facultades legales otorgadas por los Estados, analizan la situación de los derechos humanos. A ningún gobierno le agrada que lo exhiban. Así sucedió durante el sexenio de José López Portillo, cuando el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Óscar Flores Sánchez, al ser presionado por familiares de desaparecidos políticos, dijo que México no tendría que dar explicaciones satisfactorias a ningún organismo internacional de derechos humanos ni “de la ONU, ni de Amnistía Internacional, ni del papa, de [James] Carter o de nadie” (25 de enero de 1979).

Igual ocurrió con el gobierno de Vicente Fox Quezada ante la organización Human Rights Watch (HWR), que cuestionó la errónea política gubernamental para esclarecer la situación de los desaparecidos y la tortura y ejecución de luchadores sociales durante la llamada “guerra sucia” (25 de julio de 2003). También sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, cuando el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, buscaron eludir la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas y defendieron la presencia del Ejército —señalado como uno de los autores de las desapariciones— en tareas de seguridad pública (5 de abril de 2011).

Activismo internacional

Contrario a lo que expresa Rosario Piedra Ibarra, su madre Rosario Ibarra de la Garza pensaba muy distinto desde que su hijo Jesús fue detenido por elementos policiales y del Ejército el 16 de abril de 1975, y trasladado al Campo Militar No. 1 de la hoy Ciudad de México, donde permaneció cautivo, según testimonios de personas que fueron liberadas. Jesús permanece en calidad de detenido-desaparecido desde entonces.

En su peregrinar, Rosario Ibarra de la Garza, la Doña, como le llamábamos, conoció a más familiares de desaparecidos, y se aglutinaron en el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (CPDPPDEP), que años después tomaría el nombre de Eureka.

La Doña logró estar frente al presidente Luis Echeverría Álvarez 39 veces, y le demandó la libertad de Jesús y de los cientos de detenidos-desaparecidos. Pero nada sucedía, por lo cual ella y los familiares debieron acudir a la denuncia internacional para exhibir la represión en México, cuyos gobiernos empleaban a las policías, las Fuerzas Armadas y un organismo paramilitar llamado Brigada Blanca para detener, torturar, asesinar o desaparecer a luchadores sociales.

Al menos en 18 ocasiones, doña Rosario fue recibida en la Organización de las Naciones Unidas (en Ginebra y en Nueva York); en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington; en Amnistía Internacional en  la capital mexicana y en Londres, Inglaterra; y en la Federación Internacional de los Derechos Humanos con sede en París, Francia. Unas veces sola, y otras en comisión con otras “doñas”.

La intensa actividad internacional de Rosario Ibarra de la Garza obligó al gobierno de López Portillo a decretar una Ley de Amnistía en 1978, y a la liberación de 147 personas que permanecían cautivas.

Lejos de aminorar, la política represiva mexicana persistió. Aumentaron los casos de detención de luchadores sociales. La lucha del CPDPPDEP impulsó a organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, populares y campesinas a integrarse en el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) el 10 de diciembre de 1979.

Al respecto, debo comentar que José Álvarez Icaza Manero me designó como representante del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en el FNCR. Cencos es una organización no gubernamental pionera en la defensa de los derechos humanos desde el ámbito de la comunicación social. Su sede en la calle de Medellín 33, colonia Roma, fue —y es— el espacio solidario que cobijó al FNCR, al CPDPPDEP, a organizaciones sociales y también al exilio de América Latina, expulsado de su país por las dictaduras militares.

En las reuniones del FNCR todos los martes a las 6 de la tarde en Cencos, Rosario Ibarra de la Garza informaba de los viajes que hacía y de sus resultados. Una postal, una foto, un telegrama, dejaron constancia de su presencia en Europa o Estados Unidos, y sus saludos para todas y todos los “compas” del FNCR.

Ceguera institucional

La presión internacional impulsada por la Doña jugó un papel fundamental para exhibir la doctrina de seguridad interna mexicana, que adoptó prácticas militares sudamericanas como los llamados “vuelos de la muerte”.

En una carta fechada el 22 de octubre de 1979, el representante de la sección francesa de Amnistía Internacional, Pierre-Alain Roche, agradeció a Rosario Ibarra e integrantes del comité, haberlo recibido y la documentación que le entregaron, la cual le permitiría hacer una presentación del caso mexicano ante el Secretariado Internacional de la organización del Premio Nobel de la Paz. Además, “dentro de poco tiempo le mandaré copia de un artículo que estoy escribiendo sobre su lucha y la situación de los Derechos Humanos en la República [mexicana]. Con todo mi apoyo y simpatía”.

