opinión*
¿Un Partido Verde Ecologista que legisla contra los bosques?
Territorios Indómitos por Raúl Benet

Por Raúl Benet

Resulta paradójico que precisamente un partido que lleva en su nombre el tema ambiental, el Partido Verde, esté empeñado en imponer precipitadamente y sin mayor análisis una nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable que de aprobarse como proponen sus diputados, contribuirá al proceso de deterioro de los bosques y selvas de nuestro país y perjudicará a las comunidades que habitan en esos territorios.

El manejo de los territorios forestales por parte de las comunidades, cuando se hace de manera sustentable, es una de las estrategias más efectivas para mantener a los bosques sanos y garantizar su conservación, además de constituir una oportunidad muy valiosa, única, para el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Pero el manejo forestal sustentable y las empresas forestales comunitarias requieren un marco legal que establezca condiciones para su desarrollo y competitividad. El marco legal actual bloquea a las empresas forestales comunitarias, conculca derechos de las comunidades a decidir sobre su territorio, establece trabas y barreras contraproducentes, erosiona la gobernanza, criminaliza a los productores legales y en los hechos favorece la ilegalidad y el cambio de uso de suelo forestal, provocando que el bosque se derribe y la tierra se dedique a otras actividades. Eso ha ocurrido durante décadas y hasta la fecha se siguen perdiendo cientos de miles de hectáreas de bosque en nuestro país, precisamente por estos motivos.

Durante varios años ha habido un proceso de construcción de una necesaria y urgente ley forestal que promueva el manejo forestal sustentable y fortalezca a las empresas forestales comunitarias. Ese proceso participativo y amplio se coordinó desde el Consejo Nacional Forestal, contó con la participación de comunidades y ejidos, Consejos Forestales Estatales, organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, academia y otros actores relevantes y derivó en una iniciativa que fue presentada a la cámara de diputados desde el 2014. Esa iniciativa permanece abandonada en los archivos muertos del Congreso, que no son pocos.

En su lugar, el Partido Verde, en clara coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal (que están en manos del mismo partido) presentó una iniciativa aparentemente similar en su forma. Pero esta iniciativa es una versión rasurada, parchada y enmendada profusamente respecto a la propuesta original, hasta hacerla prácticamente irreconocible y y contraria a aquella que fue consultada y aprobada por el Consejo Nacional Forestal. La iniciativa del Verde no sólo no recoge ese proceso de construcción participativa, sino que significa un retroceso respecto a la ley vigente.

En su afán por aprobar a como dé lugar esta iniciativa, el gobierno federal y el Partido Verde han implementado un proceso plagado de irregularidades, caracterizado por una nula transparencia y por una falsa apertura en la que se reciben propuestas para ignorarlas, y que ha llegado incluso al despotismo en el caso del secretariado técnico de la comisión de medio ambiente de la cámara de diputados. Esta forma de proceder se ha convertido en un modus operandi en la imposición de diversas leyes, y se pretende seguir imponiendo en casos como la ley forestal y la ley de biodiversidad, que está prácticamente en la misma situación.

El único argumento que ha sido esgrimido por parte de los diputados y secretarios técnicos que promueven esta iniciativa para aprobarla de manera precipitada y sin una amplia consulta, es que los tiempos electorales y la dinámica misma del congreso hacen imposible abrir el espacio para la participación y el análisis profundo. La sesión de fin de este año, nos dicen, se destinará al presupuesto, y el 2018 será un año electoral, lo que no deja sino el periodo actual para aprobar la ley. No importa mucho si la ley es buena o si resultará peor que la actual, lo único que parece importar es que se apruebe de inmediato.

Para una Ley Forestal que realmente promueva el desarrollo sustentable se requiere un proceso de análisis profundo en el que participen los productores, las comunidades y sus organizaciones, los técnicos, el gobierno, el sector privado, la academia, las organizaciones representativas como los Consejos Forestales Estatales y el Nacional, las organizaciones de la sociedad civil y todos los interesados. Un proceso así, que no tiene que durar años, puesto que ya se ha avanzado significativamente, daría legitimidad al proceso y a sus promoventes, y contribuiría a lograr una ley realmente benéfica para el bosque y para las comunidades rurales. Cada nueva imposición no hace sino profundizar el abismo ya existente entre los políticos y la sociedad.

Raúl Benet

Asesor independiente en medio ambiente y territorio. Biólogo por la Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Fue Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Director Ejecutivo de Greenpeace México, Director de Campañas e Incidencia en Oxfam México, Miembro de la delegación política de Oxfam Internacional, Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


Temas relacionados:
Medio Oriente
Opinión
Sociedad
Escribe un comentario

Nota: Los comentarios aquí publicados fueron enviados por usuarios de Aristeguinoticias.com y han sido editados en orden de llegada. Invitamos a los usuarios a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]