opinión*
El suelo, motivo de bárbara especulación que sólo beneficia a grandes empresarios, artículo de Jaime Cárdenas
por Columnista [email protected]

Una visión pesimista sobre la Asamblea Constituyente de la CDMX
Jaime Cárdenas Gracia*

Los proyectos de dictamen hasta ahora aprobados establecen que la Ciudad de México será una entidad federativa sui generis, tutelada en decisiones fundamentales por los poderes federales. Se le reconoce la autonomía, pero se le niega la soberanía que contempla el párrafo primero del artículo 41 constitucional.

La mayoría de las fuerzas políticas no desea que el texto constitucional se apruebe mediante referéndum. El proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno no propuso el referéndum de los ciudadanos de la CDMX una vez que el texto constitucional sea aprobado por la Asamblea Constituyente. El asunto no es para nada desdeñable, tomando en cuenta que 40 de los 100 diputados constituyentes no fueron electos por los ciudadanos sino designados por las Cámaras de Senadores, la de Diputados, el Jefe de Gobierno y el Presidente de la República; que la participación en la elección de 5 de junio de 2016 que eligió a los 60 diputados no alcanzó el 30% del listado nominal de los electores inscritos en el padrón electoral; y, que los electos fuimos elegidos por el método de representación proporcional y no por el método mayoritario o uninominal.

Aunque en el proyecto constitucional del Jefe de Gobierno se reconoció a los pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanos, el derecho a la consulta a estas comunidades sobre el texto constitucional no será completo, sino sólo se referirá a tres artículos que los aluden. Este hecho es grave porque implica una violación a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y a decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha determinado que a los indígenas se les debe consultar sobre todas las materias susceptibles de afectarles, ya sea directa o indirectamente. Es decir, se les debería consultar sobre toda la Constitución y no exclusivamente sobre una porción de la misma.

En el Pleno de la Asamblea Constituyente se discutirá la autonomía territorial y organizacional de pueblos indígenas en la Ciudad. Muchas fuerzas políticas se opondrán a esta justa pretensión que quedó pendiente desde las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés. La autonomía para los indígenas propuesta por el Jefe de Gobierno en su proyecto fue cosmética, y consistió en reconocer autodeterminación para que los pueblos y comunidades cuenten con sus sistemas normativos y con jurisdicción indígena. Hasta ahí llega la autonomía reconocida. El proyecto de Mancera ni siquiera estableció circunscripciones electorales a favor de los pueblos y comunidades ni contempló la plurinacionalidad en la conformación de las instituciones públicas de la Ciudad.

Para la prestación de muchos servicios públicos se han dejado abiertas las posibilidades para la privatización de servicios públicos estratégicos: la atención de los mismos se podrá realizar vía concesiones, autorizaciones, contratos y permisos, lo que constituirá, además de un despojo de los recursos públicos, un gran negocio para unos cuantos empresarios de la Ciudad, del país y del extranjero, como ya ocurre. En el país y en la Ciudad, una de las características del sistema jurídico neoliberal es la privatización de los recursos y servicios públicos. Este modelo significa la pérdida de las visiones ciudadanas y populares en beneficio de una globalización impuesta de arriba a abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos del mundo para los ricos del mundo.

Una gran discusión en la Constituyente consiste en precisar los supuestos en el texto constitucional para el ejercicio del derecho a la consulta a los habitantes de la Ciudad, a fin de que la autoridad pueda realizar cambios de uso de suelo y autorice los megaproyectos, públicos o privados, y que el ejercicio del instrumento sea previo, obligatorio y vinculante. Se quiere tramposamente, en los dictámenes y discusiones tenidas, remitir a la ley secundaria este tema crucial para diluirlo en ella.

En general, en materia de democracia directa y participativa, la intención de las principales fuerzas políticas consiste en establecer requisitos excesivos para que los ciudadanos ejerzan el referéndum, el presupuesto participativo, la iniciativa legislativa, la revocación de mandato, las consultas y las acciones populares de inconstitucionalidad. Muchos quieren, comenzando con el proyecto del Jefe de Gobierno, que existan materias como las tributarias, fiscales y penales, que no sean susceptibles de consultas o de referéndum.

En el apartado constitucional que establece el sistema de planeación urbana, se incluyen planes, programas sectoriales y especiales sobre desarrollo, que darán lugar a normas que, como ahora ocurre, irán más allá de las leyes. Lo preocupante es que esos ejercicios de planeación se realizarán sin la participación debida y sin respetar la voluntad ciudadana.

El territorio de la Ciudad mantiene más de 50% de suelo rural. En esos espacios se debe prohibir su cambio de uso de suelo. El tema es fundamental para el futuro de la Ciudad. El suelo es motivo de una bárbara especulación urbana que no beneficia a los habitantes sino a los grandes empresarios.

En el tema de Poder Judicial de la Ciudad, aunque la Comisión respectiva tiene la pretensión de ciudadanizar parcialmente al Consejo de la Judicatura Local, no quiso acordar la existencia de un Tribunal Constitucional Local que pudiera ser el garante de los derechos humanos y el árbitro de las disputas entre los poderes e instancias de autoridad de la Ciudad.
En general, y a reserva de otras colaboraciones, mi visión es pesimista sobre la Constitución para la Ciudad de México. Prevalecen en el Constituyente los intereses gremiales, económicos y políticos por encima de los derechos de las personas, y se mantienen concepciones tibias para organizar los poderes e instituciones públicas.

*Diputado a la Asamblea Constituyente por Morena.

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