«Cuando perdimos el juicio» | Crónica de la reforma judicial en México

Por Nayeli Roldán / «Cuando perdimos el juicio»

El 15 de septiembre de 2024, el Congreso de México aprobó una reforma constitucional judicial de gran alcance para destituir a más de 6,500 personas juzgadoras en funciones y reemplazarlas por juezas y jueces elegidos por voto popular. Hoy, México es el único país en el mundo que elige prácticamente a todas sus juezas y jueces federales y estatales mediante elección popular.

“En mi carácter de titular del Ejecutivo Federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes (…). En el nuevo gobierno, el presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes.”

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

El 8 de agosto de 2018, apenas a un mes de su histórico triunfo, Andrés Manuel López recibía la constancia como presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en su discurso prometía que el mayor temor de sus detractores no sería cumplido: él respetaría al Poder Judicial.

No fue así.

En el último año de su presidencia, en febrero de 2024, presentó un paquete de 18 reformas constitucionales al que llamó “Plan C” y que incluía una reforma judicial, que preveía, entre otras cosas, que ministros, jueces y magistrados fueran elegidos por voto popular. México sería el único país en el mundo en implementar este método, presumió como hazaña.

Pero eso significaba despedir a quienes estaban en funciones y tirar por la borda la suma de conocimientos que habían adquirido a lo largo de la carrera judicial y la experiencia acumulada en sus años en los tribunales. Además implicaba la pérdida de independencia judicial, al tener aspirantes que debieran su cargo a la ‘popularidad’ o a fuerzas políticas que impulsaran sus candidaturas.

También se proponía la implementación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes, igualmente elegidos por voto popular, vigilarían la conducta de los integrantes del Poder Judicial y, en su caso, establecerían sanciones ante faltas, incluso por el sentido de sus fallos y sin establecer un sistema de revisión independiente de sus decisiones.

El partido Morena, con sus aliados -PVEM y PT- consiguió un triunfo electoral avasallador en 2024, logrando obtener la mayoría calificada en el Congreso. Esto les permitió aprobar las reformas constitucionales para hacer realidad la instrucción presidencial: despedir a personas juzgadoras y someter a votación 1,640 cargos federales (881 en 2025 y el resto en 2027) y más 5,000 locales (1,780 en 2025 y el resto en 2027).

Cada una debía ser elegida en las urnas por un electorado de 99 millones de mexicanos, en una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 9 meses y con un gasto de 7 mil millones de pesos. En los 19 estados donde se realizaron elecciones judiciales en 2025, fueron los institutos electorales locales los encargados de organizarlas, con todavía menos tiempo y presupuesto.

Además, a nivel federal, 15 personas (10 de ellas cercanas al poder político) conformaron los Comités de Evaluación que analizarían el perfil de 49 mil 398 aspirantes, con la revisión de documentación de identificación, ensayos, cartas de recomendación y la realización de llamadas para confirmar los datos –según los requisitos–. Además de ser una tarea complicada para realizar en solo 21 días, esto no aseguraba revisar el mérito y la capacidad de cada persona para elegirla o rechazarla.

Incluso, tras la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial en acatamiento a una orden judicial, el Senado decidió, en los hechos, sustituirlo y asumir sus funciones: dio por concluidos los trabajos de dicho Comité y procedió a seleccionar a las personas participantes mediante un sorteo realizado en el Pleno, a través de una “tómbola”. Se trató de un mecanismo igualmente inédito para integrar candidaturas judiciales, que se apartó de los criterios de evaluación y mérito originalmente previstos. De ahí que, tiempo después, fueron expuestos los errores del proceso de selección, como incluir personas que ni siquiera tenían el promedio de calificación solicitado o que enfrentaban procedimientos legales por la presunta comisión de delitos.

Los desencuentros con la Suprema Corte

Durante meses, el mandatario arremetió desde el púlpito presidencial en su conferencia de prensa contra jueces y ministros que se atrevieran a señalar las ilegalidades que, en varios casos, significaron sus decisiones.La ‘afrenta’ determinante para López Obrador ocurrió el 18 de abril de 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida su reforma –aprobada por el Congreso en septiembre de 2022– que entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública que supuestamente tendría carácter civil, pero que en realidad estaba integrada por militares; lo que, de acuerdo con la SCJN, contravenía la Constitución.

La respuesta presidencial vino desde su conferencia de prensa matutina, el máximo instrumento de comunicación desde el que dictó instrucciones y arremetió contra sus detractores todo su sexenio. Esta vez, fue contra el máximo Tribunal de Justicia del país: “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo”.

