La democracia y el triunfo de las víctimas | Por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

Las democracias de las Américas enfrentan paradojas cada vez más profundas. En todo el continente hemos construido constituciones, sistemas electorales, congresos, tribunales y extensos catálogos de derechos; y, lo que es más: un sistema interamericano de derechos humanos; sin embargo, seguimos depositando una parte desmesurada del destino colectivo en la voluntad, el temperamento y las ambiciones de quien ocupa la presidencia. El problema en ello no consiste únicamente en que puedan llegar al poder malos gobernantes; es más profundo: hemos construido democracias que frecuentemente necesitan que quien gobierna tenga l voluntad de comportarse democráticamente.

La cuestión nos devuelve inevitablemente a Aristóteles. Para él, la política no podía comprenderse simplemente como la lucha por conquistar y conservar el poder. La polis se instituyó para hacer posible la vida buena, y la política encontraba su sentido superior en la construcción del bien común. Por ello, la virtud política implica una peculiar capacidad para mirar más allá del interés propio. Quien gobierna no debería hacerlo para sí mismo, para su familia, para su grupo ni para una facción, sino para la comunidad política.

Esta idea parece extraordinariamente distante de la práctica política contemporánea. En numerosos países americanos, la figura presidencial concentra una enorme potencia simbólica, administrativa y política. La persona titular del Ejecutivo es simultáneamente jefe de Estado o de gobierno, principal articulador de la administración pública y, con frecuencia, líder efectivo de su partido, movimiento o coalición. Y en ello se cifra esta peligrosa confusión: la frontera entre Estado, gobierno, partido y facción puede volverse cada vez más tenue.

El gobernante comienza, en ese ámbito, a hablar como si quienes votaron por él constituyeran el pueblo entero; después, como si el partido representara a la nación; finalmente, puede llegar a considerar cualquier límite institucional como una resistencia ilegítima a la voluntad popular que asegura encarnar. Precisamente para impedirlo existe la democracia constitucional.

La gran conquista de la institucionalidad democrática consiste en comprender, por el contrario, que ninguna sociedad debería necesitar gobernantes virtuosos para conservar su libertad. Sería deseable, desde luego, que quienes ejercen el poder poseyeran la virtud aristotélica del buen ciudadano y comprendieran la política como búsqueda del bien común. Pero las instituciones existen precisamente porque no podemos presuponer semejante virtud como característica universal de quien participa en la política.

Una democracia madura debe funcionar de manera adecuada, sobre todo cuando gobiernan personas ambiciosas, intolerantes, narcisistas o convencidas de poseer una verdad histórica superior. Los contrapesos, en ese sentido, no constituyen obstáculos para el buen gobierno, sino elementos de protección frente a la posibilidad permanente del abuso del poder.

Pensando desde estas coordenadas, la economía política resulta indispensable para ampliar la visión crítica frente a lo político. Porque el poder no existe separado del poder económico. Presidencias fuertes, Estados institucionalmente débiles, enormes desigualdades, sistemas fiscales insuficientemente redistributivos, concentración de la riqueza y captura de instituciones por intereses públicos, privados o criminales forman recurrentemente parte de un círculo profundamente corrosivo. La desigualdad económica se convierte en desigualdad política; y a su vez, ésta permite preservar privilegios y reproducir la desigualdad inicial.

Por eso la democracia no puede reducirse a organizar elecciones. Una sociedad en la que millones de personas carecen de alimentación adecuada, seguridad social, educación de calidad, vivienda digna o condiciones materiales para desarrollar libremente su existencia podrá conservar procedimientos democráticos y, simultáneamente, incumplir la promesa sustantiva que justifica moralmente a la democracia.

Los derechos humanos adquieren aquí su mayor radicalidad, pues en clave democrática, constituyen límites reales al poder y, simultáneamente, mandatos de actuación para el Estado. El derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad, al medio ambiente sano o a vivir una vida libre de violencia no debería depender de quién gana las elecciones y de si está dispuesto o no a darles plena garantía.

Ésta debería ser una de las pruebas decisivas de una democracia: qué tan poco dependen los derechos humanos, respecto de la postura o identidad de quien gobierna. De manera preocupante, en distintas experiencias americanas se observa periódicamente el fenómeno contrario. Cada elección presidencial es presentada como una decisión existencial. Instituciones construidas durante décadas pueden debilitarse en unos cuantos años; organismos autónomos son sometidos a presiones; tribunales son cuestionados o eliminados cuando sus resoluciones contradicen al Ejecutivo; administraciones públicas son colonizadas por lealtades partidistas; y las políticas de Estado son sustituidas por proyectos cuya temporalidad coincide con la permanencia de una persona o movimiento en el poder.

De ahí que el problema de nuestras democracias sea también cultural. No basta solo con diseñar instituciones. Es necesario construir una cultura democrática que las sostenga y que, a su vez, sea fortalecida por ellas. Se trata de una relación circular virtuosa: instituciones capaces de limitar el poder forman ciudadanía democrática; una ciudadanía democrática exige, protege y perfecciona esas instituciones.

La pregunta fundamental deja entonces de ser quién debe gobernar y se convierte en algo mucho más exigente: ¿qué instituciones necesitamos para que nadie pueda gobernar arbitrariamente?

Adicionalmente, queda todavía una exigencia más profunda. Max Horkheimer formuló una de las intuiciones morales más poderosas del pensamiento crítico al sostener, en diferentes momentos de su obra, la imposibilidad de aceptar que el verdugo triunfe definitivamente sobre sus víctimas. Queda mucho de insoportable en una historia donde quienes fueron asesinados, desaparecidos, torturados, empobrecidos o expulsados de toda posibilidad de una vida digna quedan sepultados bajo el relato triunfal de los vencedores.

Pensada desde ahí, la democracia adquiere una densidad ética mucho mayor. No es simplemente una técnica para seleccionar gobernantes. Es una arquitectura política construida para impedir que haya seres humanos sometidos ilimitadamente al poder de otros.

Las Américas necesitan, por ello, avanzar desde democracias excesivamente presidencializadas hacia auténticas democracias institucionales; desde gobiernos de personas hacia gobiernos de leyes; desde la lealtad partidista hacia la responsabilidad pública; desde políticas de periodos presidenciales hacia políticas de Estado fundadas en derechos. Debe comprenderse en toda su radicalidad, que la política democrática comienza precisamente donde termina la necesidad de confiar en la bondad del poderoso.

Porque su misión última no consiste únicamente en distribuir el poder, organizar elecciones o garantizar alternancias. Su sentido más profundo consiste en hacer posible una comunidad política en la cual ninguna persona pueda ser reducida a víctima por la voluntad de otra; en la que el poder encuentre siempre un límite frente a la dignidad humana; y en la que quienes han padecido injusticia puedan encontrar instituciones capaces de escuchar, reparar y transformar.

Investigador del PUED-UNAM