opinión*
La Constitución capitalina, un programa político para la Ciudad de México
por Rogelio Muñiz Toledo
Saúl López / Cuartoscuro / Archivo

Rogelio Muñiz Toledo

 

La interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma: Luigi Ferrajoli*

La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo 17 de septiembre y ese mismo día se instalará el primer Congreso de la Ciudad. Iniciarán la transformación del régimen político de la Capital de la República y una nueva era en la Ciudad, en la que la dignidad humana será el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.

La primera Constitución de la Ciudad es, a la vez, punto de llegada y de partida en la historia política de la Ciudad. Es punto de llegada, porque responde a las aspiraciones de sus habitantes, manifestadas durante décadas de pugnar por sus derechos: soberanía popular, autonomía constitucional, protección de los derechos humanos, libertad e igualdad en derechos y fraternidad para garantizar una vida dignidad para todas las personas. Es punto de partida, porque como lo señala Ferrajoli, en el paradigma de la democracia constitucional, las constituciones no solo contienen reglas para la organización, ejercicio y control del poder, sino que “constituyen también un programa político” en forma de “utopías de derecho positivo” para lograr “la igualdad en los derechos fundamentales”.

El programa político de la Constitución de la Ciudad -que no es un programa partidista o de alguna corriente política en particular, entre otras razones porque no está a disposición de ninguna fuerza política, ni siquiera de la mayoría- puede sintetizarse en tres principios: el pleno ejercicio de los derechos, la igualdad sustantiva y el bienestar de todas las personas. En él subyace un debate ideológico profundo sobre los derechos reconocidos por la Constitución, sus principios rectores, la función social de la Ciudad y la distribución del poder y su ejercicio democrático.

El proceso constituyente de la Ciudad de México fue también un proceso ideológico. Desde la reforma a la Constitución Federal que dio paso a la Asamblea Constituyente y a la primera Constitución de la Ciudad, hasta su impugnación ante la Suprema Corte, existió un debate ideológico, explícito o implícito, en ocasiones soterrado, en el que hubo una tensión entre las visiones liberal-progresistas y las posiciones conservadoras.

Durante la reforma a la Constitución Federal, imprescindible para lograr la reforma política de la Ciudad de México, se manifestaron visiones encontradas sobre la naturaleza jurídica de la Capital de la República y el ejercicio pleno de la soberanía popular por sus habitantes. Finalmente triunfaron las ideas federalistas y favorables a la descentralización y distribución del poder, frente a las posturas centralistas y proclives a su concentración, y se logró la incorporación en el texto constitucional de un mandato que es también base de la Carta de Derechos de la Ciudad: “La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos”.

En la etapa de redacción del proyecto de Constitución de la Ciudad y en los debates en la Asamblea Constituyente, siempre prevaleció la visión progresista frente a las posturas conservadoras, y se logró un gran consenso en favor de la ampliación, progresividad y protección de los derechos, de la garantía de las libertades y de la vigencia y efectividad de los derechos sociales, del derecho a la Ciudad y de su desarrollo sustentable. En el texto de la Constitución de la Ciudad subyace un proceso ideológico que en algún momento habrá que desvelar para entender mejor sus contenidos.

Incluso en la etapa de impugnación de la Constitución de la Ciudad se reflejó esa tensión ideológica entre progresistas y conservadores. De la simple lectura de las demandas del gobierno federal se desprende con claridad su resistencia a reconocer el derecho del pueblo de la Ciudad de México a ejercer plenamente su soberanía; su oposición a la ampliación y a la progresividad de los derechos; e incluso la pretensión de regresividad respecto de algunos de ellos, cuyo reconocimiento en la Ciudad ha sido producto de batallas jurídicas, políticas e ideológicas ganadas por sus habitantes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto la mayor parte de las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad y reconoció la validez de la mayoría de los artículos cuya constitucionalidad cuestionó el gobierno federal. En su carácter de tribunal constitucional, a la Suprema Corte correspondió determinar si los artículos impugnados eran o no contrarios a la Constitución Federal. Pero sin duda, en el reconocimiento de validez de la Carta de Derechos, y de algunos derechos en particular, está implícito un juicio favorable al programa político progresista contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

* Jurista ítalo-francés. Fue juez en Italia y es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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