Gobierno capitalino promueve 12 amparos para devolver gasolinas a precios anteriores
Con apoyo de constitucionalistas como Raúl Carrancá, la Consejería Jurídica de la CDMX pondrá a disposición de ciudadanos formatos para que presentan sus propios amparos

El Gobierno de la Ciudad de México promovió los primeros 12 juicios de amparo para tratar de revertir el aumento del 24 por ciento al precio de las gasolinas, con el argumento de que los acuerdos expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en diciembre de 2016 son inconstitucionales, carentes de fundamentación y violan el principio de certeza jurídica.

La estrategia está encabezada por el Consejero Jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, quien ha solicitado a los juzgadores federales declarar la inconstitucionalidad del acuerdo emitido por Hacienda para la liberalización de los precios de las gasolinas, con el propósito de que sean invalidados.

Un formato con los alegatos de estos juicios de amparo estará a disposición de la población en general en la página web de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, para que organizaciones y ciudadanos presenten de forma individual sus propias impugnaciones, lo que a juicio de los convocantes, obligaría al Poder Judicial de la Federación (PJF) a que se pronuncie sobre el caso con “sensibilidad social”.

De acuerdo con Manuel Granados, los alegatos fueron revisados por abogados constitucionalistas, quienes también han impugnado los artículos de la reforma energética que excluyen a esta materia del juicio de amparo, por considerar que no son acordes con la propia Ley de Amparo.

El Consejero Jurídico agregó que el objetivo de los recursos legales es regresar a los precios anteriores de las gasolinas con el argumento de que los acuerdos que imponen tarifas diferenciadas en 83 regiones violan los principios constitucionales de igualdad, equidad y proporcionalidad, debido a que no hay ningún tipo de explicación para justificar el esquema que autoriza precios distintos por regiones, incluyendo tres zonas distintas en la Ciudad de México.

“Lo que se ha establecido como esquema de estrategia jurídica es en dos vertientes, primero señalar la falta de fundamentación y motivación de los acuerdos oficiales por los que se ha generado la flexibilización de los precios de las gasolinas, violentando el principio constitucional de igualdad pero también haciendo alusión a la falta de equidad y proporcionalidad de esta medida. El efecto del juicio de amparo es que las tarifas vuelvan a su estado anterior”, explica.

El abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas consideró que este amparo es de gran trascendencia, por lo que su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería un paso natural para su análisis y resolución, destacando que el argumento principal de la impugnación es el desorden manifiesto en la imposición de tarifas para el precio de los combustibles, así como la violación a los principios de igualdad ante la ley y certeza jurídica que establece la Carta Magna.

“Es la flexibilización la que nos parece totalmente arbitraria, no hay un criterio jurídico, se han violado principios fundamentales que establece el artículo 16 constitucional, los acuerdos no están debidamente fundamentados ni motivados, no se explica por qué en esta delegación el precio de la gasolina es uno, por qué en otra delegación es otro, no lo explican y eso es gravísimo”, revira Carrancá.

A la estrategia de amparos contra el gasolinazo se sumaron integrantes de la Barra Mexicana de Abogados y otros constitucionalistas de la UNAM como Eduardo López Betancourt y Carlos Daza Gómez, así como Talía Vázquez, defensora de los grupos de autodefensa en Michoacán.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), hasta la tarde de ayer se habían presentado más de 50 amparos que impugnan el gasolinazo tan sólo en los juzgados administrativos de la Ciudad de México.

Por lo pronto, la SCJN emitió un primer acuerdo en el que advierte que no es competente para revisar los juicios de amparo contra el gasolinazo que han presentado diversos ciudadanos directamente en su Oficialía de Partes, por lo que a partir de ahora todas las impugnaciones contra la liberalización del precio de las gasolinas que lleguen al Máximo Tribunal serán enviados a los juzgados federales que revisan la materia administrativa.






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