opinión*
La última tentación del Poder Judicial (Artículo)
por Redacción AN
(Foto: Twitter/@TEPJF)

Gerardo de la Fuente Lora*

En las últimas semanas los máximos tribunales del país han emitido resoluciones aberrantes y absurdas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación zanjó una controversia constitucional, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra varios artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio de una interpretación que autoriza que las policías realicen cateos y revisiones a cualquier ciudadano, sin necesidad de exhibir una orden emitida por un juez, siempre que el agente policial, el que sea, de cualquier nivel, actúe en flagrancia o presuma intenciones delictivas o sospechosas en alguien. Esta resolución contradice abierta y explícitamente a la Constitución vigente cuyo arículo16 establece, sin ambigüedad alguna: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió que el nombre de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, sea incorporado a las boletas electorales a pesar de no haber reunido el número de firmas necesarias, aduciendo que podría haberlo hecho si no hubiera sido porque el Instituto Nacional Electoral no le permitió demostrar que algunas de ellas fueron auténticas en medio de un mar de signaturas falsificadas.
Estas decisiones de las Cortes constituyen atentados contra la coherencia que cualquier estudiante de primer año de preparatoria podría demostrar; de hecho se trata de casos que podrían estudiarse fructíferamente como ejemplos de falacias en los cursos obligatorios de lógica. No sólo se trata de enunciados falsos como deducciones del sistema legal al que supuestamente pertenecen, sino que su carácter raya en lo grotesco.
¿Cómo es posible que las instancias encargadas de velar por la consistencia de los cuerpos normativos introduzcan, precisamente ellas, contradicciones abiertas en el aparato jurídico y, no sólo eso, sean aún capaces de exhibir supuestos argumentos para justificarlas? Porque no sólo fueron las resultantes absurdas, sino que los retorcimientos al buen sentido, a la inteligencia, a que se recurrió para sustentarlas, lindaron ya no sólo con lo grotesco, sino con lo ridículo.
Con su interpretación del artículo 16 constitucional, la Suprema Corte realizó, en un párrafo, lo esencial del propósito del gobierno de Enrique Peña Nieto al proponer la Ley de Seguridad Interior -que por cierto se encuentra vigente-, pues cualquiera que sea el destino del debate sobre la constitucionalidad ,o no, de esa Ley, se podrá criminalizar desde ya a quien proteste o manifieste su inconformidad ante el desarrollo de los comicios de julio.

La resolución en torno a la incorporación de El Bronco a las boletas electorales, como señaló muy bien Diego Valadés, hace a la sociedad albergar dudas sobre el Tribunal que tendrá a su cargo la calificación de las elecciones. Haber tomado, al comienzo mismo de la campaña comicial, una decisión que mina la credibilidad de los jueces, parece un despropósito inconcebible, una locura. ¿Pero y si justamente se hubiera tratado de eso? ¿Si con su decisión el TEPJ quiere decirnos de una vez que puede resolver lo que sea y que aún lo ilógico no representa una traba? ¿Quería el Tribunal poner a prueba la reacción de la sociedad ante la emisión de un acuerdo grotesco y, sin embargo, “definitivo e inatacable”?
En última instancia, el Tribunal Electoral calificará la validez general de las elecciones. La Ley le otorga incluso la facultad genérica de calificar como válidos, o no, los comicios, desde una perspectiva global, integral, y no sólo a partir de la consideración de tales o cuales violaciones específicas de las normas legales. Así que al final los jueces podrán decir que el resultado fue tal, pero que el proceso estuvo viciado de origen y que por tanto los comicios se consideran nulos; o puede, también, declarar la inelegibilidad del candidato triunfante. En esos casos, habría que repetir las elecciones, y el Congreso tendría que nombrar un presidente interino obligado a emitir una nueva convocatoria comicial.
Antes de llegar a esa decisión extrema, el Tribunal podría maniobrar para desechar toda o una parte de las votaciones a favor de quien ocupe el primer lugar, o el segundo, reordenando las posiciones repectivas; o bien podría aceptar unos reclamos y otros no, de tal suerte que sus decisiones determinasen el peso formal que al final habrían de tener cada una de las fuerzas del tablero político-institucional. De esa forma, definiendo la composición del Legislativo, el TEPJ definiría indirectamente el nombramiento del Ejecutivo interino.
¿Cederán los Tribunales a la tentación de sustituir a la decisión soberana del pueblo al votar? ¿Estarán tentados de extraer esas enseñanzas de procesos como el de Brasil?
Por lo pronto, la introducción de contradicciones lógicas abiertas en el entramado jurídico, más allá de mostrar a la población que la inconsistencia, o incluso el ridículo, no constituyen traba alguna para los jueces, tiene el efecto de garantizar la preeminencia continuada de lo judicial sobre lo político. Pues si las leyes son confusas, contradictorias, la última palabra la tendrán siempre los únicos intérpretes oficiales de la Ley. Y habrá que recurrir una y otra vez a ellos, y en cada ocasión tendrán oportunidad de hacer exhibición de su poder.
Paradójicamente, los garantes del orden, entonces, tienen incentivos para fomentar el caos. En tierra de desbarajuste, será Rey quien ocupe la posición de intérprete oficial.

*Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Redacción AN

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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