opinión*
¿Política de bienestar o Estado de Bienestar? (Artículo)
por Rogelio Muñiz Toledo
Cuartoscuro / Archivo

Rogelio Muñiz Toledo

Debemos afrontar los socialistas la idea de solidaridad social … Si no, tendríamos que olvidar toda la herencia de la ilustración y aceptar como algo natural la pobreza, la desigualdad, la existencia de riquezas personales escandalosas en un contexto de hambre: Felipe González Márquez*

Uno de los aspectos más consistentes del incipiente gobierno federal ha sido la orientación de su política de bienestar. El presidente López Obrador se propuso reestructurar el presupuesto de egresos para financiarla y lo logró; para 2019 su equipo económico elaboró un presupuesto equilibrado en el que los recursos para los programas sociales se incrementaron, sin poner en riesgo la disciplina fiscal.

No obstante que a muchos siguen incomodando las referencias del presidente de la República a las fallidas políticas neoliberales de las tres últimas décadas, es un hecho que la política social de los gobiernos anteriores no logró el objetivo de disminuir las desigualdades sociales y erradicar la pobreza. Incluso entre los partidarios de las políticas neoliberales existe consenso en torno a que la injusta distribución del ingreso y la pobreza han alcanzado niveles inaceptables e insostenibles, por lo que es impostergable crear un sistema integral de bienestar social.

Con el monto de la inversión social del gobierno federal para este año, los programas sociales dirigidos a los tres grupos vulnerables en los que el presidente de la República centró las prioridades de su política social contarán con más de 120 mil millones de pesos y se ha puesto en marcha una política de bienestar basada en programas de transferencias monetarias directas que son consideradas un instrumento eficaz de política social para combatir la desigualdad y la pobreza.

El reto para el gobierno del presidente López Obrador es que la política de bienestar de su gobierno se oriente hacia la construcción de un sistema integral de bienestar social, que garantice a toda la población un ingreso suficiente para contar con un piso a partir del cual sea posible cerrar las brechas de desigualdad y combatir la pobreza.

Una vez consolidada la implementación de los programas sociales, el gobierno debiera impulsar reformas constitucionales y legales para crear un sistema integral de bienestar social, como política de Estado y no solo como programa de gobierno, y en el mediano plazo, un Estado de Bienestar que conduzca al país a una más justa distribución del ingreso y a la disminución de las brechas de desigualdad social -preservando las libertades económicas en el marco de la economía de mercado- y que permita crear un sistema universal de derechos a la educación, la salud, la vivienda, los servicios sociales básicos y las pensiones, para elevar progresivamente los niveles de bienestar de toda la población y erradicar la pobreza.

La creación de un Estado de Bienestar llevaría a establecer las bases constitucionales de un Estado social de derecho, lo que significaría redefinir la función social del Estado y establecer una política social sustentada en la estabilidad económica y en una política fiscal que soporte la inversión pública en el bienestar y que tenga como objetivos: la distribución más equitativa del ingreso, el logro progresivo de la plena efectividad de todos los derechos económicos y sociales, mediante el establecimiento de las garantías constitucionales para su ejercicio, y la erradicación de la pobreza.

Además, la creación de un Estado de Bienestar, o al menos la constitucionalización de un sistema integral de bienestar social, serían la garantía de continuidad de las políticas de bienestar, independientemente del partido que esté en el gobierno, y establecerían las bases para que, en los tres órdenes de gobierno, se erradiquen la utilización ineficiente de los recursos públicos destinados al bienestar, la duplicidad de programas sociales y su implementación sin reglas de operación, así como el clientelismo político y el uso electoral de los programas sociales, de las transferencias monetarias o en especie y de los servicios sociales que presta el Estado.

Esto generaría las condiciones para que, como lo ha señalado Jürgen Habermas, el Estado cuente con mejores instrumentos para “satisfacer las expectativas de beneficios, es decir, las condiciones fiscales, jurídicas y de infraestructura para un rendimiento del capital que produzca beneficios” y, al mismo tiempo, “garantizar las mismas libertades para todos y cumplir las exigencias de la justicia social, encontrando el equilibrio a las dos caras de la moneda: una distribución de la renta justa y una seguridad del estatus social, así como unos servicios públicos y un mantenimiento de los bienes colectivos.”

*Ex presidente del gobierno español

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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