Investigación sobre red de huachicol fiscal inició en Texas e involucra dos cárteles, revela Anabel Hernández

La presunta red de huachicol fiscal que hoy tiene bajo investigación a altos mandos de la Secretaría de Marina y a funcionarios de aduanas no fue descubierta por autoridades mexicanas, sino por el gobierno de Estados Unidos, aseguró la periodista Anabel Hernández.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, resaltó que, tras la revisión de decenas de documentos judiciales y actas constitutivas de ambos países, encontró que la primera indagatoria se abrió en la Corte del Distrito Sur de Texas.

“Ellos fueron los primeros en detener en 2022 a un miembro fundamental de toda esta red criminal, que es un sujeto que había sido diputado del PRI en Tamaulipas, que incluso llegó a ser presidente del Congreso de Tamaulipas en 2010, José de Jesús Tapia Fernández”.

Añadió que en esa misma investigación también fue señalado Rigoberto Brown Cantú, quien también es coacusado en el caso de una presunta red criminal que operaba el Cártel del Golfo en la frontera entre Texas y Matamoros.

La periodista señaló que ambos sujetos “son piezas clave de las empresas de fletes, de autotransportes, que estuvieron sacando la carga, los millones y millones de litros que en marzo pasado llegaron a Ensenada, a Guaymas y a Tampico”.

“Es ahí realmente donde surge la investigación”, dijo.

Presiones desde Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad anunció en marzo el aseguramiento de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el mayor decomiso registrado hasta ahora y que está directamente relacionado con esta red de huachicol que involucra a marinos, empresarios y funcionarios de aduanas.

En septiembre, las autoridades detuvieron a 15 personas presuntamente relacionadas con esta red. Hernández señala que el gobierno de Estados Unidos presionó a México y que el tema fue abordado en la visita del secretario de Estado estadounidense a México, Marco Rubio.

“La información que yo tengo, al menos que estuve reporteando con fuentes de Estados Unidos y fuentes propias relacionadas con las indagatorias en México, es que uno de los temas que habría tratado Marco Rubio en su reunión y su comitiva en las reuniones que tuvieron en México fue justamente este cartel del huachicol, dirigido desde la cúpula de la Secretaría de Marina”.

“De eso estamos hablando. Desde el poder, desde la cúpula de la Marina, operando un cártel asociado directamente con organizaciones criminales narcoterroristas. Y me parece que es ahí donde el Gobierno nos debe muchas explicaciones”, cuestionó.

La periodista recordó que, incluso en Estados Unidos, las autoridades ya comenzaron a sancionar a empresarios implicados en la compra y tráfico de hidrocarburos ilegales.

Nexos con dos cárteles

Hernández apuntó que esta red operaba asociada a dos organizaciones criminales: “Estamos hablando que operaban no solo con la lógica de un cártel, sino operaban de la mano de un cártel, en un principio del Cártel del Golfo, y ya en una segunda fase de asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Para ilustrar la estrecha colaboración entre ambos cárteles, la periodista recordó el caso de César Morfin Morfin, alias “el Primito”, de quien el gobierno estadounidense informó en mayo de 2024 de su pertenencia a las dos organizaciones criminales.

Marina bajo sospecha

La periodista enfatizó la gravedad de que en el caso aparezcan involucrados el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, y su hermano Fernando (contralmirante), quien cuenta con una suspensión provisional que impide que sea detenido. Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, Hernández criticó la postura del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien al ser preguntado sobre esta relación familiar respondió que fue el mismo Ojeda Durán quien dio la voz de alarma hace dos años.

Consideró que el fiscal y el Gobierno intentan “lavar la cara” al exsecretario, aún cuando la indagatoria de la FGR señala que los Farías Durán, conocidos como “Los Primos”, eran “los jefes de este cártel de huachicol”.

“Me parece que es muy grave que se esté exonerando de antemano al secretario. No huele bien que lo estén haciendo” apuntó. “No creo que el propio secretario de Marina haya ignorado eso durante todo un sexenio”.

