Senado avala reformas para regular y transparentar deudas de estados
La cámara alta aprobó en lo general la reforma constitucional que contempla sanciones contra quienes desvirtúen información financiera de recursos públicos.
(Foto: Cuartoscuro)

El pleno del Senado aprobó en lo general la reforma constitucional que busca regular y transparentar las deudas en las entidades, así como establecer sanciones para aquellas que no establezcan medidas de ajuste ante alto endeudamiento.

El dictamen se aprobó en lo general por 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, mientras que en lo particular se reservaron los artículos 73, 79, 117, así como tres transitorios.

La resolución otorga a la Cámara Alta la facultad para aprobar, o en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda y destaca que conforme a las reformas aprobadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, falsear o desvirtuar información financiera con el objeto de ocultar la real situación, constituye una falta administrativa grave y es también motivo de sanciones penales.

El Senado también conocerá los convenios en aquellos casos donde hayan sido celebrados por los estados que no tengan niveles elevados de deuda, pero que buscando reducir el costo financiero de su deuda, decidieron acceder a este mecanismo financiero, informó un boletín legislativo.

La reforma prohíbe que se destinen los recursos de los empréstitos -fuentes de financiamiento ajenas-a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal y establece la creación de un registro único, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento.

Asimismo permite a los gobiernos estatales otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito, bajo condiciones financieras más favorables y mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.

También contempla la posibilidad de que estados y municipios contraten financiamientos de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y “siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente”.

(Con información de Notimex)






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