"Cancún: de Tajamar a la COP de Biodiversidad", artículo de Raúl Benet - Aristegui Noticias
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“Cancún: de Tajamar a la COP de Biodiversidad”, artículo de Raúl Benet
Territorios Indómitos por Raúl Benet

Por Raúl Benet

La biodiversidad, el manejo de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales de nuestro país han estado en el centro de acontecimientos muy relevantes a lo largo de las últimas semanas.

El antecedente inmediato en Cancún es el profundo desencuentro, hace algunos meses, entre las organizaciones de la sociedad civil de Cancún y la Semarnat por la destrucción del manglar en Tajamar y la aprobación de mega proyectos en la Riviera Maya y otros sitios con alto valor de conservación. La aprobación de siembra de soya transgénica por parte de Sagarpa en territorios mayas productores de miel ha sido otro grave desacierto que puso en duda las intenciones del gobierno federal respecto al medio ambiente.

Pero parece que las cosas han ido cambiando. Ante el fracaso de la mayor parte de las reformas estructurales, al menos en cuanto a sus efectos inmediatos en la percepción y en el bienestar de la gente, sumado al profundo descrédito derivado del incremento constante en la inseguridad, la violencia y el crimen, además del incremento en el costo de lo más básico, parece que una de las cosas que sí está avanzando en México es lo relativo al medio ambiente, al menos a las políticas públicas destinadas a protegerlo.

Primero, se abrió un espacio en la cámara de diputados para la discusión de una iniciativa muy importante de reforma integral de la Ley Forestal Sustentable, y también se logró suspender la aprobación en fast track de una nueva Ley de Biodiversidad, permitiendo iniciar en ambos casos un periodo para profundizar en el análisis, enriquecimiento y armonización.

Posteriormente, ya en el contexto de la COP de Biodiversidad en Cancún, se firmó un convenio histórico entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para atender y tratar de corregir las graves implicaciones de los subsidios agropecuarios perversos que han tenido efectos muy dañinos contra los bosques y la biodiversidad, promoviendo ahora una alineación entre los sectores, lo que había sido un clamor de las organizaciones y la academia que durante décadas hemos visto cómo la falta de coherencia entre los planes de gobierno han sido una causa fundamental de deforestación y pobreza.

También en la Cop de Cancún se firmó un convenio muy importante para la sustentabilidad, entre los tres gobiernos de la Península de Yucatán, al que se le ha llamado ASPY, mediante el que se pretende lograr que la mitad del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal sustentable, además de que se acuerdan varios principios rectores muy relevantes, entre los que destaca el quinto: ‘Una Península de Yucatán libre de organismos genéticamente modificados (OGM) en los ecosistemas y agro ecosistemas’.

También en Cancún se dio a conocer la Estrategia Nacional de Biodiversidad para los próximos tres lustros, presentada de manera magistral por el fundador y coordinador nacional de la Conabio, el Dr. José Sarukhán, a la par de la elaboración de una singular declaración de pueblos indígenas y comunidades locales alcanzada durante Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia Indígena, Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica y Cultural.

Por si fuera poco, esta semana se firmó otro acuerdo también muy relevante entre Conafor y Sagarpa sobre alineación de políticas y recursos del sector agropecuario con el sector forestal.

Lo que tienen en común estos documentos, convenios, estrategias, fondos y declaraciones emitidos durante las últimas semanas, es que todos reconocen, al menos en el papel, la importancia y el derecho que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales respecto a la conservación y el manejo de los bosques y selvas. Todos estos documentos denotan cierta voluntad política para abordar los temas cruciales del medio ambiente, y establecen metas, principios, objetivos, actividades, compromisos, e incluso algunos de estos acuerdos establecen fondos y mecanismos financieros para su instrumentación. Pero también en todos los casos se requerirá transitar de la retórica a los hechos mediante medidas concretas que involucren a las comunidades para su realización, y tomando en cuenta los graves recortes al presupuesto destinado al medio ambiente, es difícil esperar que haya resultados significativos en el corto plazo.

