¿Por qué los indígenas nos involucramos en proyectos de desarrollo?
"En el caso de los apicultores de Campeche, la grave afectación que tuvieron como resultado de la siembra de soya transgénica, propició que la Suprema Corte ordenara que los pueblos mayas sean consultados para determinar si debe o no haber cultivo de transgénicos": Francisco J. Rosado May.

Por Francisco J. Rosado May*

La COP-13 está casi por finalizar. El posicionamiento de la diversidad cultural y biológica en las acciones y políticas públicas, tema central de esta reunión, ha logrado muy buenos consensos. La gran cantidad de datos científicos y testimonios personales y grupales, no deja lugar a dudas acerca de la correlación estrecha que hay entre cultura de los pueblos originarios y la diversidad biológica en el planeta. La COP 13 ofreció el espacio seguro en el que, sin presiones y en forma libre, los representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales expresamos nuestras demandas a los gobiernos y expusimos claramente nuestra posición con respecto a la redacción de los documentos de esta reunión.

Diferentes medios retomaron las demandas de los pueblos indígenas, como el apoyo y fomento de la polinización. En el caso de México, se presentó un documento consensado por todos los grupos indígenas del país con 22 demandas, entre ellas: prohibición del cultivo de transgénicos, especialmente en la Península de Yucatán y la prohibición de actividades ecocidas como la minería en Chiapas, Morelos y San Luis Potosí. También recoge algunos casos paradigmáticos, como el de los apicultores en Campeche, donde el cultivo de transgénicos ha causado impactos negativos, y el de la minería en territorio sagrado de Wirikuta en SLP.

Uno de los puntos que aún está en discusión y que es fundamental para el avance de las causas de los pueblos indígenas del mundo es el que se relaciona con el acceso a sus conocimientos y su consentimiento para el aprovechamiento de sus territorios. Los pueblos indígenas y las comunidades locales del planeta hemos hecho algunos avances como lo demuestra el Protocolo de Nagoya, pero cuando se trata de establecer los principios sobre los cuales las naciones deben alinear procedimientos, normas y legislación, aún hay trabajo para hacer.

En el documento discutido en COP 13 en su página 4 (consulta documento), tema 14, punto II sobre Principios Generales, inciso A, relacionado al acceso a los conocimientos indígenas –que también aplica para las consultas que deben hacerse antes de hacer algún proyecto de desarrollo–, el párrafo 5 dice: “El acceso al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales debe estar sujeto a un consentimiento previo [libre] e informado. Estas características incluyen el derecho a negar el acceso” (traducción de la versión original en inglés). Este documento debe pasar al grupo de trabajo II (punto 25 de www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents), en el cual se consensan las propuestas con la participación de los países parte.

Como puede notarse, el término “libre” está entre corchetes debido a que está en discusión. Algunos países argumentan que el consentimiento es sinónimo de ejercicio de libertad, otros como México y Latinoamérica, indican que no necesariamente son sinónimos. Los indígenas buscamos que se quiten los corchetes y para ello nos basamos en tres grandes, pero no únicos, argumentos. El primero es que el término libre debe estar considerado en la COP para ser incorporado al Convenio, dado que otros instrumentos internacionales también lo incluyen de manera explícita. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU usa la frase “Consentimiento previo libre e informado” en varios artículos: 10, 11, 19, 28 y 29. En su marco de sostenibilidad la Corporación Internacional de Financiamiento ha adoptado como estándar 7 (en 2012) el objetivo “Asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas, cuando las circunstancias descritas en los estándares de desempeño están presentes”.

Otro argumento se sustenta en la experiencia sufrida en los hechos por diversas comunidades en numerosos proyectos. Si bien se busca alguna manera de obtener el consentimiento de los pueblos o de la sociedad civil, para aprobar algún proyecto, el proceso no necesariamente se hace respetando el principio de libertad, sino que hay presiones, especialmente en contra de quienes no están de acuerdo con el proyecto. En México, por ejemplo, la ley señala que para ciertos proyectos de desarrollo se debe contar con el consentimiento de la sociedad civil (por ejemplo, los planes de manejo de las áreas protegidas o los ordenamientos territoriales). En el caso de los apicultores de Campeche, la grave afectación que tuvieron como resultado de la siembra de soya transgénica, propició que la Suprema Corte ordenara que, en apego a derecho, los pueblos mayas sean consultados para determinar si debe o no haber cultivo de transgénicos en Campeche. En la COP-13 se expresaron voces de apicultores mayas y de otros pueblos, señalando que los procesos de consulta para implantar algún proyecto de desarrollo en sus regiones no necesariamente se llevan a cabo de forma tal que el consentimiento que se busca sea tomado con la libertad necesaria.

El tercer argumento queda expresado muy bien en el punto 4 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de México en COP-13: “Que se fortalezca y respete la participación plena y efectiva para la implementación de nuestra cosmovisión, prácticas y saberes”, junto con el punto 11: “Que el diseño y aplicación de políticas públicas respondan al enfoque precautorio, que priorice la conservación de la biodiversidad sobre cualquier iniciativa. En tanto declaramos el rechazo a los megaproyectos, minería, propiedad privada y licitaciones”.

Con base en lo anterior queda claro que cuando se hace una consulta para obtener un consentimiento por parte de los pueblos indígenas en México y la consulta sale positiva, existe una gran probabilidad de que el proceso no respetó la libertad que deberían tener los pueblos y comunidades, sino que se puede presumir que hubo algún tipo de presión externa. Conociendo los valores y cosmovisión de los pueblos indígenas y comunidades locales, principalmente a favor de la conservación y biodiversidad, se puede presumir una contradicción cuando se cuenta con el consentimiento para algún proyecto que atenta en contra de esos valores y visión del mundo. Por eso, y más, la palabra “libre” debe quedar sin corchetes.

* Francisco J. Rosado May es de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. Es doctor en biología por la Universidad de California, Santa Cruz; profesor fundador y exrector de la Universidad de Quintana Roo. Rector fundador de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Lleva más de 30 años dedicado a la investigación y la educación superior y tiene más de 50 obras científicas publicadas en inglés y español. Es bisnieto del Gral. Francisco May, líder maya que firmó la paz con el gobierno en 1927, para poner fin “formal” a la cruenta guerra social conocida como “guerra de castas”.

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