La descarbonización del transporte, clave para la justicia social en México

La descarbonización del transporte debe convertirse en una prioridad nacional si México quiere alcanzar sus metas climáticas rumbo a 2050. Así coincidieron especialistas y organizaciones durante la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, realizada en el marco de México por el Clima: Semana de Acción, convocada por la Iniciativa Climática de México (ICM).

El encuentro reunió a representantes de Climate Group, Política y Legislación Ambiental (POLEA), Sostenibilidad Global y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), quienes destacaron que solo mediante la colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil será posible avanzar hacia una movilidad de cero emisiones.

Andrés Flores, director de Política Energética de ICM, señaló que México cuenta con condiciones para convertirse en líder regional de la electrificación del transporte. Destacó que el tema ha sido reconocido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que abre la puerta a políticas públicas más ambiciosas para reducir las emisiones del sector.

Por su parte, Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del ITDP, propuso un programa de renovación de flota del transporte público en las 94 ciudades más grandes del país. Esta medida, dijo, sería clave para reducir la contaminación y requeriría una inversión estimada en 1,080 millones de pesos.

Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, subrayó que la transición hacia un transporte de cero emisiones “no depende solo de la tecnología, sino de transformar el modelo económico”. Advirtió que el país corre el riesgo de rezagarse si mantiene la dependencia de combustibles fósiles y no impulsa una política industrial propia. Además, recordó que, en un país donde el 80% de la población vive en ciudades, “la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar y justicia social”.

En esa misma línea, Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de POLEA, enfatizó que la descarbonización de la movilidad debe ser una causa política y social compartida. Consideró esencial priorizar las inversiones destinadas a mejorar el transporte público, garantizar accesibilidad universal y reducir la contaminación que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables.

Desde la perspectiva empresarial, Killian Dorier, gerente internacional senior de transporte en Climate Group, planteó que el desarrollo de incentivos fiscales puede ser clave para promover la producción y adopción de autos eléctricos en México.

Poner reglas claras que favorezcan la oferta en las empresas privadas es una forma de que el gobierno y las empresas dialoguen y encuentren soluciones comunes para el cambio climático.

Los especialistas coincidieron en que el país debe implementar medidas inmediatas como detener la importación de vehículos usados, eliminar paulatinamente el uso de diésel y redirigir los subsidios a combustibles fósiles hacia programas de electromovilidad.

También llamaron a una mayor coordinación entre dependencias como la SEMARNAT, la SEDATU, la Secretaría de Salud y la SICT para construir un plan nacional que integre salud, medio ambiente y movilidad sostenible.