PGR ha sido omisa en caso Tlatlaya, resuelve juez y manda investigar orden de “abatir delincuentes”
La autoridad ministerial deberá programar nuevas diligencias precisando su propósito y plazos para realizarlas que no excedan 30 días hábiles.

Un juzgado federal acreditó que “la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos” ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, cuando murieron 22 personas a manos del Ejército.

Mario Cruz Díaz, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, decidió amparar -en ausencia del titular del Juzgado por vacaciones- a una persona que reclamó ante la justicia federal omisiones de un agente del Ministerio Público y altos funcionarios de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con el diario español El País, la persona amparada es Clara Gómez, testigo de los hechos y madre de una joven de 14 años víctima mortal aquel 30 de junio de 2014.

“La autoridad ministerial (…) no ha realizado diligencia alguna diversa encaminada a la investigación de los hechos ni a la orden emitida a los elementos militares, a la cadena de mando, al igual de que tampoco se ha pronunciado respecto se existen otras indagatorias que puedan ser acumuladas a la que está bajo su integración”, concluyó el secretario del juzgado en la sentencia, disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal.

Mario Cruz Díaz insistió en su sentencia en que “resulta necesario realizar las diligencias correspondientes para desentrañar la intención” de la orden militar de “abatir delincuentes en horas de obscuridad” y que está contenida en un oficio con fecha del 11 de junio de 2014, 19 días antes de los hechos de Tlatlaya.

Sobre la orden, en los antecedentes de la sentencia se lee que el 16 de octubre de 2016 fue entrevistado un teniente coronel de Infantería, quien dijo no poder exponer cuál era el sentido de la frase “abatir delincuentes en horas de obscuridad”, pues ésta era parte de un machote y él no era su autor inicial.

La sentencia ordena a la Procuraduría General de la República lo siguiente:

  • Establecer si existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que pueda ser acumulada a la que se encuentra integrando.
  • Señalar pormenorizadamente las diligencias que considere pertinentes realizar a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos denunciados.
  • Puntualizar cuál es el objeto de realizar cada una de las diligencias.
  • Programar las diligencias cronológicamente (ninguna podrá exceder de treinta días hábiles para su realización).

De manera particular la quejosa también reclamaba omisiones de Raúl Cervantes, procurador general de la República; Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos y del director general de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, pero el secretario del Juzgado consideró inexistentes dichas omisiones.

Sentencia completa:

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