México: salud pública y prevención de riesgos | Texto por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

El brote reportado de personas infectadas por Hantavirus en distintos puntos geográficos debería colocar en el centro de la discusión pública una pregunta que México no ha resuelto desde la pandemia de COVID-19: ¿estamos preparados para enfrentar una nueva emergencia epidemiológica de gran escala? Hasta ahora, los reportes disponibles indican que el brote reciente parece encontrarse bajo control.

Es importante decir que las epidemias no sólo revelan la presencia masiva de un agente infeccioso, sino que, sobre todo, ponen al descubierto las capacidades reales del Estado, la solidez de las instituciones sanitarias y el nivel de protección social con que cuenta una sociedad.

Desde hace décadas, especialistas en epidemiología, zoonosis y salud ambiental han advertido que la expansión de las fronteras urbanas, la destrucción de ecosistemas y el cambio climático incrementan el contacto humano con reservorios animales históricamente alejados de los asentamientos humanos. En el caso del Hantavirus, los roedores silvestres que transmiten el virus forman parte de cadenas ecológicas complejas, alteradas crecientemente por procesos de deforestación, expansión agrícola, minería, urbanización desordenada y eventos climáticos extremos. Lo relevante es que este fenómeno no debe entenderse únicamente desde la biología o la infectología; se trata también de un problema de desarrollo y desigualdad territorial.

La pandemia de COVID-19 dejó una enseñanza dolorosa para México pues el sistema de salud llegó a la emergencia con enormes debilidades estructurales acumuladas durante décadas. La insuficiencia presupuestal ha sido, probablemente, una de las restricciones más profundas. Durante años, el gasto público en salud se mantuvo por debajo de los niveles recomendados internacionalmente, limitando la expansión de infraestructura hospitalaria, la modernización tecnológica, el mantenimiento de instalaciones y la capacidad de respuesta territorial. El resultado fue visible durante la pandemia: hospitales saturados, escasez de medicamentos e insumos críticos, personal exhausto y profundas desigualdades entre entidades federativas.

Aunque el país logró desarrollar aprendizajes institucionales importantes durante la emergencia sanitaria, seis años después sigue pendiente la construcción de un verdadero sistema universal, integrado y robusto de cobertura y protección social de la salud. La fragmentación institucional continúa siendo uno de los grandes problemas nacionales. La coexistencia de múltiples sistemas genera duplicidades, vacíos de atención y enormes diferencias en la calidad de los servicios disponibles para la población.

A ello se suma un problema demográfico y epidemiológico de enorme complejidad. México atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. La transición demográfica modifica radicalmente las necesidades sanitarias: aumentan las enfermedades crónicas, los padecimientos degenerativos y las demandas de atención especializada de largo plazo y de cuidados paliativos. Pero, simultáneamente, persisten enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza, la precariedad ambiental y la desigualdad social. El país enfrenta, en consecuencia, una doble e incluso triple carga epidemiológica: enfermedades crónicas, padecimientos infecciosos tradicionales y nuevos riesgos derivados del cambio climático y de las alteraciones ecosistémicas globales.

En este contexto, la insuficiencia de personal médico especializado constituye otro de los desafíos más delicados. México mantiene déficits importantes de especialistas en epidemiología, geriatría, medicina interna, oncología, pediatría, psicología y psiquiatría, neumología, infectología, medicina comunitaria y salud pública. A ello se añaden profundas desigualdades territoriales: mientras algunas zonas urbanas concentran infraestructura y personal altamente capacitado, múltiples regiones que van desde lo rural hasta lo indígena, enfrentan carencias severas de médicos, enfermeras, laboratorios y servicios hospitalarios básicos. Una epidemia de gran escala no afecta a todos por igual; ya atestiguamos que golpea con mayor fuerza a las poblaciones que viven en condiciones de exclusión social y abandono institucional.

La discusión obliga también a revisar críticamente la relación entre salud pública y crisis climática. Cada vez existe mayor consenso científico respecto a que el calentamiento global está modificando patrones de transmisión de enfermedades, desplazando vectores y alterando ecosistemas completos. Sequías, inundaciones, incendios forestales y cambios en el uso del suelo generan nuevas formas de interacción entre seres humanos, fauna silvestre y microorganismos. En otras palabras, la salud pública del siglo XXI no puede pensarse únicamente desde la perspectiva de hospitales y medicamentos; exige comprender la profunda interdependencia entre ambiente, territorio, alimentación, vivienda, agua, biodiversidad y condiciones laborales.

Por ello, hablar del derecho a la salud implica necesariamente hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en su conjunto. Ningún sistema sanitario puede responder eficazmente a grandes emergencias epidemiológicas si amplios sectores de la población carecen de vivienda digna, acceso continuo al agua potable, alimentación suficiente, seguridad laboral o condiciones ambientales saludables. La vulnerabilidad epidemiológica está íntimamente ligada a la desigualdad estructural.

México enfrenta así una problemática histórica. Puede continuar administrando fragmentariamente las crisis sanitarias, reaccionando de manera contingente ante cada emergencia, o puede asumir la construcción de un verdadero proyecto
nacional de protección integral de la salud. Ello requiere comprender que el fortalecimiento del sistema sanitario constituye una inversión estratégica en seguridad humana, estabilidad democrática y cohesión social.

La magnitud del desafío exige una visión de Estado; y en el contexto del federalismo mexicano, donde concurren competencias, responsabilidades y facultades entre la federación, las entidades federativas y los municipios, resulta indispensable avanzar hacia un gran pacto nacional por la salud. Un acuerdo de esta naturaleza tendría que articular compromisos presupuestales de largo plazo, mecanismos transparentes de coordinación institucional, fortalecimiento de la atención primaria, formación acelerada de personal especializado, inversión sostenida en infraestructura y un robusto sistema nacional de vigilancia epidemiológica y ambiental.

Sin embargo, un pacto de esta magnitud no puede construirse únicamente desde los gobiernos. Requiere la participación activa de universidades, centros de investigación, colegios profesionales, organizaciones sociales, comunidades locales y sectores productivos. Implica también recuperar la idea de que la salud es un bien público fundamental y una responsabilidad colectiva.

La pandemia mostró que ninguna sociedad puede sostenerse cuando sus sistemas de protección colapsan; pero también evidenció que las respuestas más eficaces surgen cuando existe confianza institucional, cooperación social y capacidad de acción coordinada.

Lo que urge es avanzar lo más rápidamente posible en ese sentido; porque lo que es un hecho, de acuerdo con numerosos especialistas en epidemiología es que la “gran epidemia” está aún por llegar y no podemos no estar listos para cuando ocurra.

Investigador del PUED-UNAM