Se duplican asesinatos de mujeres en la última década (Reportaje e informe) - Aristegui Noticias
Se duplican asesinatos de mujeres en la última década (Reportaje e informe)
‘Impunicidios’: crimen sin castigo. Al menos 97 de cada 100 feminicidas no terminan en la cárcel. Estos crímenes pasaron de mil 89 en 2007, a dos mil 746 en 2016, revela informe de ONU Mujeres México
Foto: Verónica Ramírez/ Obturador MX

Por Alejandro Melgoza, Marco Antonio López y Vania Pigeonutt

Los homicidios de Alondra, Esmeralda y Érika ocurrieron en Ecatepec, Ciudad Juárez y Acapulco, tres ciudades que no logran salir del deshonroso top ten de municipios con más feminicidios. Haber sido asesinadas en territorios de alto riesgo para las mujeres no es el único elemento en común que tienen estos crímenes: ninguna de ellas ha recibido justicia. Sus homicidas siguen libres y sus casos permanecen irresueltos.

Los asesinatos de mujeres en México se duplicaron en la última década, al pasar de mil 89, en 2007, a dos mil 746, en 2016. Si hace diez años se registraban 1.9 homicidios por cada 100 mil mujeres, el año pasado este indicador escaló a 4.4 por cada 100 mil, revela el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe, al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, muestra que Acapulco (Guerrero), Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Victoria (Tamaulipas) y Ecatepec (Estado de México) encabezaron en 2016 la lista de defunciones de mujeres con presunción de homicidio (DMPH).

Por estados, Colima lidera por primera vez el índice nacional de feminicidios. Le siguen Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos. En estas entidades asesinan a entre 8 y 16 mujeres por cada 100 mil habitantes de este sexo. Las gráficas nacionales también registran una tendencia descendente entre 1985 y 2007.

La tasa de impunidad en este delito queda al descubierto cuando se observa la relación entre averiguaciones previas frente a la cantidad de asesinos encarcelados. Aristegui Noticias consultó el Censo Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), mismo que documenta que en 2015 se registraron 2 mil 277 denuncias por homicidio doloso contra mujeres, pero sólo 76 de esos crímenes concluyeron en sentencia condenatoria. Únicamente 3.33% de los casos fueron resueltos, es decir: 97 de cada 100 casos no terminaron en prisión ese año.

En entrevista, Belén Sanz, representante de ONU Mujeres México, resalta que el feminicidio es una agresión sistemática en todo el país. “Un continuum de violencia en todos los rincones”. Si bien existen esfuerzos del gobierno mexicano para combatirlo, señala, se requiere una “respuesta urgente” por parte de las autoridades judiciales, de acceso a la justicia y de prestación de servicios para “romper con la impunidad” y cumplir el objetivo: prevenir estos crímenes en los que se tiene una dinámica propia que responde a la discriminación basada en género.

Del feminicidio al ‘impunicidio’

Magdalena García desliza sus manos en una cama hasta quitarle las arrugas. Parece acariciar una silueta. Repite el movimiento y su mirada aterriza en el edredón blanco intentando encontrar algo más. Desde hace tres años duerme en esa cama, el único lugar donde logra descansar. También donde recuerda todo.

Aquel día en que sostuvo una llamada telefónica con un funcionario de Ecatepec, Estado de México. El peso de las palabras que escuchó tras el auricular y la arrastraron al camino fangoso en el que los rostros femeninos quedan anulados, como sucedió con el de su hija, Alondra Fernández, de 23 años de edad. “Todavía no puedo entregársela a Dios… Hasta que se haga justicia”, dice sobre Alondra, cuya pareja presuntamente acabó con su vida en abril de 2014.

Foto: Verónica Ramírez/ Obturador MX

 

Una constante en los asesinatos de mujeres “es la brutalidad y la impunidad que los acompañan”, de acuerdo con el informe reciente de ONU Mujeres, Inmujeres y Segob. El acceso a la justicia en los casos de violencia cometidos contra mujeres es estropeado por la autoridad, de acuerdo con expertos consultados.