“Esos señores, ahora forman parte del supremo poder conservador, están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios”, dijo en su conferencia del 9 de mayo de 2023.¿Qué hay que hacer?, se preguntó, y enseguida anunció el envío de un paquete de reformas constitucionales para que “el pueblo” eligiera al Poder Judicial; aunque antes, debía conseguir que su partido lograra la mayoría calificada en la elección de 2024, es decir las dos terceras partes de los asientos en ambas Cámaras que son necesarias para la aprobación de reformas constitucionales. El llamado “Plan C”.

Aunque desde el inicio del sexenio criticó al Poder Judicial, a partir de la presentación de sus reformas intensificó el ataque. Incluyó la sección “Cero impunidad”, en su conferencia de prensa diaria, donde varios de los integrantes de su gobierno presentaban casos en los que supuestamente jueces habían liberado a presuntos delincuentes.

En los siguientes meses continuaron los señalamientos. La retórica en su conferencia pasó de rechazar un acto autoritario a “no callar ante la injusticia y la corrupción”. Repitió una y otra vez que en el Poder Judicial “hubo influyentismo y corrupción”, e insistía en presentar denuncias contra los jueces porque “no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los funcionarios estamos sujetos al escrutinio público”.

Hubo 448 ataques de este tipo contra del Poder Judicial y sus integrantes entre enero de 2023 y septiembre de 2024, según documentaron organizaciones de la sociedad civil integradas en el colectivo #LaJusticiaQueQueremos.

Entre las críticas, 22% correspondieron a señalar fallas en resoluciones judiciales, y 20% a acusaciones de corrupción. En otros casos, reprochaba a los jueces defender los intereses de la “oligarquía” (7%) o de las “élites” (5%), gozar de privilegios (3.3%) o recibir un sueldo demasiado alto (3%).

Aunque López Obrador dijo varias veces que “al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”, en su sexenio y el de su sucesora, Claudia Sheinbaum, se desmanteló uno de los contrapesos más importantes que la incipiente democracia mexicana había construido en las últimas décadas.

III. Una reforma contra la independencia: los riesgos del nuevo modelo judicial

Ante la presentación formal de la propuesta de reforma judicial, distintas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, así como expertas y expertos, juezas y jueces, estudiantes y personas del sector empresarial alertaron sobre los graves riesgos que la reforma judicial planteaba para la independencia del Poder Judicial en México.

V. El despertar del Poder Judicial: ¡reforma sí, pero no así!

Personas trabajadoras del Poder Judicial, así como personas juzgadoras, dejaron sus oficinas, suspendieron labores, organizaron paros y marchas frente a tribunales y al Congreso para oponerse a una reforma que ponía en riesgo sus cargos y la independencia del Poder Judicial. Las historias de Emilia Molina y Juana Fuentes, recogidas en entrevistas, muestran el lado más personal de esa resistencia: años de estudio y trabajo que podían perderse de un día para otro, amenazas, desgaste emocional y la decisión de seguir defendiendo su profesión pese al costo.

Trabajadores del Poder Judicial: ¡Reforma sí, pero no así!

En febrero de 2024, la mayoría de las personas trabajadoras del Poder Judicial creían que la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador meses antes jamás sería concretada, por lo absurda que parecía. Cuatro meses después, con el triunfo de Claudia Sheinbaum y la mayoría calificada de su partido Morena en el Congreso de la Unión, se volvía realidad lo que parecía imposible.

Así, comenzó la resistencia. Tenían la esperanza de detener la inminente reforma, pero sabían que sus posibilidades eran mínimas. Aun así, el mayor incentivo para salir a manifestarse fue al menos evidenciar que esas modificaciones constitucionales no solo avasallarían a uno de los Poderes de la República, sino que cada persona en este país sufriría las consecuencias de tener jueces electos por voto popular.

Reconocían que se necesitaba una reforma, porque el Poder Judicial tenía vicios y, en algunos casos, le había fallado a la ciudadanía, pero no una que echara por la borda el aprendizaje de miles de profesionales del derecho y abriera la puerta hasta a delincuentes para ser jueces, como finalmente ocurrió.

Además, estaba por cambiarles la vida a 73 mil personas servidoras públicas en los poderes judiciales locales y 54 mil 388 en el Poder Judicial de la Federación, ante la inestabilidad laboral que enfrentarían.

