Admite Corte controversia por Ley de Seguridad Interior, pero rechaza suspender su vigencia - Aristegui Noticias
Admite Corte controversia por Ley de Seguridad Interior, pero rechaza suspender su vigencia
Emplaza ministro al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo a responder la demanda presentada por el municipio de Cholula, Puebla.
Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de Cholula, Puebla, para impugnar la Ley de Seguridad Interior (LSI), pero rechazó suspender la vigencia de la norma que ha sido cuestionada por militarizar la seguridad pública en el país.

El acuerdo de admisión fue dictado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dentro del expediente 4/2018, por lo que a partir del pasado nueve de enero se abrió la etapa de instrucción para resolver si la norma impugnada se apega a la Constitución en materia de derechos humanos y de división de poderes.

La negativa a suspender la LSI obedece a que el municipio no fundamentó bien la solicitud, puesto que al presentar la demanda se refirió a un artículo relacionado con el abasto de agua potable y la Constitución Política del Estado de Puebla, en lugar de argumentar la suspensión con relación directa a la Ley de Seguridad Interior.

“Se advierte que la medida cautelar requerida no guarda relación alguna con la norma general impugnada en el presente asunto, pues se refiere a cuestiones relativas a la aplicación de la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, por lo tanto, no hay lugar a acordar favorablemente su solicitud de suspensión”, explica la resolución sobre el error jurídico de la parte demandante.

Un primer acuerdo del ministro instructor fue notificar a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Consejería Jurídica del Presidencia, de la controversia presentada, con el fin de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo reconozcan o no el acto reclamado, así como para que rindan sus informes sobre el proceso y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en un plazo máximo de 30 días hábiles.

“Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceles para que se presente su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al día en que surta efectos la notificación”, señala el acuerdo del ministro instructor.

La etapa de instrucción del juicio, que es la que comienza a partir de este acuerdo, servirá al ministro para analizar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que entró en vigor desde el pasado 21 de diciembre de 2017, fecha en la que dicha norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

La controversia presentada por el municipio de Cholula argumenta que la LSI “violenta de manera flagrante su autonomía”, además de que ha sido señalada como contraria a la Carta Magna por decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El ministro Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor del proceso, también emplazó al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República a dar contestación de la demanda y a enviar en copia certificada todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

En el acuerdo también se da vista de la controversia a la Procuraduría General de la República (PGR) para que “manifieste lo que a su representación corresponda”. Debido a que la PGR todavía no es autónoma, esa dependencia tiende a reforzar los argumentos del Poder Ejecutivo Federal.






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