Reforma a Ley de Amparo va contra empresas y derechos humanos: Gómez Fierro

El magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro advirtió que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, debilita el principal mecanismo de protección de los derechos humanos en México y podría afectar a ciudadanos, empresas y concesiones comunitarias.

En entrevista para Aristegui en Vivo, explicó que aunque algunos ajustes matizaron la iniciativa, persisten cambios que limitan la suspensión, la procedencia del amparo y la certeza jurídica, e incluyen lo que la oposición ha calificado como “retroactividad disfrazada” en el artículo tercero transitorio.

“Lo que he notado desde un principio es que esta iniciativa no buscaba fortalecer al juicio de amparo, sino más bien debilitarlo, porque prácticamente vedaba el interés legítimo, debilitaba de manera importante la suspensión, el cumplimiento de las sentencias y algunos aspectos procesales”, señaló Gómez Fierro.

El magistrado destacó que la suspensión es “el alma del juicio de amparo” y advirtió que modificaciones como la fracción cuarta del artículo 128, que exige acreditar la apariencia del buen derecho, podrían dificultar que los jueces otorguen medidas cautelares.

Esto queda ahí, en un lugar oscuro, porque no sabes si lo van a aplicar a favor o en contra.

Gómez Fierro explicó que el artículo tercero transitorio fue calificado como retroactividad disfrazada porque, aunque establece que las normas procesales no se aplican retroactivamente, otras normas sustantivas sí podrían afectar derechos ya consolidados de los ciudadanos.

“No todas las normas son procesales, hay normas que se aplican de manera retroactiva porque afectan derechos sustantivos”, dijo.

Entre los cambios más preocupantes, el magistrado señaló que la reforma originalmente impedía la suspensión de permisos y concesiones, afectando desde pequeñas y medianas empresas hasta concesiones comunitarias.

“Tras modificaciones en (las cámaras de) senadores y diputados, ahora se permite la suspensión de permisos previos, pero hay otras afectaciones que no se quitaron, y habrá que ver cómo se materializan en el tiempo”, advirtió.

Asimismo, Gómez Fierro criticó la reducción de la procedencia del amparo frente a créditos fiscales, lo que puede generar incertidumbre jurídica para los ciudadanos que presentaron demandas bajo la ley vigente.

Te puede interesar>Diputados aprueban reforma a Ley de Amparo; oposición acusa retroactividad encubierta

Señaló que estos cambios afectan directamente la certeza jurídica, “porque tú vas a un procedimiento que está regido por ciertas normas y durante el trámite te lo cambian; es como cambiar los caballos a la mitad del río”.

El magistrado recordó que el juicio de amparo ha sido durante casi dos siglos el principal mecanismo de protección de derechos humanos en México, y que la reforma, aun con ajustes, continúa debilitándolo.

“Para mí, el balance sigue siendo negativo porque no fue una reforma en pro de la justicia o de los ciudadanos, sino que finalmente sí terminó debilitando al juicio de amparo como principal mecanismo que tenemos para proteger derechos humanos en México”, advirtió.

Gómez Fierro también relacionó esta reforma con cambios previos al Poder Judicial, incluyendo la elección popular de jueces y magistrados y la creación de tribunales de disciplina, que según él consolidan un debilitamiento del funcionamiento independiente de los tribunales.

Si lo leemos en lógica, prácticamente estamos debilitando de manera importante al poder judicial de la federación y a la protección de los derechos humanos en México.

El magistrado compartió ejemplos prácticos de cómo estas reformas pueden afectar a la ciudadanía y empresas; mencionó casos como la industria eléctrica, donde decisiones judiciales derivadas de la reforma han generado presión política sobre jueces y consecuencias directas para su patrimonio.

Además, alertó que la curva de aprendizaje judicial, que normalmente dura entre 10 y 20 años, se ha visto interrumpida, generando un debilitamiento gradual del Poder Judicial que impactará durante décadas.

Sin embargo, Gómez Fierro señaló que la reforma también incorpora avances como la justicia digital y plazos más claros para resolver en primera instancia, pero advirtió que estas mejoras no compensan los efectos negativos sobre la suspensión, la apariencia del buen derecho y la retroactividad de normas sustantivas.

Según el magistrado, estas modificaciones afectan derechos ya consolidados de ciudadanos y empresas, y podrían ser utilizadas como mecanismo de presión política.

Sobre lo que sigue, Gómez Fierro explicó que ahora los tribunales y jueces deberán adaptarse a la nueva ley, y los abogados tendrán que presentar sus demandas considerando la exigencia de la apariencia del buen derecho.

Esto, dijo, generará un periodo de incertidumbre judicial, ya que las resoluciones podrían ser más restrictivas y tardar más en otorgarse. El magistrado advirtió que los próximos meses serán clave para observar cómo se aplica la reforma en la práctica y cómo impactará en permisos, concesiones, créditos fiscales y en la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Finalmente, advirtió que la reforma no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio de debilitamiento del sistema judicial y de retrocesos en derechos que habían sido fortalecidos con la reforma de 2011.

“En 2011 todos celebrábamos que se fortaleciera el juicio de amparo y los derechos humanos; ahora, prácticamente 13 años después, venimos a debilitarlos. Es un retroceso importante que tendrá consecuencias a largo plazo”, concluyó.