Diputados aprueban reformas para ampliar las atribuciones de la ASF
Las reformas establecen que el titular de la ASF será suplido en sus ausencias temporales por auditores especializados y titulares de unidad.
- Redacción AN / MDS
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellas la creación de un sistema nacional de registro de datos sobre el uso de recursos federales y la posibilidad de investigar faltas administrativas graves en cualquier momento, incluso fuera de los procesos ordinarios de fiscalización.
Con 390 votos a favor en lo general y en lo particular, el Pleno avaló modificaciones a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
Entre los cambios centrales, se establece que la ASF podrá investigar, de oficio o a partir de denuncias, presuntas faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin depender del ejercicio fiscal en revisión. Además, cualquier persona podrá presentar denuncias mediante los canales que disponga la Auditoría.
La reforma también crea un Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, que será coordinado y administrado por la ASF. En este sistema, los entes públicos deberán reportar información sobre el uso de recursos, incluidos datos contables y de beneficiarios finales.
En materia de fiscalización, la Auditoría deberá notificar todas las actuaciones de manera personal o por medios electrónicos y emitir resoluciones sobre las respuestas de los entes fiscalizados en un plazo de 120 días hábiles. Posteriormente, tendrá 90 días hábiles adicionales para enviar los dictámenes técnicos de no solventación a las áreas de investigación.
Foto: Cámara de Diputados
El dictamen también permite a la ASF celebrar convenios de coordinación con entidades de fiscalización estatales para revisar el uso de recursos federales transferidos a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, sin que esto implique delegar sus facultades constitucionales.
Asimismo, se establece la obligación de los entes públicos de registrar información detallada sobre el ejercicio de recursos federales en los formatos que determine la ASF, y se prevé que el titular de la Auditoría sea suplido en sus ausencias temporales por auditores especializados o titulares de unidad.
En los artículos transitorios se fija que la ASF deberá adecuar su normativa en un plazo de 90 días naturales y emitir los lineamientos para la operación del nuevo sistema en un máximo de 180 días. También se precisa que la implementación se realizará con los recursos presupuestales existentes, sin asignaciones adicionales.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, señaló que el objetivo es reforzar a la Auditoría para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos: “Una Auditoría que va a ser ágil, digital y tecnológicamente integrada a la respuesta de una ciudadanía que exige cuentas claras”.
El panista Éctor Jaime Ramírez Barba sostuvo que “fortalecer la ASF es una obligación democrática”, al advertir que el mal uso de recursos públicos vulnera la confianza ciudadana.
En la imagen, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel. Foto: Cuartoscuro. Tratamiento: AN
Por su parte, el petista Ricardo Mejía Berdeja, subrayó que la ASF podrá presentar denuncias directamente ante tribunales administrativos cuando detecte irregularidades graves durante las revisiones.
El priista Carlos Gutiérrez Mancilla consideró que la reforma moderniza la fiscalización y permite actuar con mayor oportunidad: “Necesitamos instituciones que puedan saber en tiempo real o con la mayor proximidad cómo se ejerce cada peso del presupuesto”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes De la Torre, afirmó que los cambios fortalecen las facultades de la ASF y reducen espacios para la impunidad: “La corrupción se combate con instituciones que funcionan”.
El pasado 10 de marzo la Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la ASF, en sustitución de David Colmenares. Su designación provocó críticas de especialistas, que señalaron su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, fue secretario particular de la actual mandataria durante su periodo como jefa de gobierno capitalina.
Denuncian “cártel de la fiscalización”
La auditora forense y especialista en anticorrupción Muna Dora Buchahin acusó en Aristegui en V¡vo la existencia de lo que denominó como un “cártel de la fiscalización” al interior de la Auditoría.
Buchahin describió vínculos familiares y políticos entre funcionarios que han ocupado cargos en distintos niveles de la administración pública. Señaló la existencia de plazas dentro de la ASF ocupadas por familiares de Hernández Palacios que “son representantes legales de sus empresas”.
Se refirió a la presunta “venta de servicios” dentro del sistema de fiscalización, que se reflejaría en resultados de auditorías con pocas o incluso “cero observaciones” pese a los problemas detectados en diversas dependencias, entidades o municipios.
De acuerdo con la especialista, las irregularidades se concentran particularmente en áreas donde se revisa o se determina si las observaciones derivadas de auditorías se solventan. “En un primer término se solventan en la misma área donde estaba Aureliano, que era el jefe mayor de todo ese cártel, igual que con [Emilio] Barriga era el operador”, agregó.