Sobre todo destituirían a 6 mil 800 personas juzgadoras y magistradas que laboraban en los Poderes Judiciales, sin importar cuántas décadas habrían dedicado a prepararse. Simplemente serían desechados como si su trabajo impartiendo justicia no tuviera valía.

La organización comenzó desde la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C. y la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A. C. (JUFED), pero también en cada oficina con quienes estaban dispuestos a luchar, aun cuando pareciera una batalla perdida.

El 19 de agosto de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores nacional e indefinido en diferentes sedes del país. La imagen era inédita: miles de mujeres y hombres, acostumbrados a seguir procedimientos legales y trabajo en oficina se atrevieron a marchar, con la desesperación en la garganta. El último recurso ante la embestida.

Aún cuando parecían gritos en el desierto, porque la interlocución con los legisladores era muy escasa y compleja, mantuvieron las protestas con vehemencia. ¿Qué mueve a alguien a protestar, a resistir? ¿De dónde se saca el coraje para pelear contra Goliat?

La sociedad civil frente al tsunami político

Durante años, organizaciones de la sociedad civil y académicos habían analizado y denunciado las fallas en el sistema de justicia, incluyendo la inequidad en el acceso a éste, los altísimos niveles de impunidad, las deficiencias en la actuación de las fiscalías y, también, la captura política en los procesos de nombramientos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, reconocían los esfuerzos por profesionalizar la impartición de justicia que se habían dado en los últimos 30 años y el papel de “contrapeso efectivo” que había jugado el Poder Judicial de la Federación frente al Ejecutivo Federal. Más bien se requería corregir con rumbo. Así, en octubre de 2023 nació #LaJusticiaQueQueremos, un movimiento conformado por 33 asociaciones, para movilizarse ante tendencias preocupantes: los crecientes ataques a la independencia judicial y la captura institucional del Poder Judicial.

Entre ellas estuvieron la Fundación para la Justicia (FJEDD), el Observatorio de Designaciones Públicas, México Evalúa, la Fundación para el Debido Proceso, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, Búscame-Buscando Desaparecidos México, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Artículo 19, Magistrada Ya, Juicio Justo.

Cuando el Ejecutivo presentó su iniciativa de reforma judicial, este movimiento se convirtió en un esfuerzo ciudadano orientado a visibilizar y contrarrestar los riesgos asociados a esta reforma. Esta plataforma se convirtió en un punto de convergencia para quienes defienden la autonomía del Poder Judicial como pilar de la democracia mexicana.

Luis Fernández, director de Práctica Laboratorio para la Democracia, una de las organizaciones que acompañó las movilizaciones, explica para esta investigación que las organizaciones reaccionaron ante la “probabilidad de pérdida de independencia judicial” y la “captura institucional” que implicaba la reforma. Sin embargo, reconoce que subestimaron el contenido político de las reformas, concentrándose en señalar las fallas en los aspectos técnicos.

Aunque reconocían que el sistema judicial sí tenía muchos problemas, “la reforma que se estaba proponiendo no era la correcta”, afirma Laurence Pantin, directora de Juicio Justo.

“Participamos en los Diálogos Nacionales organizados por los legisladores. Organizamos foros, conversatorios y conferencias. Fuimos a hablar con legisladores de todos los partidos que estaban dispuestos a recibirnos. Desarrollamos propuestas para mejorar la impartición de justicia sin menoscabar la independencia judicial y buscando preservar la profesionalización de las personas juzgadoras,” explica Pantin. “Pero era un diálogo de sordos. Nunca nos escucharon.”

“Las organizaciones reaccionamos en todo momento para funcionar como un dique de contención. Y en realidad ese dique de contención es un dique muy pequeño, ante un tsunami que era muy difícil de frenar”, reconoce Luis Fernández.

Los estudiantes salen a las calles.

En la última semana de agosto de 2024, estudiantes de la UNAM publicaron una carta expresando su inconformidad. Luego organizaron una marcha masiva en el Ángel de la Independencia, con la asistencia de decenas de miles de personas. La participación de los más jóvenes fue vista como una luz de esperanza.

El 1 de septiembre superaron la hazaña con una masiva marcha que terminó frente a la Cámara de Senadores y donde leyeron un pronunciamiento: “Los jóvenes y los estudiantes no somos manipulados, a los jóvenes y los estudiantes nadie nos engaña”.

Esto en referencia a la crítica del expresidente López Obrador sobre su participación en las protestas: “Seguramente les están diciendo que es injusta e ilegal la reforma al Poder Judicial o antidemocrática; los están engañando”, dijo entonces.

