“Más poderes y menos controles sobre la policía”, tras aval a inspecciones sin orden judicial: López Portillo
No hay evidencia de que las inspecciones policiales reducen el delito, aseveró el experto en temas de seguridad.
Foto: Gabriela Pérez Montiel/ Cuartoscuro

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara la inspección de personas y sus vehículos por parte de la policía, sin orden judicial o ministerial, siempre y cuando exista flagrancia o “sospecha razonable”, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, señaló que a los cuerpos policiacos les dan “cada vez más poderes” y hay “cada vez menos controles”. 

En #AristeguiEnVivo, dijo estar “preocupadísimo” porque “los criterios que utilizará la policía para estas inspecciones tienen dos características que los hacen peligrosos: la subjetividad y la ambigüedad”. 

“La sospecha razonable no existe en el código de procedimientos penales. No está definida por la propia Corte. Es cierto que la policía necesita un margen de acción… el problema es que una policía en un estado democrático de derecho debe tener controles diversos”, expuso.

“Cuando la Corte decide esto amplifica, habilita nuevos poderes a la policía, estas son cláusulas de habilitación de poderes y reduce los controles, más poderes y menos controles sobre la policía”, detalló.

Recordó que en México “no tenemos una policía profesional, que tenga criterios profesionales cuando se aproxima a los ciudadanos”.

“La Corte está desconociendo un problema documentado que es el conflicto sistemático de la policía… en la medida que utiliza más poderes y a la vez no habilita controles adecuados, tiende a la desviación y al mal uso de esos poderes”, anotó.

Aunque un juez de control revisará la legalidad de estas inspecciones, apuntó que hay un problema: “que el juez no está en la calle, no está in situ donde las policías van a tomar estas decisiones”.

Advirtió que es previsible un “efecto multiplicador de violación de derechos humanos” pues se “va invadiendo esferas de derechos”.

Además, sostuvo que no hay evidencia que permita concluir que con este tipo de inspecciones la policía logra en efecto la reducción de la delincuencia.

“Esta es una clásula de habilitación de poderes que rebasa las contornos constitucionales y legales, que no va acompañado con robustos sistemas de control, y no hay evidencia que al hacer estas inspecciones se modifique el comportamiento del delito a la baja”, explicó.

“Me pregunto si los ministros están revisando el problema de la falta de evidencia porque mi hipótesis es que asumen que estos poderes mejorarán el rol de la policía en el tema de seguridad pero no hay evidencia disponible”, abundó.

En cambio, sí existe documentación de una conflictividad sistemática, masiva, de la policía con los derechos humanos.

“Estamos revirtiendo la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Le vamos quitando pedazos… la vamos debilitando a través de poderes que va a usar la policía en la calle sin que tengamos el registro, la documentación de ningún tipo, de cómo usa la policía estos poderes”, subrayó.

Por ello “no hay posibilidad de establecer una mirada completa sobre el comportamiento de la policía en la toma de decisiones calle por calle. Estamos entregándole poderes a una policía que toma decisiones por su cuenta” y actualmente en el país “hay un problema en el uso de la fuerza”, además de que “la policía selecciona a las clientelas más débiles para utilizar estos poderes, por ejemplo los jóvenes”.

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