opinión*
Profepa se ensaña con las comunidades forestales
Territorios Indómitos por Raúl Benet

Por Raúl Benet

Miles y miles de árboles son derribados por empresas constructoras con la venia cómplice de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como ocurrió recientemente en las tierras comunales del Parque Nacional El Tepozteco. Inmensos barcos cargados con madera proveniente de tala ilegal del Amazonas y otras regiones del mundo entran continuamente a puertos mexicanos sin que a la Profepa se le mueva un pelo. Madera de origen incierto es comercializada y utilizada incluso por proveedores y contratistas del gobierno, en obras tan importantes como aeropuertos y segundos pisos y a la Profepa sólo se le engorda la vista. Grandes extensiones de selva son desmontadas en Chiapas y la Península de Yucatán para la siembra de soya transgénica y palma africana, sin que la procuraduría haga tan sólo un gesto. Mientras tanto, los inspectores de esa procuraduría, a cargo del Procurador Guillermo Haro Belaches, se ensañan por todo el país contra las empresas forestales comunitarias que buscan realizar un manejo sustentable de sus bosques.

Durante las últimas semanas hemos visto la inusitada y febril presencia de inspectores de la Profepa que llegan a las instalaciones de ejidos y comunidades con la consigna de clausurarlas. Es justamente contra las empresas forestales comunitarias que se esfuerzan por hacer un buen manejo de sus bosques, contra quienes se está dirigiendo esta política de persecución y criminalización. Los ejidos, comunidades y empresas forestales comunitarias que cuentan con certificados de buen manejo forestal bajo estándares reconocidos por el gobierno mexicano, como es la Norma Mexicana de Manejo Forestal, o las Auditorías Técnicas Preventivas, o bajo estándares internacionales, como el FSC, son el blanco predilecto de la Profepa.

En esta ocasión le tocó el turno a la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, de Amanalco, en el Estado de México. Los inspectores de la Profepa clausuraron esta semana tanto el centro de almacenamiento y transformación (CAT) que tiene esta unión de ejidos en Valle de Bravo, como las instalaciones de la industria comunitaria en el Ejido Agua Bendita de Amanalco. Esta Unión, conformada por once ejidos, maneja anualmente, de manera sustentable más de cinco mil metros cúbicos de madera, en un esquema sólidamente planeado y estrictamente auditado y controlado. La clausura del CAT supuestamente se debió a que bajo las cuentas de los inspectores, diez metros cúbicos de madera no cuadraron con la documentación respectiva. Según relatan los ejidatarios, en el cierre de la industria comunitaria, los auditores omitieron realizar las mediciones correctas y aplicaron de manera mal intencionada fórmulas de coeficiente de aserrío y medidas de volumen con la clara y única intención de cumplir con la consigna que traían, que era clausurar las instalaciones de la industria comunitaria. Los inspectores comprobaron que toda la madera que encontraron en las instalaciones tiene una procedencia legal y está amparada por el plan de manejo aprobado, pero aun así procedieron a la clausura.

Cerrar la operación de la Unión de Ejidos significa dejar a miles de personas sin empleo, y a los bosques sin sus principales cuidadores, que son precisamente quienes viven de ellos, sus legítimos dueños. Si la Profepa logra destruir a las empresas forestales comunitarias, en lo que parece estar empeñada, estará dejando a merced de la tala ilegal y el crimen organizado territorios que hasta ahora han sido protegidos por los ejidos y comunidades que se esfuerzan a diario por hacer bien las cosas. El manejo integral de la cuenca, que realizan los ejidatarios, mantiene sanos a esos bosques, que son de las pocas zonas del país que no han sufrido deforestación en las últimas décadas.

Los bosques de Amanalco, que abastecen a la empresa forestal comunitaria, fueron visitados hace pocos meses tanto por el Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, como por el Director de la Conafor, Jorge Rescala. El Secretario manifestó en aquella ocasión que las comunidades ‘son los mejores aliados para la conservación de los bosques’, reconoció la importancia del manejo forestal comunitario, y felicitó a la Unión de Ejidos, mientras la Conafor destinó importantes recursos para apoyar las actividades de esa empresa comunitaria mediante el financiamiento de maquinaria y equipo. Ahora el Procurador Ambiental contradice a su propia institución y se lanza precisamente contra los ejidos que hace pocos meses eran considerados por las mismas autoridades como ejidos modelo.

Los motivos en este caso bien pueden estar relacionados con el resultado de las recientes elecciones en el Estado de México, y con intereses partidistas contrapuestos. Algunos de los representantes de la Unión han manifestado simpatía con partidos distintos a los del grupo gobernante, mientras madereros privados locales, cuyos intereses comerciales se ven afectados por el éxito de las empresas forestales comunitarias, ocupan diputaciones y otros importantes cargos al amparo del partido oficial. La Procuraduría estaría operando de manera facciosa en contra de las comunidades y a favor de los intereses de caciques locales. Sería sumamente preocupante que un procurador de medio ambiente operara de manera partidista y facciosa, y peor aún que lo hiciera para favorecer intereses privados de correligionarios de partido y en contra de quienes debiera defender, los verdaderos guardianes de los bosques.

Sin embargo el problema de fondo va mucho más allá de los intereses partidistas de actores locales apoyados desde la Procuraduría. Es la política pública, la Política de Estado que instrumenta la Profepa hacia las comunidades y las empresas comunitarias de todo el país lo que está en juego. Es un modelo que apuesta a la desaparición de las empresas forestales comunitarias, que promueve el desarrollo de plantaciones forestales privadas y modelos de conservación pasiva que expulsan a la gente de sus territorios e impiden el ejercicio de sus derechos sobre los mismos.

Casos similares están ocurriendo a lo largo y ancho del país. En semanas recientes la Profepa ha clausurado varias empresas forestales comunitarias. Apenas el domingo pasado clausuró otro ejido emblemático, y que también se ha caracterizado por una larga trayectoria de buenas prácticas forestales, el ejido Tres Garantías en Quintana Roo. La gendarmería ambiental había ejercido una acción punitiva unos días antes, a solicitud de la Profepa, contra el ejido Nuevo Becal, en Campeche. Lo mismo en Colima, Tlaxcala y Chihuahua.

Perseguir y criminalizar a los ejidos y comunidades que tienen permisos y tratan de hacer bien las cosas, es la peor estrategia para proteger los bosques y para promover el desarrollo en el ámbito rural. La verdadera ilegalidad está en los puertos, en las gigantescas empresas que lavan dinero traficando con madera, en las políticas estatales que promueven el desmonte de la selva a favor de las corporaciones agroindustriales, en los proveedores y contratistas de gobierno que consumen grandes cantidades de madera sin cerciorarse de su origen legal, y en los funcionarios que lo permiten y se benefician de ello. Los enemigos de los bosques no son las comunidades que son sus dueños, al contrario, ellos son los primeros interesados en cuidarlos. Estas clausuras de la Profepa no sólo son irresponsables y equivocadas, ni son tan solo actos deleznables y criminales de venganza contra adversarios políticos; son políticas públicas orientadas a socavar la vida rural comunitaria y a abrir los territorios a modelos extractivistas, corporativos y privatizadores. Las víctimas directas son los bosques y sus habitantes.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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