Diputados avalan dictamen con nueva ingeniería del gobierno; avanza creación de la Secretaría de Seguridad Pública
El dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también permitirá modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar.

La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de actualizar la estructura y funcionamiento del gobierno, así como crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con 20 votos a favor y cinco en contra se avaló quitarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) las tareas y facultades en materia de seguridad para asignárselas a la SSPC, la cual será encabezada por Alfonso Durazo. 

La presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo (Morena), indicó que el documento se remitirá a la Mesa Directiva, junto con el voto particular presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, para su discusión y votación en sesión el Pleno.

Su correligionario, Jaime Humberto Pérez Bernabe, resaltó que el propósito de esta reforma es facilitar la operación del Ejecutivo en un nuevo diseño de gobierno y busca modificar su estructura administrativa; “podemos estar de acuerdo o no con las funciones, pero lo importante es fortalecer un nuevo esquema de seguridad pública y que cuente con los elementos al combate a la corrupción“.

Por su parte, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) señaló que el sistema que se implementa para el próximo secretario de Seguridad, ya existía.

Antes, indicó, “se mezclaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es decir, lo político con lo policial, donde la policía no sólo perseguía el delito, sino también a los políticos que no coincidían con el sistema. Es exactamente el mismo diseño“.

Consideró que el sistema de seguridad se debe modificar de fondo y discutir la reforma buscando una solución, porque “nadie está conforme con lo que está pasando en el país y que haya personas desaparecidas”.

Afirmó que desde el Congreso se puede hacer más a la Ley de Administración Pública Federal de lo que se presenta en el dictamen, por lo que valdría la pena debatir de fondo cada artículo y coincidir en una mejor norma para el próximo gobierno.

La diputada Julia Prudencio González (MC) lamentó que el dictamen no tome en cuenta los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, los cuales comprenden las opiniones de las víctimas de delitos, así como las propuestas de los especialistas del conversatorio realizado por la Comisión.

Por otra parte, el dictamen también permitirá modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por el de Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Al respecto, la morenista Dolores Padierna explicó que un cambio de régimen implica la reorganización de la Administración Pública Federal (APF). “No puede ser la misma ley, ni parecida a otras, pues la distribución de competencias que había, la falta de mecanismos de coordinación y la casi nula supervisión, derivó en ineficacia”.

Adriana Dávila Fernández (PAN) coincidió en que no se puede mantener la misma ley; sin embargo, sostuvo que “el dictamen va no sólo en contra de principios constitucionales, sino muestra una serie de desconocimiento de lo que es el trabajo en la administración pública“.

Señaló que nombrar como secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad a los delegados, es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Además, “se estarán repartiendo programas en una estructura electoral que conlleva a la casi desaparición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

La diputada del PRI, Lucero Saldaña Pérez expresó preocupación porque la gran mayoría de inquietudes, opiniones y propuestas presentadas no fueran consideradas en el dictamen, cuando el objetivo era contribuir a hacer una ley más equilibrada y ordenada, y que no sólo tuviera las banderas de la anticorrupción, la eficacia o bienestar.

“Hay muchos temas preocupantes como la centralización, duplicidad, tortuguismo, falta de eficacia y el impacto que esto tendrá en otras leyes y ordenamientos, y su repercusión presupuestal”, subrayó.

Ante eso informó que tiene más de 62 propuestas que se presentarán como reservas en el Pleno para discutirse.

En el dictamen se institucionaliza la figura de los “superdelegados”. Rocío Barrera rechazó que vayan a realizar actividades electorales en los 32 estados de la República en favor de Morena.

Al respecto, el legislador Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) dijo que “es falso que el delegado tenga que hacer exámenes de confianza, debido a que el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que solo el personal de confianza se sujetará a los exámenes de control y, por ende, el artículo 12 del mismo ordenamiento instituye que civiles podrán participar en los consejos de seguridad que se establezcan”.

*Con información de Notilegis



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