“Es la cadena de impunidad. Todo esto está plagado, desde el que investiga y juzga”, dice la titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

El caso de Alondra retrata tal situación, no se investigó y fue clasificado por las instancias correspondientes como “suicidio”. “Ya no le mueva”, le dijeron policías ministeriales a su madre. Es 2017 y en la investigación no hay nada concreto, sólo irregularidades. Su historia es parte de la violencia de género extendida en territorio nacional, una “pandemia” que los especialistas consideran ya “incontrolable” y puede ocurrir tanto en las calles como al interior de una casa o en las instancias del sistema judicial. Matar con las manos o matar con las leyes. En los casos de violencia contra las mujeres se cometen también “impunicidios”.

Alondra cambió su comportamiento cuando conoció a su entonces pareja, con quien se mudó a Ecatepec y su familia lo notó, se volvió ensimismada. Pasados los meses, el 17 de abril de 2014 regresó a la casa familiar y le dijo lo siguiente a su mamá sobre su pareja: “Es muy agresiva y me pide dinero. Le dije que ya no quiero nada y que me quería regresar”. La ex pareja aún libre es mujer, lo que no imposibilita la tentativa de feminicidio, pues se trata de una privación por razón de género.

Foto: Verónica Ramírez/ Obturador MX

Al día siguiente Alondra fue por sus pertenencias a la casa de quien ya consideraba su ex pareja. Magdalena le marcó entre las 13:00 y las 14:00 horas, pero no contestó el celular. No volvió a hablar con ella. El intento por comunicarse vía telefónica duró hasta las 19:30 horas, cuando el móvil fue atendido por una voz masculina: “Tiene que presentarse al Ministerio Público de San Agustín, Ecatepec. Su hija tuvo un accidente”.

Una vez ahí le pidieron pasar a reconocer el cuerpo de su hija. Fue su padre quien lo hizo. En la misma sala vieron a su ex pareja, quien fue liberada de inmediato porque “no había parte acusadora”, pese al reclamo de Magadalena.

De acuerdo con su relato, las autoridades negaron inicialmente las copias del expediente. “Me empiezo a dar cuenta de las inconsistencias”. Una de ellas es que la ex pareja dijo descolgar el cuerpo de Alondra, mientras que peritos, médicos y policías señalaron encontrarla “aún colgada”.

Luego supo que el lugar de los hechos nunca fue acordonado y no se realizó peritaje. “No hay motivo para tomar esas medidas”, refutó el servidor público. Las evidencias se perdieron. También dijeron que su hija dejó una nota de suicidio, nunca se la mostraron. “Su expediente está mal integrado”, dijeron ministeriales que ofrecieron mejorar la investigación por 15 mil pesos. El perito sacó el celular de su hija y le mostró conversaciones donde aparecían peleas sentimentales. “¿Ya ve? Es claro que fue un suicidio”, fue su argumento. Para Magdalena no fue suicidio. Días previos a la movilización ciudadana del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como Día Naranja, Magdalena miraba la ofrenda de Día de Muertos donde estaba la imagen de Alondra. Sobre un buró había decenas de cruces rosas. “Este dolor no caduca. Te levantas recordando todo”.

Sin importar el territorio, la particularidad en estos expedientes es la “impunidad”. La titular del OCNF, María de la Luz Estrada, señala: “Hay una incorrecta preservación del lugar de los hechos, un incorrecto procesamiento de indicios y evidencias, inobservancia en los protocolos de feminicidio. La autoridad sigue acreditando homicidios culposos”.

El país tiene una epidemia feminicida: 52 mil 210 defunciones por homicidio doloso se cometieron durante el periodo 1985-2016, de acuerdo con el informe citado.

Miriam Valdez, abogada especializada en género, detalla que, si bien existe una deficiencia en la capacitación de los funcionarios, la autoridad comete una “omisión dolosa, para que no se acrediten los tipos penales de feminicidio”.

Por su parte, el coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete, reconoce que uno de los “desafíos” desde las instituciones públicas es “revertir la impunidad” en los casos de violencia de género. “Como Estado hay que mandar un mensaje claro a los agresores”.

Para Belén Sanz, representante de ONU Mujeres México, hay grandes desafíos en el acceso a la justicia. “Hay que avanzar aún más, sobre todo su aterrizaje en entidades federativas. Que estos protocolos sean conocidos, apropiados e implementados de un modo realmente eficaz. Tenemos que romper con la impunidad, garantizar que todos estos avances normativos y jurisprudenciales se transformen. Romper los estereotipos de género que existen al interior del sistema judicial. Trabajar en transformar nuestras mentalidades, investigar con unos lentes de género”.

