Desaparición de personas, generalizada en Coahuila; inhiben denuncias: informe
Personas jóvenes y quienes viajan por carretera debido a su trabajo son las más expuestas al crimen, de acuerdo con el reporte.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Moisés Pablo).

En el estado de Coahuila existe una práctica generalizada de desaparición de personas, que afecta principalmente a jóvenes y personas en tránsito por carreteras o caminos; la respuesta de las autoridades ante los familiares de las víctimas suele desincentivar las denuncias, concluyó un estudio sobre el tema.

El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la UNAM analizaron 729 registros de personas desaparecidas en Coahuila entre 2001 y 2017, provenientes la mayoría del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDHFJL).

Las desapariciones aumentan considerablemente a partir de 2008 y alcanzan su máximo nivel anual, 179, en 2011. Después existe un progresivo descenso hasta ocho en el 2017, de acuerdo con la información recopilada por el Observatorio.

El Informe sobre Desapariciones de Personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza afirma que la desaparición de personas es una práctica generalizada, pues se ha cometido durante un periodo prolongado de tiempo y han sido dirigidos a una multiplicidad de víctimas. Los datos permiten afirmar que ocurrieron desapariciones en 17 de los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila.

De los 729 casos registrados se conoce la edad de la víctima en 84 por ciento de ellos. La persona más joven es un niño de 6 meses y la de mayor edad una mujer de 80 años, pero los casos se concentran en el rango entre los 17 y los 37 años. La media general es de 29 años y el valor que más se repite es 26 años.

Se tiene información sobre las ocupaciones de 331 personas, 45 por ciento del total de registros, y de ellas el 27 por ciento se dedica a actividades relacionadas con el comercio. La segunda ocupación más común es la de transporte de personas y mercancías, con 15 por ciento. Este dato, sumado a que el segundo lugar donde más comúnmente se cometieron la desapariciones es una carretera o un camino demuestra que las personas en tránsito son un grupo particularmente vulnerable.

En total se conoce información del lugar de la desaparición en 256 casos y el 45 por ciento de ellos, la mayoría, ocurrieron en la casa de la víctima.

“Si bien en la mayoría de las narrativas (87%), las familias de las víctimas no identifican antecedentes o situaciones previas que se relacionen con la desaparición de sus seres queridos, una situación que se repite es aquella donde la víctima se opone a participar en actividades ilícitas y fruto de esa negativa recibe amenazas (“vamos a volver por ti”)”, añade el reporte.

Otros registros identifican a “algunas pocas personas” que han aparecido. Las víctimas no abundan sobre lo sucedido, pero algunos “refieren actos de tortura constantes, traslados a diversos sitios de detención (públicos y privados), el ser forzados a cometer actos ilícitos e incluso ser utilizados como “carne de cañón” en los enfrentamientos con fuerzas armadas”.

De acuerdo con el Observatorio, un amplio grupo de relatos sostiene que las autoridades tratan de desincentivar las denuncias de los familiares de las víctimas. Utilizan frases como “¿para qué quiere levantar el acta señora? no va servir de nada” o “mire señora, por el bien de su familia así dejemos las cosas”.

También insinúan que si se pone la denuncia la información se podría filtrar y traería consecuencias contra ellos o las personas desaparecidas: “nos preguntaron si realmente queríamos poner la denuncia puesto que se filtraba la información y si quienes tenían a mi hijo lo sabían podía haber más víctimas y dijo un agente […] tocándose su arma ‘nosotros tenemos con que defendernos, ¿pero ustedes?’”.






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