Por lo que pidió que la FGR cite a declarar al expresidente López Obrador y al exsecretario de Marina. “Si no podemos nosotros como mexicanos o como periodistas, al menos que se las haga el Ministerio Público en la Fiscalía General de la República al secretario Ojeda. ¿Donde estaba él, dormido o parado? Y si de verdad no sabía o como presume, como presiona, como señala el Departamento, algunas agencias de Estados Unidos, y esa es la información que he obtenido, el propio exsecretario de Marina habría estado, dijéramos, consciente de la red criminal que estaban dirigiendo sus sobrinos”.

Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa

La periodista abordó la información publicada por el diario El Financiero, que cita como fuente la investigación oficial, y que señala que Vector Casa de Bolsa, perteneciente al exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, estaría en la lista de empresas sobre las cuáles el sistema financiero mexicano emitió alertas por su presunto vínculo con esta red de huachicol fiscal.

“Si esto es correcto, si se verifica, es gravísimo, porque estamos hablando de quien era el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, nada más y nada menos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los principales mecenas de su movimiento político durante años”, dijo.

De acuerdo con los reportes, se estima que 220 millones de pesos habrían sido lavados mediante Vector por medio de Grupo Potesta y otras empresas implicadas en la importación y comercialización de combustible ilícito.

“Recordemos que justamente quien de nueva cuenta abre las primeras indagatorias, tiene las primeras informaciones que apuntan a Vector como una empresa financiera que lava dinero de procedencia ilícita, es justamente el gobierno de Estados Unidos que la acusa de presuntamente haber estado involucrada en lavado de dinero de carteles de la droga”.

“Estamos hablando de que en ese cártel operaban dos organizaciones criminales catalogadas por el gobierno de Estados Unidos como narcoterroristas, que es el Cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación, de eso estamos hablando, de la penetración de dos carteles al más alto nivel. ¿De verdad hasta el Palacio Nacional llegó a esta red criminal? Habrá que ver hasta dónde llegan estas investigaciones. Esperemos no sólo sea una especie de llamarada de petate, como se dice coloquialmente, y después todo esto termine en la nada”.

Filtraciones y suicidio de mando naval

Anabel Hernández criticó la filtración de información sensible sobre el caso, que afirmó derivó en la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

“¿Era necesario filtrar esa información? ¿Era necesario provocar su muerte, ya sea suicidio o que lo hayan matado? ¿Es necesario poner en riesgo la vida de testigos que pueden ser importantes para resolver el caso?”, cuestionó.

Advirtió que la filtración solo pudo provenir de las autoridades: “Lo grave no son los medios, lo grave es quién le da esta información a los medios y con qué intención”.

“Estas cosas solo se pueden filtrar en ese momento por la propia autoridad. No hay la menor duda”, enfatizó, al tiempo que recalcó que se trata de una investigación en curso que puede verse afectada.

“Faltan muchas personas por caer y justamente es en ese contexto que ocurre el supuesto suicidio -habría que ver si es así- de Abraham Jeremías Pérez, y justamente después del suicidio sale después el fiscal a decir que no, que él en realidad no estaba involucrado con la red criminal”, pese a que la indagatoria reflejada por algunos medios indique lo contrario.

“Es muy grave, porque estamos hablando del principal caso de corrupción admitido públicamente, ya con un reconocimiento por parte del gobierno federal, de lo que va de este régimen morenista, y si van a manejar así las cosas, me parece realmente muy irresponsable”, puntualizó.

Ramificaciones en Sonora

Hernández puso el acento en los posibles vínculos políticos de la red, al señalar la necesidad de esclarecer el papel del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, su hijo y funcionarios de su administración.

“Estamos hablando realmente de una red enorme que, por lo pronto, ahora ya toca un punto político directo a Morena, que es un gobernador y su hijo”, comentó.

“Otra pregunta que habría que hacerle a la presidenta es ¿cuándo van a llamar a declarar al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo? ¿Y cuándo van a llamar a declarar a su hijo, Alfonso Durazo Chávez?”, dijo.