El papel de las organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos en México fue reconocida incluso por la propia Presidencia de la República en la conferencia mañanera del 27 de febrero de 2025. “Rosario Ibarra fue mundialmente reconocida por diversas instituciones defensoras de derechos humanos. De hecho, en cuatro ocasiones fue candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz. En 1979, el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento a su incansable lucha por los presos, los desaparecidos y exiliados políticos”.

Por su parte, un video de la CNDH refirió a doña Rosario Ibarra como pionera en la defensa de los derechos humanos, “quien acudió a todas las instancias en búsqueda de justicia”.

Y así es. La trascendencia de Rosario Ibarra de la Garza fue de tal impacto que en el gobierno de López Obrador, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez, misma que aceptó, pero dejó en prenda ante el mandatario para que se la regresara el día en que liberaran a Jesús Piedra y las personas desaparecidas. Lo cual no ocurrió ni ha ocurrido. Rosario falleció el 16 de abril de 2022.

Entonces, la pregunta es, ¿por qué la titular de la CNDH miente y acusa de intervencionistas al CED de la ONU, a Amnistía Internacional y a otros organismos internacionales cuando otras nuevas doñas piden su intervención ante las desapariciones actuales?

Rosario Piedra era mayor de edad cuando su madre y otros familiares de desaparecidos viajaron a Europa o Estados Unidos  para denunciar la grave situación que se vivía en México. Tenía conciencia del activismo de la Doña y la causa justa que la llevó a abandonar su cómoda vida clasemediera en Monterrey para lanzarse a la búsqueda de su hijo Jesús y de los entonces cientos de desaparecidos mexicanos. En aquel entonces, Piedra no consideró que su mamá pudiera “acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales” ni que quisiera pisotear la democracia mexicana “en ciernes”.

Traicionando la memoria y la lucha familiar, Rosario Piedra decidió colocarse del lado de Morena, donde ocupó un cargo directivo y fue candidata a una diputación federal por Nuevo León. Aunque es por el legado social de la Doña que el régimen la designó al frente de la CNDH en una fraudulenta elección en 2019, y no obstante ser la peor evaluada, incluso con críticas al interior de Morena, la mayoría de ese partido y aliados en el Senado mexicano la reeligió en 2024.

En las marchas de los ochenta, el núcleo de familiares desaparecidos no rebasaba las 100 personas. Eran más de tres, cinco o diez mil militantes de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y populares quienes apoyaban su lucha. Pero la situación en México empeoró con los sucesivos gobiernos, a partir de Felipe Calderón, incluido el anterior y el actual. De los 556 desaparecidos forzadamente, hoy hablamos de más de 133,000 casos, de acuerdo con cifras oficiales; son 40 desapariciones al día.

Los 10 de Mayo de cada año revirtieron la realidad. Miles y miles de familiares de personas desaparecidas llenan calles y plazas de todo el país, en reclamo de libertad y justicia para sus seres queridos.

Mientras los colectivos actuales de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos pedían al CED que reportara ante la Asamblea General de la ONU el caso mexicano e instalara una comisión que “recomiende las acciones pertinentes para encarar el fenómeno, detener las desapariciones en el país, identificar los cuerpos y fragmentos humanos para devolverlos dignamente a sus familiares, conocer la verdad y llevar a los responsables a la justicia”, la CNDH descalificaba sus voces y negaba que se requiriera ese apoyo.

La traición ciega a la titular de la CNDH. Ni los ve ni los oye. Ajena al dolor de las víctimas, su actitud engrandece la memoria de Rosario Ibarra de la Garza, la Doña, su madre, para quienes tuvimos la oportunidad de convivir con ella, de acompañarla y exigir libertad para las y los desaparecidos, con un “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ni perdón ni olvido!”.

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El autor es periodista y abogado, especializado en la defensa de los derechos humanos desde 1980. Participó en el Frente Nacional Contra la Represión de 1980 a 1986.

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org

**Foto de portada: Rosario Ibarra de Piedra, frente al Campo Militar No. 1, en una protesta organizada en 1986. (Herón Alemán/Imagen Latina/Archivo del Comité ¡Eureka!/Camena)

(Información de A dónde van los desaparecidos)