Diputados avalan reformas al ISR y Ley Federal de Derechos del Paquete Económico 2027

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y avaló en lo general y particular modificaciones a la Ley Federal de Derechos, como parte del Paquete Económico 2027.

El dictamen de la Ley del ISR fue aprobado en lo general con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. La discusión en lo particular quedó pendiente para este miércoles 14 de octubre a las 9:00 horas, debido a las reservas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

La propuesta, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica reglas para el cumplimiento de obligaciones fiscales, incorpora nuevos controles sobre deducciones y pérdidas fiscales, y establece cambios para combatir el uso de facturas falsas.

Uno de los principales cambios consiste en elevar de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para que las personas físicas puedan tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico). También se ajusta la tabla de pagos mensuales para que la tasa máxima de 2.5% se aplique a quienes tengan ingresos de hasta 5 millones de pesos al año.

Para las personas morales, el límite de ingresos para tributar en el Resico aumenta de 35 a 50 millones de pesos anuales. Además, el monto máximo de ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras pasa de 900 mil a un millón de pesos.

El dictamen también establece nuevas reglas para las deducciones y pérdidas fiscales de empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y que tengan utilidad fiscal. En determinados casos, se limitará el monto que pueden deducir. Asimismo, se reduce de 30 a 20% el límite para la deducción de intereses netos.

En cuanto a los pagos al extranjero, podrán deducirse en el año en que se entregue la retención correspondiente. También cambia el momento en que debe realizarse la retención a residentes en el extranjero: será cuando ocurra primero la exigibilidad, el devengo o el pago.

La reforma elimina el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, debido a que, según el dictamen, ya se agotó el objetivo del beneficio que permitía diferir el pago de impuestos.

También incorpora a la ley los estímulos fiscales relacionados con el Plan México, los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec, los Polos de la Economía Circular y los Polos Industriales de Yucatán. Estos estímulos permiten la deducción inmediata de inversiones y deducciones adicionales por capacitación e innovación hasta 2030.

Oposición cuestiona cambios al ISR

Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron el dictamen con el argumento de que no incrementa las tasas generales de los impuestos. El diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, afirmó que “tanto en 2026 como en 2027 no habrá creación de nuevos impuestos”.

La oposición cuestionó, sin embargo, los nuevos límites y controles a las deducciones. La diputada panista Verónica Pérez Herrera afirmó: “Nosotros sostenemos que combatir la evasión fiscal es necesario, pero una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta, es poner obstáculos a gastos legítimos y comprobados”.

El diputado del PRI Emilio Suárez Licona sostuvo que la reforma representa “en esencia más impuestos” y cuestionó que se establezcan controles más estrictos, límites a las deducciones y mayores cargas administrativas para empresas que cumplen con sus obligaciones.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Irais Reyes reconoció como avances el aumento del límite del Resico y de la exención para quienes trabajan en el campo, aunque los consideró insuficientes. También cuestionó que determinadas empresas puedan pagar más impuestos aun cuando no hayan incrementado sus ingresos.

Diputados aprueban Ley Federal de Derechos

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, la Cámara de Diputados la aprobó en lo general y particular con 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones. El dictamen fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo.

La reforma actualiza las cuotas que se cobran por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y por diversos servicios prestados por el Estado. El dictamen sostiene que los cobros deben guardar correspondencia con los costos de los servicios.

Entre los cambios está la actualización del derecho que pagan los visitantes que permanecen en México sin permiso para realizar actividades remuneradas. De lo recaudado, 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación.

También se actualizan cuotas por servicios consulares, trámites relacionados con el artículo 27 constitucional, así como por servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para las AFORES cambia la forma de calcular la cuota, con un factor de 0.1750 al millar.

En materia agroalimentaria se establece una cuota uniforme para los certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importación. También se incorporan derechos para el uso experimental y temporal del espectro radioeléctrico.

En cuanto al agua, se actualizan las cuotas por prórrogas y modificaciones de concesiones y se eliminan cobros relacionados con la transmisión de títulos y permisos de descarga de aguas residuales. La Conagua podrá solicitar información sobre el uso de aguas y las descargas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, los usuarios deberán contar con un medidor en cada punto de extracción.

La reforma actualiza asimismo las cuotas por servicios ambientales y diversos permisos, licencias y autorizaciones sanitarias de la Cofepris. También crea un derecho por modificar el registro previo de un arma de fuego.

En materia ferroviaria, aumenta de 1.25 a 3% la tasa que se cobra sobre los ingresos brutos por el uso de las vías férreas a partir del decimosexto año de la concesión.

También cambia la clasificación de municipios con playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, lo que modifica las cuotas aplicables. Para la extracción de materiales, el cobro se determinará por el tipo de material y no principalmente por la ubicación.

En contraste, se reduce 12% el monto de los derechos por el uso de determinadas bandas del espectro radioeléctrico para servicios móviles, entre ellas las de 2.5 GHz, 1.9 GHz, 1.7/2.1 GHz, 800/850 MHz, 1.4 GHz y 3.5 GHz.

Además, se establece una exención para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que acudan los domingos a Áreas Naturales Protegidas que cuenten con museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas. También se modifican las cuotas por el uso del espacio aéreo.

Debate por los cobros

Durante la discusión de la Ley Federal de Derechos, Morena, PVEM y PT defendieron los cambios como una actualización de los cobros por servicios públicos y por el aprovechamiento de bienes de la nación.

El diputado de Morena Luis Humberto Fernández Fuentes sostuvo que 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas tendrán acceso gratuito en los términos establecidos por la reforma. También destacó una reducción de 12 por ciento en el cobro por determinadas bandas del espectro de telefonía móvil y la congelación, durante 2027, de las cuotas de las bandas de 600 y 700 megahertz.

“Paga quien usa y aporta más quien más aprovecha. Un derecho no es un impuesto, es lo que paga quien recibe un servicio concreto del Estado o quien usa un bien de la nación”, dijo.

La oposición cuestionó varios de los incrementos. El panista Héctor Saúl Téllez Hernández afirmó que la reforma no se limita a actualizar cuotas, sino que implica aumentos en determinados servicios. Como ejemplo, señaló que una licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.

También mencionó que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos pasaría de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, mientras que la licencia para fuentes de radiación aumentaría al doble. Agregó que el uso y goce del espacio aéreo tendría un incremento de 10 por ciento y que el derecho migratorio para visitantes aumentaría 66 por ciento, según sus cálculos.

“Todos estos aumentos se le trasladarán al costo de las familias mexicanas”, afirmó.

El priista Yerico Abramo Masso cuestionó que el paquete de ingresos se apoye en un mayor endeudamiento y sostuvo que los cambios en materia de derechos no atienden las necesidades de las comunidades mineras ni fortalecen los sectores energético y productivo.

Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, planteó que los incrementos deben justificarse con los costos de los servicios y que los recursos adicionales deben traducirse en mejoras para los sectores que pagan.