GIEI presenta informe sobre el asesinato de la líder ambiental Berta Cáceres

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) Honduras concluyó que el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres fue planificado, financiado y ejecutado con la participación de directivos empresariales, estructuras criminales y redes de apoyo dentro del Estado hondureño, además de haber sido un crimen previsible y prevenible, de acuerdo con el informe final presentado esta semana en Washington, señaló Roxana Altholz, integrante del GIEI Honduras.

En entrevista para Aristegui en Vivo, explicó que el documento de 530 páginas reconstruye de manera integral el asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2016 y responde a una de las principales interrogantes del caso: quiénes ordenaron y financiaron el crimen.

El grupo fue convocado en febrero de 2025 mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras y las víctimas.

Berta Cáceres era una líder indígena lenca y defensora ambiental y de derechos humanos que encabezaba la oposición a un proyecto hidroeléctrico en los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.

“Su asesinato demuestra un patrón regional de violencia contra defensores del territorio y del medio ambiente”, señaló Altholz y dijo que Honduras ha sido uno de los países más peligrosos para este tipo de activismo.

De acuerdo con el informe, dijo la entrevistada, el crimen involucró a sicarios, intermediarios con formación militar, directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y redes de apoyo estatales.

El GIEI estableció que las autoridades contaban con información previa, obtenida mediante intervenciones telefónicas, sobre la planeación del asesinato, sin que se adoptaran medidas para evitarlo.

El asesinato fue precedido por seguimiento sistemático, inteligencia ilegal y una planificación logística detallada.

El análisis de telefonía celular y movimientos financieros permitió identificar reuniones, pagos y coordinaciones entre los autores materiales y directivos de la empresa vinculada al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El informe también documenta que alrededor de 18 millones de dólares provenientes de bancos internacionales de desarrollo fueron desembolsados para el proyecto y que una parte significativa de esos recursos se desvió para financiar vigilancia, incursiones armadas y el propio asesinato.

Según el GIEI, los fondos tuvieron origen en instituciones financieras de Holanda, el Banco Centroamericano de Integración Económica y un banco de desarrollo finlandés.

Además de esclarecer responsabilidades, el documento propone un plan integral de reparaciones. Entre las medidas planteadas están la cancelación definitiva de la concesión del proyecto hidroeléctrico, el reconocimiento del título colectivo del pueblo indígena lenca, el procesamiento de actores empresariales y financieros involucrados y la depuración de archivos de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas.

Tras la presentación del informe, el GIEI espera que el Ministerio Público de Honduras analice la evidencia y actúe en consecuencia.

Altholz indicó que la CIDH tendrá un papel clave en el seguimiento de las recomendaciones, a casi una década del asesinato, cuando aún persisten pendientes fundamentales en materia de justicia y reparación para las víctimas y las comunidades afectadas.

Plataforma de arquitectura forense muestra evidencias del caso Berta Cáceres 

La organización mexicana Re/presentare dio a conocer una plataforma web interactiva que permite reconstruir el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en Honduras, y visualizar los mecanismos estructurales que facilitaron el crimen, desde financiamiento internacional hasta decisiones estatales y control territorial.

La herramienta traduce los hallazgos del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) Honduras en narrativas y mapas accesibles al público, resaltó Sergio Beltrán-García, arquitecto forense e integrante de Representare.

Explicó que la plataforma cruza información, reconstruye secuencias espaciotemporales y permite “pasar del dato aislado al patrón”, facilitando que periodistas y audiencias comprendan cómo se configuró el riesgo contra Berta y las comunidades lencas que defendían el río Hualcarque.

La investigación identifica tres mecanismos principales, financiero-legal, control territorial y coercitivo, dijo Beltrán-García y señaló que fondos de bancos internacionales destinados supuestamente a proteger entornos naturales fueron desviados para financiar el asesinato.

Además, la compra de predios y la construcción de infraestructuras facilitaron la limitación de la movilidad de las comunidades indígenas, mientras que operaciones de vigilancia y manipulación de personas generaron un entorno coercitivo previo al crimen.

Este caso demuestra cómo estructuras de poder económico, político y criminal pueden coordinarse para imponer proyectos extractivos y eliminar opositores.

Añadió que la plataforma ofrece una representación visual de las decisiones empresariales y estatales que llevaron al asesinato, desplazando el foco de los ejecutores hacia responsabilidades estructurales, “¿quién financia?, ¿quién habilita?, ¿quién se beneficia?”.

Representare es un colectivo hermanado con Forensic Architecture, con experiencia en investigación espacial de violencias y derechos humanos.

Beltrán-García detalló que la plataforma permite a periodistas, académicos y público general explorar evidencia, contrastar fuentes y seguir líneas de investigación que podrían facilitar procesos judiciales.

La plataforma ya está disponible públicamente en su sitio web y en redes sociales, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y la comprensión de los patrones de violencia contra defensoras y defensores del territorio en América Latina.