Pemex canceló y suspendió proyectos para favorecer a filial de Odebrecht: Ana Lilia Pérez en #MesaDeAnálisis
Por su parte, el abogado Paulo Diez Gargari Pemex autorizó la adjudicación de un contrato, para transporte de gas etano hasta la planta de Braskem Idesa, a una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.

Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un proyecto y suspendió dos para evitar competir con el complejo Etileno XXI, que fue desarrollado por Braskem Idesa, filial de Odebrecht, afirmó la periodista Ana Lilia Pérez.

Durante la #MesaDeAnálisis con Carmen Aristegui, la periodista comentó que el último informe que Odebrecht dio a sus inversionistas, habla de una serie de compromisos de actuación ética, íntegra y transparente.

“Hablan de medidas internas que incluyen una reestructuración de todo su cuerpo directivo, pero hablan sobretodo de políticas anticorrupción”, dijo.

Asimismo, apuntó, el informe refiere acuerdos muy importantes que están llevando en países como Brasil, Estados Unidos, Suiza, Ecuador, Panamá y República Dominicana, pero “dentro de este capítulo México está ausente para la propia empresa”.

Pérez añadió que ahora que el gobierno está planteando un plan de saneamiento y rescate de Pemex, deberá revisar qué ocurre con este negocios de Odebrecht, a través de su filial Braskem.

Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón se subejercieron recursos que estaban destinados a hacer más productiva la petroquímica y producir etileno

Con base a un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, la periodista sostuvo que “de los cinco proyectos de Pemex Petroquímica, uno se canceló y dos se suspendieron para evitar competir con el proyecto Etileno XXI de la iniciativa privada“.

Abundó que Pemex firmó un contrato para suministrar por 20 años etano a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, que ya ha estado en la polémica por las condiciones de desventaja es las que se le otorgó este contrato, y “ahora se ha podido cuantificar que esto ha provocado a Petróleos Mexicanos casi dos mil millones de pesos de pérdidas“.

Por su parte, el escritor Fabrizio Mejía, comentó que hubo una acción deliberada para hacer poco competitivo a Pemex y favorecer a las empresas privadas.

Además, subrayó, muchos de los funcionarios que dirigieron Pemex, Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad están involucrado en esos negocios.

Por su parte, el abogado Paulo Díez Gargari, quien en junio pasado presentó ante la entonces Procuraduría General de la República una denuncia contra el pacto de impunidad transexenal, señaló que el contrato con Braskem se firma y se celebra sin contar con la aprobación del Consejo de Administración de Pemex.

Además, agregó que unos meses antes de que terminara la administración de Felipe Calderón, el Consejo de una de las empresas de Pemex autoriza que se adjudique el contrato para transporte de gas etano, hasta la planta de Braskem Idesa, a una empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.

El abogado indicó que en temas de corrupción, el gobierno debe ir más allá de los sobornos depositados en alguna cuenta, pues “todos estos grandes proyectos de infraestructura, que se prestan para la corrupción, las formas en las que ocurre la corrupción no son las formas tradicionales, como en los siglos XIX o XX donde una persona recibe dinero en su cuenta y se acabó”.

“Estos son esquemas mucho sofisticados y el pago de los sobornos habrá que verlos muchas veces en el financiamiento de campañas políticas, qué es y a dónde se canalizan las grandes cantidades de dinero sucio que se pactan como contraprestación para este tipo de proyectos”, subrayó.

En su opinión, la Fiscalía General de la República debe retomar todas esas pistas y empezar a hacer una investigación seria que conduzca a identificar a los responsables. 

“Que no nos digan que es una cosa moral y no jurídica, porque incluso si hubiera delitos ya prescritos, habría que perseguir a aquéllos que ya dejaron deliberadamente que prescribieran esos delitos“, abundó.

El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia de un tribunal federal que declaró ilegal e indebida la conclusión del contrato que MVS firmó con la periodista Carmen Aristegui, así como su salida de la radio ocurrida el 15 de marzo del 2015.

Al respecto, Pérez consideró que estar bajo el acoso judicial contra un periodista es una ofensa para la sociedad.

En ese sentido, consideró que es necesario investigar si hubo o no privilegios para tal o cual medio de comunicación y en función de callar a una voz crítica y a un equipo de periodistas.

Sobre el tema, Mejía señaló que “las concesiones no se pueden usar para venganzas personales o para servir a los intereses económicos de los concesionarios”.

A continuación la entrevista completa:



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