Convertirse en activistas, a pesar del dolor

Camina despacio, descompasado y en líneas diagonales azarosas, como andan los hombres sin destino o aquellos que perdieron algo indispensable. Carga en su mano derecha una bolsa con paletas en forma de corazón. Se detiene a ratos a platicar con alguien, siempre un desconocido, para regalarle el caramelo rojo a cambio de una petición un tanto extraña: que lo vean, que recuerden. No a él exactamente sino a su atuendo rosa, esa lona de plástico con la fotografía al centro de Esmeralda, su hija. Pide que, si un día la ven, entonces lo recuerden a él y lo llamen. Externa su petición y sigue caminando. Entre autos y arriba de camiones, pregunta si la han visto. Cuenta que perdió a su niña de 14 años. José Luis Castillo busca a Esmeralda, persistente, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Foto: David Peinado/ Obturador MX

El 27 de julio de 2015 cinco hombres fueron sentenciados a 697 años y seis meses de prisión cada uno en el juicio 267/14 por el asesinato y trata de 11 mujeres que “desaparecieron”. Aquí las mujeres y los hombres “desaparecen”.

Más de una decena de mujeres que transitaron por el centro de la ciudad, entre 2009 y 2010, y cuyos restos, en ningún caso completos, fueron encontrados en una zona serrana conocida como arroyo El Navajo, al otro extremo y afuera de la mancha urbana, a partir de 2011. Los sentenciados formaban parte de un grupo delictivo que controla la prostitución y la venta de droga en el Centro, el brazo armado del cártel La Línea, llamado el Barrio Azteca. Pero ese caso no se relaciona con la desaparición de Esmeralda. En su carpeta no hay líneas de investigación, ni sospechosos, ni culpables. Los jueces determinaron además en aquella ocasión que se debía abrir una investigación a policías por facilitar el traslado de las mujeres hasta aquel punto desértico en la carretera hacia El Porvenir y a celadores del Cereso de Juárez por permitir la prostitución de las jóvenes en el interior del penal. Ninguna investigación existe hasta ahora.

Entre esas calles, dominadas por grupos criminales, de cantinas viejas y callejones sórdidos, José Luis busca a su hija, Esmeralda Castillo Rincón, quien, de estar viva, tras 8 años perdida, tendría 22 de edad. Busca solo. Con el tiempo aprendió que con el gobierno no sólo no se cuenta si no que se lucha.

Aprendió, por ejemplo, que cada vez que llegaba un funcionario público federal a Ciudad Juárez la Fiscalía General del Estado lo convocaba a él y a otros familiares de jóvenes desaparecidas a actos públicos con el pretexto de que les reportarían información sobre sus hijas. Así evitaban las protestas, pero nunca hubo avances de investigaciones.

Foto: David Peinado/ Obturador MX

En enero de 2015, mientras el presidente Enrique Peña Nieto decía en visita a Chihuhua: “El rostro que tiene Ciudad Juárez es distinto al que se tenía apenas hace dos o tres años”, el equipo de seguridad del Estado Mayor Presidencial golpeaba a José Luis Castillo por intentar acercarse y mostrar la foto de su hija desaparecida en mayo de 2009. El altercado circuló en redes. Dos días después José Luis recibió una notificación que le ha parecido siempre dudosa: encontraron a Esmeralda. Apareció muerta.

Toda la familia fue al Servicio Médico Forense (Semefo). Les mostraron una tibia de seis centímetros que permanecía en el laboratorio desde 2013. Un resto óseo –irónico, el más fuerte y grande de la pierna debajo de la rodilla–, de los 206 que contiene un cuerpo humano. “Esto es Esmeralda”, les dijo el director del Semefo, Ever Castañón. “No busquen más. Fue un feminicidio”. Carpeta por desaparición: cerrada.

“Entonces nos tuvimos que volver activistas”, cuenta José Luis. Se organizaron. Se volvieron expertos en buscar restos humanos a mitad del desierto gracias a la ayuda de colectivos de Veracruz y Coahuila. Pidieron las coordenadas del lugar en que supuestamente se encontró la tibia de Esmeralda. “Nos dimos cuenta de que los rastreos los hacen sin nada, van caminando, viendo nada más”. Fueron ellos los que, con picos, palas y varillas, encontraron, en 20 horas, 65 restos, 60 de ellos se identificaron como de ser humano. En contraste, la Fiscalía en siete años halló 40.

