Diputados aprueban reforma al Código Fiscal; oposición denuncia abusos y 'terrorismo fiscal'

La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó con cambios las reformas al Código Fiscal de la Federación, en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, por 335 votos a favor y 122 en contra. El documento fue enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.

Entre las reformas más relevantes se encuentra la adición del artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que prestan servicios en México a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Esto significa operaciones en plataformas digitales de streaming, compras o servicios de transporte, entre otras. En caso de incumplimiento, se contempla el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.

Además, se modificó el artículo primero transitorio, para que las nuevas obligaciones para plataformas digitales entren en vigor el 1 de abril de 2026.

Entre las modificaciones relevantes, se eliminó la fracción X del artículo 124, que establecía como causal de improcedencia del recurso de revocación cuando el contribuyente manifestara desconocer el acto fiscal en su contra. Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que esta disposición afectaba el derecho de defensa de los ciudadanos.

La diputada de Morena, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, señaló que la fracción eliminada no fortalecía la actuación de la autoridad fiscal, además de que debilitaba la garantía de defensa y la certeza jurídica de la ciudadanía.

Nuevas facultades al SAT y sanciones contra facturación falsa

La reforma refuerza las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas y otras prácticas indebidas.

Uno de los principales cambios otorga al SAT la facultad de negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales cuyos representantes, socios o integrantes hayan estado vinculados previamente con empresas sancionadas por emitir comprobantes fiscales falsos, participar en esquemas de evasión o tener créditos fiscales firmes sin solventar. Esta medida busca impedir que contribuyentes con antecedentes problemáticos continúen operando bajo nuevas razones sociales.

Además, dota al SAT de facultades para presentar querellas penales contra quienes emitan facturas falsas.

La reforma refuerza los requisitos de validez de los comprobantes fiscales digitales (CFDI). A partir de la entrada en vigor, los CFDI deberán respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos verdaderos. De no cumplir con este criterio, se considerarán falsos, y las personas involucradas, incluidos representantes legales, podrían enfrentar acciones penales.

El SAT también podrá verificar directamente si un comprobante fiscal digital corresponde a una operación real mediante visitas de verificación, las cuales tendrán un plazo máximo de 24 días hábiles. Estas visitas se enfocarán exclusivamente en comprobar la existencia de las operaciones, sin implicar una auditoría completa ni la determinación de adeudos fiscales.

Durante estas visitas, la autoridad fiscal podrá suspender de inmediato la emisión de facturas digitales, como medida preventiva para evitar que se sigan generando comprobantes falsos mientras se desarrolla el procedimiento. El proceso incluirá plazos definidos y etapas claras para la presentación y valoración de pruebas por parte del contribuyente, en aras de dar celeridad y certeza jurídica.

Otra novedad es la posibilidad de publicar en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación el nombre y RFC de las personas físicas o morales que hayan emitido comprobantes fiscales falsos. Los contribuyentes que hayan recibido esas facturas tendrán un plazo de 30 días naturales para corregir su situación mediante una declaración complementaria, a fin de evitar sanciones adicionales.

Oposición acusa “terrorismo fiscal”

Desde la mayoría legislativa, se argumentó que las reformas buscan cerrar brechas de evasión y elusión fiscal a través de mecanismos más eficaces de fiscalización.

La diputada de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, explicó que el nuevo artículo 30-B “integra y vincula al marco vigente de obligaciones de las plataformas digitales”, y que su objetivo es que la autoridad fiscal “cuente con toda la información necesaria para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Sin embargo, diputadas y diputados de oposición expresaron fuertes críticas contra las reformas fiscales, al considerar que vulneran derechos de los contribuyentes y concentran facultades excesivas en el SAT. También hubo reclamos por la prisa legislativa y la falta de revisión detallada del dictamen. 

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, consideró que se trata de un “Código Fiscal Espía”, porque “permite la intromisión directa del SAT, obliga a las plataformas digitales a dar acceso irrestricto a toda la información personal de compradores, vendedores, de usuarios de las plataformas digitales. ¿Para qué? Para husmear en tu vida personal, para conocer tus movimientos personales”.

Rechazó que los cambios al Código Fiscal sean una herramienta eficaz contra la evasión y criticó que el dictamen criminaliza errores fiscales menores: “Este Código Fiscal solo quiere castigar a los contribuyentes por simples errores, criminalizarlos, pero no hay ninguna corresponsabilidad del gobierno”.

En ese sentido, calificó las medidas como una estrategia de “terrorismo fiscal”, argumentando que “puede bloquear discrecionalmente los sellos digitales, por algún error humano o por algún retraso justificado en alguna declaración fiscal”.  Advirtió que esta facultad equivale a “la muerte operativa de todos los negocios”, ya que impediría a las empresas realizar operaciones comerciales.

El priista Yerico Abramo Masso también cuestionó que el endurecimiento del Código Fiscal se enfoque en los contribuyentes, mientras que los principales responsables de delitos fiscales permanecen impunes. “Esta reforma está fundada en delitos que en su gran mayoría han cometido muchos de ellos servidores públicos”, expresó. Y añadió: “Es más fácil crear una política de terrorismo que limpiar la casa”.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, consideró que las reformas lesionan derechos fundamentales: “Contiene una sobrecarga de obligaciones a quienes cumplen y concentra un poder desmedido a la autoridad hacendaria”, afirmó.

Preocupaciones por derechos digitales

Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 alertaron que el artículo 30-B, tal como fue aprobado, representa una seria amenaza al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

R3D afirmó que el acceso en línea y en tiempo real por parte de la autoridad fiscal constituye “una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía”. A su juicio, la medida “permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.

También señaló que esta disposición “carece de salvaguardas y control judicial que inhiban o eviten intrusiones arbitrarias”, lo que elimina la protección jurídica del derecho a la privacidad y a los datos personales.

Por otra parte, la sanción de bloqueo temporal de plataformas digitales, según R3D, “es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una forma de censura por medios indirectos”.

En la misma línea, Artículo 19 calificó la reforma como una medida de “censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La organización advirtió que el artículo 30-B puede impactar espacios donde las personas ejercen sus derechos fundamentales: “El acceso a estas plataformas forma parte de un espacio cívico interconectado donde las personas ejercen derechos humanos”.

Ambas organizaciones urgieron al Congreso a reconsiderar esta disposición y a optar por mecanismos menos lesivos que permitan fiscalizar sin vulnerar derechos fundamentales. “Exigimos que se consideren medidas menos lesivas a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional […] mientras se garantiza la protección de los derechos de las y los usuarios en línea”, demandó Artículo 19.