Reforma integral a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Esta iniciativa, presentada para dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados por la Diputada Alma Arzaluz, tiene su fundamento y antecedente en un largo proceso de análisis llevado a cabo de manera participativa amplia por el Consejo Nacional Forestal, en el que se consultó de manera exhaustiva a núcleos comunales y ejidales, a productores, a académicos, organizaciones civiles, prestadores de servicios técnicos, empresarios y funcionarios. Tal vez lo más relevante de la propuesta del Conaf, es que se logró un consenso importante en cuanto al inmenso potencial que tiene México para promover el aprovechamiento forestal comunitario en beneficio de los bosques, de la gente que habita los territorios forestales, y del país en su conjunto. La propuesta de Ley elaborada por el Consejo Nacional Forestal busca barrer obstáculos, ambigüedades y duplicidades presentes en la actual ley vigente, que inhiben el manejo del bosque por parte de las comunidades. Estos obstáculos, además de violar los derechos de las comunidades, limitan severamente la competitividad de las empresas forestales comunitarias, generan desánimo y provocan que los bosques sean abandonados o que sean derribados para actividades como la ganadería o la agricultura no sustentable, o que queden a merced de la delincuencia que ocupa la tierra para la siembra de cultivos ilícitos.

La propuesta del Conaf busca también sanear la situación que prevalece en los servicios técnicos forestales, que en muchos casos se han convertido en grupos de poder que se erigen por encima de los derechos y los intereses de las comunidades a las que supuestamente deberían de prestar servicio. En esa propuesta del Conaf se establecen salvaguardas sociales que buscan garantizar el respeto a los derechos de las comunidades, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en otros instrumentos legales fundamentales. Incluye asuntos tales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado que debe obtenerse antes de iniciar cualquier actividad que afecte un territorio indígena o comunidad local, o el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del conocimiento y manejo de los bosques. Incluye también medidas para avanzar de manera paulatina en la necesaria descentralización en la toma de decisiones hacia los estados en temas forestales, y hacia el fortalecimiento de los esquemas de gobernanza en los niveles estatal, regional, municipal y sobre todo en el nivel de las comunidades. También incluye salvaguardas ambientales, que permitan enmarcar las actividades de manejo y aprovechamiento en la matriz ecosistémica en donde se llevan a cabo, observando principios fundamentales como la conectividad, la complejidad de los procesos, la diversidad y las implicaciones que tiene la larga duración de los tiempos en los que ocurren los procesos ecológicos donde se llevan a cabo las actividades de manejo y de aprovechamiento.

La iniciativa sometida recientemente a dictamen legislativo ha eliminado algunos de esos puntos fundamentales, pero aparentemente existe disposición por parte de los legisladores miembros de la Comisión de Medio Ambiente, particularmente de su presidente, el Dip. Alvarez Angli, y de la diputada Alma Arzaluz que presentó la iniciativa, para escuchar e integrar las propuestas que se han hecho desde el Consejo Nacional Forestal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Reforestamos México, y otras instancias de representación, participación y reflexión sobre los temas forestales. Para este proceso también ha jugado un papel importante la presidenta de la comisión de cambio climático de la Cámara de Diputados, la dip. María de los Ángeles Rodríguez, quien ha facilitado y procurado el diálogo y la participación de organizaciones civiles y campesinas.

Ley de Biodiversidad

Pocos días antes de que diera inicio la COP, la senadora Ninfa Salinas presentó al Congreso una iniciativa de ley de Biodiversidad. La premura en la elaboración y cabildeo de esa iniciativa de ley provocó serias preocupaciones entre personas y organizaciones relacionadas por el tema, pues fue percibida como un intento de aprobar una flamante ley de manera apresurada, que pudiera presumirse en la COP con fines de lucimiento partidista y del gobierno. En pocos días, decenas de organizaciones, como Ceiba, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y un ciento de organizaciones más solicitaron al Congreso que no se diera fast track, ya que esta ley tiene implicaciones muy importantes para las áreas naturales protegidas, las unidades de manejo de la vida silvestre (UMAS) y las Áreas Voluntarias de Conservación, además de que entraña el grave riesgo de debilitar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y de entrar en contradicción con la Ley Forestal que está en construcción en el propio Congreso.

Por otro lado, la ley de biodiversidad propuesta por la senadora Salinas tiene grandes aciertos, como la posibilidad de fortalecer la labor de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (la Conabio), la promoción del manejo sustentable de la biodiversidad en beneficio de las comunidades, y la de establecer áreas de conservación y manejo basadas en prácticas tradicionales conocidas como Paisajes Bioculturales, como la milpa maya, entre otros. Sin embargo, es muy importante contar con un periodo de análisis previo a su aprobación, además de que en la propia COP de biodiversidad se alcanzaron acuerdos, compromisos y definiciones que debieran estar considerados e incluidos en la ley de biodiversidad. El haber pospuesto su aprobación fue un gran acierto. Es particularmente importante que la nueva ley pueda armonizarse con la Estrategia Nacional de Biodiversidad presentada en Cancún, su aprobación previa a la COP hubiese hecho imposible tal armonización. Es de esperar que durante el primer semestre del año 2017 se pueda discutir la ley de biodiversidad, complementarla, corregirla o enriquecerla a la luz de las definiciones y acuerdos de Cancún, de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la Ley Forestal en construcción, y que una versión mucho más sólida pase a aprobación tal vez a mediados del 2017.

Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (ASPY).
Este acuerdo firmado en Cancún el 10 de diciembre, se alcanzó gracias a un trabajo muy cuidadoso de varias organizaciones civiles que trabajan en la península, particularmente las agrupadas en torno a la Alianza México Redd+ y también es resultado de la disposición de los secretarios estatales de medio ambiente muy tenaces y con mucha experiencia en la región. El acuerdo es importante porque fortalece las bases de una planeación y financiamiento en asuntos que requieren estrecha coordinación regional, como es la conectividad entre las diferentes regiones que conforman la Selva Maya. La conservación de la biodiversidad en la selva, al igual que otros procesos ecológicos y servicios ambientales, no puede realizarse ciñéndose a fronteras arbitrarias, sino que debe respetar las dinámicas ecológicas, uno de cuyos principales atributos es la conectividad. Un jaguar, por ejemplo, no pertenece a Yucatán, a Campeche o a Quintana Roo, sino a la Selva Maya, y para protegerlo no bastan esfuerzos estatales. El acuerdo incluye también el fortalecimiento de políticas y esquemas financieros relacionados con la mitigación del cambio climático, como la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, ENAREDD+. Para el tema de cambio climático ya existía un acuerdo tri estatal, y este nuevo convenio lo fortalece y complementa. El acuerdo ASPY establece la meta de que al menos la mitad de todo el territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán esté incluido en un sistema de área protegida o de manejo forestal sustentable, además de que pretende que se lleve a cabo una intensificación de la producción agropecuaria en 250 mil hectáreas. La intensificación en actividades agrícolas y pecuarias, junto con actividades que combinan de manera sustentable la producción agrícola y el manejo del ganado con la conservación de los bosques (esquemas o modelos agro forestales y silvopastoriles), son consideradas medidas fundamentales para garantizar la producción de alimentos y a la vez reducir la degradación forestal, proteger los bosques, los ecosistemas y los servicios ambientales. Este acuerdo se habría fortalecido mucho más si se hubiera incluido de manera efectiva en su diseño, objetivos y actividades, la participación de las comunidades indígenas y locales, que son los dueños de una porción muy significativa de la selva maya y son además los custodios del conocimiento ancestral. Si no se hacen esfuerzos consistentes para garantizar la participación efectiva de las comunidades, este acuerdo está destinado al fracaso.

Otros asunto muy relevante que ocurrió en el contexto de la cumbre de Biodiversidad de Cancún fue la entrega por parte de la ONU del muy meritorio premio CAMPEÓN DE LA TIERRA, de manera póstuma, a la incansable líder indígena Berta Cáceres, quien dedicó su vida a la defensa del territorio comunitario y fue asesinada por guardias blancas al servicio de empresas desarrolladoras en su natal Honduras. El premio también fue otorgado al Dr. José Sarukhán Kermez, a quien se considera uno de los científicos que más ha contribuido al conocimiento y a la conservación de la biodiversidad del planeta. Es motivante también el hecho de que la Conabio mexicana recibió el premio por tener la mejor página web del mundo en temas de biodiversidad.

En próximas entregas haremos un análisis de la importancia de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016 – 2030, así como del acuerdo que busca la alineación de políticas entre la Sagarpa y Conafor, y develaremos infidencias relativas a la manera como el gobierno mexicano, a través de la CDI y organizaciones muy afines, pretendió controlar la declaración y las conclusiones de los pueblos indígenas en la COP de Cancún, y cómo las comunidades indígenas del mundo, lideradas por comuneros de la Sierra Norte de Oaxaca, lograron incluir en el comunicado final temas cruciales en la defensa del territorio y la biodiversidad, señalando en el comunicado amenazas graves contra la integridad de los territorios comunitarios y la biodiversidad, tales como la minería, la extracción de hidrocarburos y los mega proyectos, y proponiendo medidas para evitar que este tipo de actividades tengan preponderancia sobre los objetivos de conservación y manejo sustentable de los territorios.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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