Del total de restos hallados por los ciudadanos no se notificó a familiares de quienes, como José Luis, buscan. No hay dinero para hacer los análisis, les dicen. Tampoco para gasolina ni para acompañarlos a seguir buscando. Después de eso, José Luis contestó muchas veces su teléfono para escuchar, entre otras cosas: “¡Ya bájale de huevos… Cada vez que se cogen a tu hija nosotros ganamos dinero… Tienes otra hija, vamos a ir por ella!”. La última llamada fue hace dos meses. Una denuncia en la Procuraduría General de la República determinó que todas las llamadas se realizaron desde las oficinas de Gobierno del estado. No se investigó a nadie. Ha sido encarcelado cuatro veces. Lo han golpeado e ignorado. Pero sigue. Le pidieron que aceptara que su hija estaba muerta. Le dijeron que le convenía, que le pagarían 150 mil pesos por la reparación del daño y tendría “otros beneficios”. No quiso la tibia, no aceptó un hueso y pidió que le dejaran analizarla aparte. A un año de esa petición no lo logra. Por eso sigue caminando como lo hacen los hombres sin destino o los que han perdido algo indispensable.

Necesario un llamado a “emergencia nacional”

El gobierno federal se ha negado a reconocer la violencia sistémica de género propagada en todo el país. Pero los datos arrojan que hay más de 50 mil homicidios de mujeres registrados de 1985 a la fecha. Manuel Amador, especialista en derechos humanos, destaca: “El nivel de impunidad ante los feminicidios manda un mensaje a los feminicidas: se puede. Es necesario un llamado contundente a una emergencia nacional”.

Es su reciente informe, ONU Mujeres, Inmujeres y Segob recomiendan al Estado mexicano que priorice la respuesta a esta violencia en todos los órdenes y niveles de gobierno. “Que declare información de interés nacional”. Homologar en el ámbito local todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como estandarizar protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Sugiere también poner atención a la mejora de prestación de servicios y atención a víctimas, y atender las recomendaciones de los organismos internacionales.

“Tenemos que trabajar en la educación, en el sistema de protección, en tener una mirada integral. Es un llamado que hacemos para seguir avanzando en el entendimiento de este problema y sobre todo en las formas de erradicarlo”, enfatiza Belén Sanz.

Foto: Verónica Ramírez/ Obturador MX

Desde la perspectiva de Luz María Estrada no ha habido un pronunciamiento contundente.

Sanz agrega: “Necesitamos que el gobierno asuma plenamente su responsabilidad. México tiene las instituciones y el compromiso, pero claramente necesitamos acelerar el paso. Llegar a determinar emergencia o no, no corresponde a ONU Mujeres, pero sí una aceleración de todos los protocolos, medidas, normativas y jurisprudencia que tenemos, y llevar a cabo una acción conjunta que nos permita darle una muestra a la sociedad de que estos crímenes son inadmisibles. Se requiere cambiar actitudes y pensamientos que todavía justifican la violencia contra las mujeres”.

Cuando un no te lleva a la muerte

Érika Lizeth Chávez Victorio dio su primera clase de patinaje sobre hielo cuando tenía 16 años. Los maestros se maravillaron con la niña de 1 metro 80 de estatura y su destreza al hacer figuras sobre la pista. Pese a su corta edad la contrataron. Gabriela, su madre, incondicional, firmó la responsiva: fue su primer empleo.

Érika también estudiaba inglés, francés, guitarra y aprendía a manejar motocicleta. Deseaba ser arquitecta, pero desde niña le gustó patinar por influencia de su tío abuelo, patinador profesional. Tras su contrato inicial llegó a la pista para quedarse, iría cada verano desde 2006 hasta 2010, año en que la asesinaron.

Foto: Camilo Martínez/ Obturador MX

La noche del 6 de noviembre de ese año, su madre encontró junto con su ex esposo, el cuerpo de Érika en la colonia Rinconada del Mar, rumbo al aeropuerto de Acapulco. Tuvo que enfrentar la siguiente escena: su hija, que acababa de cumplir 20 años apenas unos días atrás, yacía con cara cubierta por una capucha negra, atada de manos con diurex, y los pies con cinta industrial gris. Érika tenía una cicatriz en la rodilla. Era ella. Su cuerpo presentaba golpes y moretones múltiples. En su cuerpo se encontraron restos de semen.

