Denuncian inminente violación a derechos humanos, indígenas y agrarios en Tepoztlán
Alertan autoridades comunales de Tepoztlán sobre inminentes violaciones a derechos agrarios e indígenas en el proyecto de sentencia de la Suprema Corte respecto a las tierras comunales tepoztecas.

El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, Agustín Rojas Cuevasseñaló en conferencia de prensa que el proyecto de sentencia 40/2017, que ha preparado el Ministro Eduardo Medina Mora, de la Segunda Sala de la SCJN, pone en grave riesgo diversos derechos de la comunidad indígena de Tepoztlán.

Mediante el mencionado proyecto, el ministro busca amparar a la empresa Pirámide y Convento, en contra de diversas y reiteradas resoluciones de los tribunales agrarios que han resuelto y demostrado fehacientemente que las tierras en cuestión le pertenecen a Tepoztlán y que han ordenado que les sean restituidas, señalaron los asesores legales de los comuneros.

De dictarse la sentencia prevista en el proyecto, afirmaron, se estaría violando todo el marco legal relativo a los derechos indígenas, tanto en lo referente a los artículos primero y segundo de la Constitución, como los convenios y acuerdos internacionales en la materia. El proyecto de sentencia ignora el hecho de que esa comunidad se reconoce como una comunidad indígena, y en dicho proyecto se omite analizar el caso con base en el marco legal correspondiente. De aprobarse este proyecto, resultaría violatorio de los derechos humanos territoriales de la comunidad, de su derecho al debido proceso y el relativo a obtener justicia de manera pronta y expedita, mencionaron.

Por otro lado, los asesores legales del comisariado señalaron que el equipo del magistrado Medina Mora pretende con su proyecto de sentencia, que se apliquen de manera discrecional y arbitraria los reglamentos agrarios en beneficio de los empresarios y fraccionadores.

Son 280 hectáreas de bosques y tierras agrícolas dentro del corredor biológico Ajusco Chchinautzin y el Parque Nacional El Tepozteco, que desde el año 1929 fueron dotadas al pueblo de Tepoztlán como núcleo agrario comunal mediante un decreto presidencial, y que años más tarde fueron fraudulentamente escrituradas a la empresa que hoy las reclama, y que ha pretendido construir en ellas un fraccionamiento de lujo y un club de golf.

En la década de 1960, la empresa logró que de manera violatoria a los reglamentos agrarios, un funcionario del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización les firmara seis ‘oficios de exclusión’ que avalarían excluir del territorio comunal a seis predios que en su conjunto suman las 280 hectáreas. Los tribunales agrarios, a lo largo de casi 20 años, han estudiado los oficios a la luz de la ley agraria y sus reglamentos, y en todos los casos han concluido que tales ‘oficios’ son totalmente ilegales e inadmisibles, y que por tanto las tierras deben ser restituidas de inmediato a la comunidad.  

El proyecto de sentencia de la Corte pretende, por el contrario, regresar nuevamente el asunto a los tribunales agrarios, pero ahora imponiéndoles a éstos el impedimento de que utilicen en el análisis el reglamento respectivo, dejando a los tribunales sin instrumentos jurídicos y por lo tanto abriendo la puerta para una resolución arbitraria y discrecional, explicaron los asesores del comisariado.

La Comunidad Agraria e Indígena de Tepoztlán, ante la inminente resolución del asunto, pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  1. Se resuelva en definitiva el conflicto entre la comunidad indígena de Tepoztlán y la Empresa Pirámide y Convento, negando el amparo a la empresa y restituyendo a la comunidad las 280 hectáreas que le pertenecen.
  2. Se aplique la legislación nacional e internacional que protege los derechos territoriales y agrarios de las comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren pueblos y indígenas y comunidades”, publicado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se ordene la entrega jurídica y material de las tierras de manera inmediata con todas sus accesiones y frutos ‘a fin de poder llevar a cabo el proyecto que por muchos años hemos anhelado, de construir una Universidad Intercultural’, concluyó el presidente del Comisariado.

La Asamblea Comunal ha acordado desde hace años que el destino de esas tierras será para la restauración ambiental, el establecimiento de campos experimentales, e instalaciones educativas y deportivas en beneficio de la propia comunidad. El pueblo rechaza tajantemente que esas tierras forestales y agrícolas se fraccionen y se urbanicen.

 



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