Indígenas: rama torcida en la ruta de inconstitucionalidad, artículo de Julio Moguel - Aristegui Noticias
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Indígenas: rama torcida en la ruta de inconstitucionalidad, artículo de Julio Moguel
por Julio Moguel
(Foto: José I. Hernández).

Lo indígena: una rama torcida en el curso de la inconstitucionalidad

Julio Moguel

 

I

La promoción de varias acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un texto tan complejo y significativo como la recientemente publicada Constitución Política de la CDMX, no debería ser materia de enojo o de preocupación para nadie, pues el recurso es claramente entendible y se ajusta con asepsia plena a la norma jurídica vigente.

Pero sí caben el enojo y la preocupación cuando dicha “promoción” llega en cascada con una ramificación de aguas que provienen de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Presidencia de la República, y cuando el número de artículos constitucionales que se impugna suma más de la mitad de los contenidos en el texto que se implica o, si nos atenemos al “concepto de invalidez” número 38 del documento presentado por la PGR, el número de artículos de los que se pide su anulación suma la totalidad de la Carta Magna que se impugna, pues el referido concepto de invalidez pide considerar la “inconstitucionalidad de todos los artículos de la Constitución de la CDMX al no observar lo dispuesto en el artículo Novelo Transitorio del Decreto de Reformas a la CPEUM en materia política de la Ciudad de México: violación al proceso legislativo”.

La desproporción de la referida exigencia llegaría –en el absurdo– a invalidar de hecho toda la labor desarrollada por la Asamblea Constituyente, no sin considerar que la referida promoción de acciones de inconstitucionalidad ya descalifica la capacidad y la solvencia política e intelectual de todos aquellos que formaron parte de la mencionada Asamblea, incluyendo a los que representaron en ella al Partido Revolucionario Institucional en general y, en particular, a las personalidades que fueron seleccionadas por el Ejecutivo federal para representarlo en la referida tarea legislativa.

No es ni puede ser tema de esta columna hacer algún esfuerzo de análisis sobre el conjunto de los conceptos de invalidez que se presentan. Pero sí quisiera opinar sobre uno en particular, marcado en el número “trigésimo séptimo” de la promoción de acción de inconstitucionalidad presentado por la PGR, a saber: “La violación al proceso legislativo, toda vez que no se realizó de conformidad con los parámetros constitucionales y convencionales, la consulta a las comunidades indígenas”.

II

Distingue al recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR sobre el tema de “la consulta indígena” la acuciosidad y el rigor del argumento que lleva a la impugnación: la defensa puntual del marco legal de máxima exigencia que sobre el tema establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (de 2007).

La marcada distinción tiene que ver con el hecho, por todos conocido, de que el Estado mexicano no ha sido particularmente proclive a desarrollar el referido recurso a la consulta frente a las multiplicadas exigencias sobre el mismo surgidas de los pueblos comunidades indígenas de México. Si el rigor argumental que en este caso aplica la PGR para pedir la inconstitucionalidad de no pocos artículos de la Carta Magna de la CDMX (los artículo 2, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 52, 53, 57, 58 y 59) implica un viraje radical por parte del Estado mexicano, habría que celebrarlo; pero nada mueve a suponer que se trate de este caso. Más bien parece un rigorismo de carácter técnico-jurídico que se suma a lo que –acaso pudiéramos suponer ya con algún buen argumento a estas alturas– parece un despropósito marcado por la necesidad de confrontar el mencionado texto constitucional a toda costa y en todo lo posible.

Es notable, de la petición de invalidez de la PGR, que en el caso referido se reduzca a señalar que se omitió, de la consulta organizada “para la emisión de la Constitución de la CDMX”, preguntar “una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas” como: “la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; El posible reasentamiento; El agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; La destrucción y contaminación del ambiente tradicional (sic); La desorganización social y comunitaria; y Los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros”.

Pero tal cuestionamiento obliga de inmediato a la pregunta: ¿por qué dice o supone la PGR que los elementos mencionados no fueron considerados en la consulta que se hizo a los Pueblos y Barrios Originarios y a las Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX para valorar el tema indígena en el texto constitucional? Cualquiera que se haya acercado a las asambleas que se organizaron para la realización de la consulta referida podría atestiguar que todos esos elementos fueron expresamente señalados o tocados, en los términos y bajo la versiones plurales y diversas en las que tales problemáticas pueden ser consideradas de manera colectiva en la valoración de un material tan complejo como el señalado texto constitucional.

Más aún: no pocos diputados constituyentes –de todos los colores y sabores– pusieron su pie en las denominadas asambleas informativas –previas a las asambleas de opinión y deliberación que se organización con los Pueblos y Barrios Originarios y las Comunidades Indígenas Residente de la CDMX–, y pueden constatar de viva voz frente a cualquier medio o tribunal que no hubo restricciones reflexivas ni obstáculo alguno para que el proceso de consulta tomara un buen curso y se desplegara hasta el final “en tiempo y forma”.

***

“No hicieron caso a aviso de errores en Constitución”, señaló en El Universal (15 de marzo) el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos. Pero se impone la pregunta: ¿quiénes fueron los que no hicieron caso sobre los mencionados errores, en un campo de fuerzas que, como ya hemos señalado, incluyó a destacadas personalidades nombradas por parte del propio gobierno federal, y a diputados y senadores de variopinta membresía, entre los que hubo destacados militantes del Partido Revolucionario Institucional?

Ojalá Humberto Castillejos nos diera los nombres de quienes se rebelaron ante el consejo puntual del Poder Ejecutivo Federal, pues ayudaría sin duda a medir, en el país, cuál es la nueva correlación política de fuerzas.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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