Gabriela Victorio afirma que el crimen sigue impune aunque hubo nueve detenidos por secuestro agravado. El caso sigue abierto. El delito de feminicidio no figura en el expediente TAB/SC/03/060/2010, que no se formalizó sino hasta cinco días después de su desaparición. Ha pedido justicia porque piensa que a su hija la secuestraron por negarse a ser la novia de Marco Antonio, integrante de una banda de criminales. La mataron por eso, asegura.

Gabriela muestra decenas de fotografías cuando Érika iba a la universidad. Aparece una donde casualmente aparece junto a Adriana Morlet, otra joven asesinada cuyos restos fueron encontrados en Tlalpan, en Ciudad de México, en diciembre de 2010, mismo año en que mataron a su hija.

En 2012, luego de que cobraron rescate por un joven que también asesinaron, la Policía Ministerial del estado detuvo a nueve integrantes de la banda llamada Kahory que operaba al interior del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), relacionada a su vez con la célula La Barredora, vigente en 2010 cuando iniciaba la era que ha colocado a Acapulco como una de las ciudades más violentas de México. Uno de ellos salió libre porque tiene relación, según Gabriela Victorio, con el director de Salud Municipal de Acapulco, Eger Gálvez Pineda. En la cárcel también está Kahory, a quien Érika conoció en el ITA. Ella la entregó con los demás miembros y cobró los 30 mil pesos que su familia pagó de rescate. Pidieron 800 mil, cantidad que la familia no pudo reunir antes de que la encontraran asesinada en la colonia Las Cruces.

Foto: Camilo Martínez/ Obturador MX

Gabriela vivió días de desesperación. Dejó de comer. Fueron 11 días sin tener noticias, hasta encontrar a su hija en una caja de pañales en un basurero. El comandante Jaime Manzanarez, encargado de su caso le llegó a comunicar por teléfono con una lectora de cartas en el poblado aledaño, Xaltianguis: “¡Ay señora, otra vez usted aquí! Agarra el teléfono y habla a una persona. Le pregunta: ¿te acuerdas la muchacha que secuestraron, que no aparece…? Bueno, tengo a la mamá, habla con ella. Me pasa el teléfono y yo pienso que es un investigador. Pero escucho a una señora que me dice: soy la que lee las cartas aquí en Xaltianguis, yo he ayudado al comandante a resolver las cosas… no moleste al comandante, él es una persona muy ocupada, su hija va a aparecer”. Colgó el teléfono.

Dentro de la investigación del asesinato de Érika, hay consignaciones pendientes, delitos por consignar y reclasificar. Por ello Gabriela considera que el caso de su hija está impune. “Los abogados, ministerios públicos, piensan que quizá la muerte de una mujer no importa, que si se la lleva el novio, no importa, no respetan la vida de una mujer… Cómo es posible que una niña le diga no a un varón y sigan matándola. La palabra no es no”.

La investigadora, Rosa Icela Ojeda, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de Guerrero Hannah Arendt, lleva registro de feminicidios en el estado desde 2005. Un panorama donde prevalece la impunidad. En Guerrero existe la violencia cuantitativa y cualitativa en relación con el asesinato de mujeres: “Desde entonces llamamos la atención sobre el grado de violencia, nos parecía que era muy especial, desde la bebé más pequeña de 10 meses con abuso sexual y asesinada en Taxco hasta la mujer de 90 años que también habían intentado violar”, relata Ojeda Rivera. Se requiere ampliar los horarios de atención, aplicar los protocolos, capacitar al personal que está en autoridad de investigación, no medidas generales, enfatiza Ojeda.

Desde la casa de Érika se observa la parte marginal de Acapulco, una ciudad que cerrará el año con más de mil homicidios dolosos. Es sábado. No se observa desde aquí la costera ni los turistas que vienen por el puente. Dentro de pocas horas, otra mujer será encontrada en esta periferia. Asesinada a navajazos en la calle Mar Medirerráneo.

* Este reportaje forma parte de una investigación colaborativa entre Aristegui Noticias, Ojos de Perro contra la Impunidad A.C. y Cudernos Doble Raya.

Estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”: 

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