'Se empodera el Estado sobre el ciudadano': chocan diputados por reforma a Ley de Amparo

En la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, Hugo Eric Flores, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional, defendió la reforma a la Ley de Amparo como necesaria para frenar abusos judiciales y aplicar la jurisprudencia de la SCJN, mientras que Emilio Suárez, diputado del PRI y secretario de la Comisión de Justicia, advirtió que limita derechos ciudadanos y dificulta el acceso al amparo de Mipymes, comunidades indígenas y otros actores sociales, al tiempo que amplía el poder del Estado.

Flores explicó que la reforma incorpora las tesis jurisprudenciales a la ley, las cuales ya eran obligatorias “A mí me parece que ponerlas en la ley de amparo significa darles fuerza, porque además abre la posibilidad de una nueva reinterpretación en el futuro de esta nueva época de la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo.

Según el legislador de Morena, actualizar la ley era necesario para que el derecho no sea “estático” y para sistematizar derechos que han sido reconocidos en jurisprudencia acumulada.

Por su parte, Emilio Suárez enfatizó que el amparo “es mucho más complejo” que solo defenderse de causas penales y afecta la vida cotidiana de ciudadanos, desde dueños de restaurantes hasta comunidades indígenas y ambientalistas; además, expresó su preocupación por la suspensión de actos.

En el caso de la suspensión se ponen requisitos y estándares mucho más complicados que ponen a los jueces en un problema para decidir si la colectividad está por encima de los intereses o las afectaciones que tiene una persona.

Los diputados también debatieron en torno al concepto de interés legítimo, que Suárez consideró clave para la protección de la sociedad civil.

“Es básicamente la posibilidad de hacer planteamientos a la justicia para que, independientemente de quién esté promoviendo el amparo, exista un beneficio. Los temas más claros son temas ambientales, temas del agua, temas de comunidades indígenas, y eso es lo que nosotros también creemos que se está trastocando con esta reforma”.

Según Suárez, la reforma “transita de empoderar al ciudadano a empoderar al Estado”, y advirtió que puede afectar la confianza y certeza jurídica de inversionistas y pequeñas empresas.

Las Mipymes, que básicamente aportan el 70% del PIB, están metidas en esta reforma… lo que se está viendo en el mundo es falta de certeza jurídica en las inversiones.

Por su parte, Flores defendió los cambios en materia de suspensión, señalando que existía un abuso generalizado y por ello se incluyó un mecanismo para saber si se puede otorgar o no, una suspensión.

La gente iba a buscar suspensiones nada más por buscarlas y se dio una gran carga de trabajo a todos nuestros tribunales, se daban ya de manera automática, el tema de la reforma es poner un test: ¿qué sí se puede otorgar y qué no se puede otorgar?.

Agregó que estos criterios ya existían en la jurisprudencia, pero al incorporarlos en la ley se asegura su aplicación y se sanciona a los jueces que otorguen suspensiones “como si fueran boletitas de papel”.

Otro punto de tensión fue la retroactividad de la ley, especialmente en casos de concesiones, permisos y autorizaciones.

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Flores explicó que se agregó un transitorio para cubrir todas las hipótesis posibles y aclaró que la ley de amparo es procesal.

Hay dos tipos de leyes, las sustantivas y las adjetivas o procesales (…) la ley de amparo es una ley procesal porque ahí se ponen los mecanismos para que tengamos acceso a este derecho fundamental.

Sin embargo, Suárez insistió en que la redacción de ciertos artículos deja abierta la interpretación, lo que podría perjudicar a los ciudadanos y que “en la redacción de la legislación queda abierta la interpretación (…) quien pierde es el ciudadano”.

Ambos abordaron también el tema de la fiscalización y recaudación de impuestos, sobre lo que Flores afirmó que los cambios protegen el interés social y permiten que los contribuyentes cumplan sus obligaciones.

“Cuando se daña el interés social, es necesario hacer que todos los contribuyentes paguen (…) estos son los recursos presupuestales que finalmente tenemos que ver traducidos en obras”.

Suárez replicó que la reforma no considera los problemas estructurales del Poder Judicial ni protege suficientemente a las Mipymes, que dependen del flujo diario de ingresos

“Muchos Mipymes no van a poder acudir al amparo y tendrán que llegar prácticamente hasta el procedimiento de ejecución para conseguirlo (…) cuando ya está muerto el tema”.

Finalmente, ambos hablaron de la necesidad de clarificar criterios y garantizar que los jueces apliquen correctamente la ley, pero evidenció diferencias sobre el equilibrio entre protección de derechos ciudadanos y fortalecimiento del poder del Estado a partir de la aprobación de esta reforma.