Explicó que el contralmirante Fernando Farías Laguna estaría asociado con un empresario de Sonora, que a su vez mantiene negocios con el hijo del gobernador, y que en esa sociedad también aparece el actual secretario del Trabajo de Sonora, David Soto Alday.

“En esta sociedad está nada más y nada menos, como funcionario de la sociedad, quien es hoy el secretario del Trabajo del Gobierno de Alfonso Durazo”, añadió.

La periodista explicó que, al seguir estas ramificaciones, mediante la revisión de sociedades y expedientes judiciales en Texas, aparecen nexos con empresas señaladas en procesos judiciales en Estados Unidos.

“Hay que investigar cada una de esas ramificaciones, pero al menos la que yo encontré parte de ese caso de la Corte de Distrito Sur de Texas. Brown Cantú y Tapia, el exdiputado, están vinculados a otras empresas que ahora están vinculadas a este cártel de huachicol, y en esas mismas empresas están las empresas creadas por Fernando Farías Laguna. Y tiene un socio que a su vez es socio del hijo de Durazo, y en esta sociedad con el hijo de Durazo, uno de los oficiales es un secretario del Gabinete del propio gobernador”.

Por lo que dejó abierta la pregunta: “Entonces, ¿hasta dónde llega esto?”.

Exigencia de rendición de cuentas

Hernández criticó el silencio del expresidente López Obrador sobre el tema y la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes había asegurado que la corrupción había sido erradicada: “Es increíble que después de tantos días, ya estamos desde el sábado pasado que comenzó a filtrarse la primera información hasta ahora, el presidente hace mutis, como si no tuviera que ver con él. Esto ocurrió en su sexenio y ocurrió en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum”, expresó.

“¿Cómo la presidenta puede hablar de que no existe la corrupción, que está erradicada, y días después le revienta la cosa? Es que en realidad, en esta situación que ya no pudo contenerse, pareciera que en este momento el gobierno está un poco tambaleante, trata de hacer un control de daños”, dijo.

Hernández subrayó que el entramado del contrabando de combustibles va más allá del caso de los hermanos Farías. “No es el único cártel de huachicol, así como no solo existe un cártel de las drogas en México”, dijo, al recordar que ya antes operaba la red encabezada por el empresario Sergio Carmona, el llamado “rey del huachicol” asesinado en 2021 en Nuevo León, cuya organización “nunca fue desmantelada” y a la que se vinculó con el financiamiento de campañas políticas.

La periodista recordó que ese grupo dejó un “quebranto, ese daño patrimonial gigante hecho a las arcas mexicanas”, sin que hasta la fecha se sepa la verdad sobre el caso ni quiénes fueron los beneficiarios.

“Sabemos que hubo una red que acompañó políticamente de Morena, candidatos que se vieron beneficiados con estos dineros ilegales para sus campañas electorales en diferentes estados de la República, pero no sabemos la verdad sobre eso”, puntualizó.

“Y luego está esta situación que es cada vez un señalamiento más fuerte, hay que decirlo de esta manera. Yo sí he escuchado información sobre eso, falta poder corroborar fehacientemente y que después esto pueda convertirse en un expediente, etcétera, etcétera, para alguna autoridad. Hay señalamientos muy graves sobre que el propio Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, también estaría involucrado en otra red similar a la de Sergio Carmona, y a la de esta liderada por altos mandos de la Marina”, señaló.

Hernández destacó la relevancia estratégica del caso para Estados Unidos y los riesgos que implica la corrupción a niveles tan altos en México. “Así que estamos hablando de que es un asunto prioritario para el gobierno de Estados Unidos desde muchos puntos de vista, y uno de los puntos de vista es el de seguridad nacional”.

“Porque si este dinero, si esta corrupción hasta el máximo nivel, ya que implica a otros funcionarios o personas del partido Morena, en esta red empresarial, pues estamos hablando que eso para ellos es un problema, porque todo este dinero fluye hacia los cárteles, al menos el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso, y los hace más potentes”, concluyó.

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