El condado de Los Ángeles declara el estado de emergencia por las redadas 
La votación de 4 a 1 permite al condado de Los Ángeles imponer una moratoria de desahucios que protegería a los inquilinos del desahucio por impago del alquiler si pueden demostrar que se han visto afectados económicamente por las redadas de inmigración.
- Redacción AN / AG
El condado de Los Ángeles dio un paso más el martes hacia la promulgación de una moratoria de desahucios que protegería a los inquilinos que se han visto perjudicados económicamente por la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró el estado de emergencia en respuesta a las redadas federales de inmigración, una medida que suele reservarse para desastres naturales u otras situaciones que escapan al control de las autoridades locales.
En una votación de 4 a 1 permite al condado de Los Ángeles imponer una moratoria de desahucios que protegería a los inquilinos del desahucio por impago del alquiler si pueden demostrar que se han visto afectados económicamente por las redadas de inmigración. Dicha moratoria aún tendría que ser votada por la junta.
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Los inquilinos seguirían debiendo ese dinero a sus propietarios y tendrían que pagarlo una vez expirada la moratoria. La declaración también permite al condado solicitar fondos al estado para proporcionar más ayuda a los afectados por las redadas de inmigración.
La proclamación afirma que las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otros agentes federales han «creado un clima de miedo, lo que ha provocado una perturbación generalizada de la vida cotidiana y efectos adversos en nuestra economía regional”.
La administración Trump ha afirmado que las redadas son legales y tienen como objetivo expulsar del país a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.
Los Ángeles ha sido el epicentro de los esfuerzos de Trump por deportar a los inmigrantes. En junio, Trump envió a la Guardia Nacional y a los marines estadounidenses a la ciudad para proteger los edificios federales y a los agentes del ICE mientras llevaban a cabo las redadas, lo que provocó protestas generalizadas en la ciudad y el condado.
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Desde entonces, el presidente republicano ha intentado desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas, como Washington, Memphis, Chicago y Portland, lo que ha dado lugar a una serie de impugnaciones legales.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el miedo y el caos se extienden por nuestros barrios», declaró antes de la votación la supervisora Lindsey Horvath, coautora de la moción. “Cuando nuestros vecinos inmigrantes son objeto de persecución, todo nuestro condado lo nota en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas y en nuestros hogares”.
Una presentación realizada en la reunión de supervisores del condado de la semana pasada señaló que dicha moratoria causaría dificultades a los propietarios y afirmó que una alternativa podría ser que el condado aumentara las ayudas para el pago del alquiler a los inquilinos.
Los funcionarios del condado sostuvieron que las redadas de inmigración contribuirían a la pérdida de 275 millones de dólares en el producto interior bruto del estado de California, citando un estudio realizado en junio por el Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía en colaboración con la Universidad de California, Merced. (Reuters)
