Denuncian a magistrados ligados a casinos
La denuncia de hechos "que pudieran ser constitutivos de delitos" involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil; y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo; así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y a Mario Alberto Prado, ex secretario técnico.

El Consejo de la Judicatura Federal presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra magistrados que presuntamente están involucrados en una red de tráfico de influencias a favor de Juan José Rojas Cardona, el zar de los casinos.

Este es el comunicado en que la Judicatura informa de su denuncia:

PRESENTA CJF DENUNCIA DE HECHOS POR POSIBLES CONDUCTAS IRREGULARES

*Dicha acción se deriva del compromiso del CJF de garantizar una justicia imparcial para los ciudadanos

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, debido a que en diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos-, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según diversas notas periodísticas se involucra la participación de los mencionados funcionarios públicos en posibles actos ilícitos.

Paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, el Consejo de la Judicatura Federal continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.

Asimismo, expresa su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia.

Con esta acción, el CJF cumple con su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad, lo que constituye una demanda de la sociedad.



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