La reacción empresarial

El sector empresarial reconocía “fallas del sistema de justicia”, pero también respaldaba a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia. En uno de los eventos de campaña, a nombre del empresariado mexicano, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advertía: “Tenemos coincidencias en adoptar con apertura la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas las del Poder Judicial. (Porque) la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo”.

Ofreció participar en los diálogos hacia la reforma, pero, como el resto de sectores, fue ignorado a la hora de plasmar los cambios constitucionales.

Ximena Céspedes, vicepresidenta de Desarrollo Democrático de Coparmex, lo explica: lo primero que se hizo fue un análisis muy profundo de los riesgos y oportunidades de la reforma judicial. “Pedimos que hubiera una discusión más larga, que se necesitaba tiempo para esto o que por lo menos la decisión de nombrar no fuera el 50%, sino que empezáramos primero por algunos estados, solo algunos perfiles y que hubiera una discusión muchísimo mayor, sobre todo en temas de perfiles, para no quitar toda la experiencia que se tenía. Desafortunadamente, aunque los foros fueron completamente abiertos y con todo tipo de expertos, fueron desoídos. Es la palabra correcta, porque la decisión ya estaba tomada entonces”.

Una vez aprobada la reforma constitucional, para el sector empresarial implicó un “cambio en la estructura, cambio en los modelos de decisión, en las reglas implícitas”, pero sobre todo, incertidumbre, reconoció Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex.

La Barra Mexicana alza la voz

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), emitió posicionamientos públicos advirtiendo que las propuestas de reformas constitucionales al Poder Judicial “amenazan su independencia, violan estándares internacionales y socavan la democracia”. En paralelo, colaboró con el Rule of Law Impact Lab de NYU Law y el Inter-American Dialogue en el informe técnico Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México.

Ante el llamado de la entonces virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para abrir espacios de discusión, la BMA organizó una Jornada Nacional de Diálogos sobre la reforma judicial a través de sus comisiones y capítulos estatales, convocando a cámaras empresariales, universidades, escuelas de Derecho y representantes de la judicatura para debatir el alcance de la reforma y sus efectos sobre la independencia judicial. En estos pronunciamientos, la Barra expresó su preocupación por la “prisa” del gobierno para aprobar la reforma y exigió un análisis con la formalidad y rigor necesarios antes de modificar de raíz el diseño del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, la BMA proyectó estas preocupaciones al plano internacional al acompañar el Pronunciamiento de la Unión Internacional de Abogados (UIA) a la reforma judicial planteada en México, que llamó la atención sobre los riesgos de politización, debilitamiento de contrapesos e impacto en el acceso a la justicia.

El mundo mira a México: la reacción internacional

Las reacciones internacionales, a través de organizaciones no gubernamentales, representantes diplomáticos y expertos en derecho, evidenciaron los riesgos que la reforma judicial supone para la democracia, la independencia judicial y los derechos humanos en México. Embajadores de Estados Unidos y Canadá, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, así como organizaciones como el Vance Center, DPLF, el Rule of Law Lab de NYU Law, el Wilson Center, WOLA, Human Rights Watch y The Inter-American Dialogue, advirtieron que las modificaciones propuestas debilitan los contrapesos institucionales y abren la puerta a una captura política del Poder Judicial. La comunidad internacional sabe que cuando en un país se trastocan los principios democráticos no se trata de un asunto doméstico, toda vez que las repercusiones, además de afectar en lo local, sientan precedentes para el resto del mundo.

Diversos informes, pronunciamientos y análisis especializados coincidieron en que el caso mexicano se había convertido en una prueba clave para la protección de la independencia judicial en la región y para la credibilidad de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Las comunicaciones formales de la Relatora de la ONU y los reportes de centros de investigación y “think tanks” señalaron que la elección masiva de jueces sin salvaguardas adecuadas, en un contexto de descalificaciones e intimidación desde otros poderes, no solo amenaza la separación de poderes y el debido proceso, sino que también puede afectar la confianza de inversionistas, el cumplimiento de obligaciones comerciales —incluido el T-MEC— y la estabilidad democrática regional, al ofrecer un “modelo” de reforma replicable por gobiernos con tendencias autoritarias en otros países.

* La segunda elección judicial, originalmente planeada para 2027, deberá finalmente realizarse en 2028, conforme a la reforma constitucional publicada en el DOF el 2 de junio de 2026.

Créditos:

NYU RULE OF LAW LAB · KONRAD ADENAUER STIFTUNG · JUICIO JUSTO · RÉPLICA FILMS

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